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Esta semana Joe Biden analiza una petición de Australia para indultar a Julian Assange. Hace poco Assange cumplió cinco años detenido en una cárcel de alta seguridad en el Reino Unido a la espera de su extradición a Estados Unidos. Está acusado de 18 cargos penales que incluyen la difusión de material clasificado y cables diplomáticos entre 2010 y 2011 y de alentar la intromisión en sistemas informáticos para conseguir esa información. Hace unos días su amigo Ola Bini fue condenado en Ecuador a un año de prisión por tentativa de hackear.
Durante las próximas semanas conoceremos cuál será la suerte de Assange. La forma como ese caso se resuelva será un precedente obligado para el periodismo investigativo, dará pautas sobre la responsabilidad de los medios y periodistas al momento de divulgar información sensible de crímenes de Estado y será un antes y un después en relación con la situación de los informantes.
La esposa de Assange, Stella Assange, considera que el caso ya debería haberse resuelto a favor de su marido, sin embargo, recibe las palabras de Biden afirmando que Estados Unidos tiene la oportunidad de cerrarlo de una vez y por todas. De no hacerlo el Reino Unido decidirá si lo extradita o si le abre la posibilidad de intentar un nuevo recurso. Los defensores de Assange no se quedan quietos, se preparan para iniciar un proceso ante la Corte Europea de Derechos Humanos si es que la decisión es extraditar.
Para los abogados de Estados Unidos, “el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debería enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos porque puso en riesgo vidas inocentes y fue más allá del periodismo en su intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados del gobierno estadounidense”. Dicen que animó y ayudó a -básicamente que conspiró con- Chelsea Manning para robar unos archivos de cables diplomáticos y del ejército que Wikileaks luego publicó.
Los partidarios de Assange por su parte sostienen que es un periodista que se atrevió a romper el secreto y a exponer las irregularidades militares estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. Vienen argumentando que la acusación tiene motivaciones políticas y que Assange no tendrá un juicio justo en Estados Unidos. La historia de los últimos años y el riesgo disuasor para la libertad de expresión es tal que yo me encuentro de este lado.
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia, que quería interrogarlo sobre las acusaciones de violación y agresión sexual formuladas por dos mujeres -en lo que pareció una instrumentalización de estas acusaciones-. En 2012, Assange, que vivía en Londres, violó la libertad bajo fianza para buscar refugio en la embajada de Ecuador, cuyo presidente de ese momento, Rafael Correa, le concedió el asilo político.
La relación entre Assange y sus anfitriones ecuatorianos se dañó. El presidente Lenin Moreno lo desalojó de la embajada en abril de 2019. La policía británica lo esperaba en la calle para arrestarlo y lo encarceló por violar la libertad bajo fianza de 2012. Posteriormente, en noviembre, Suecia abandonó las investigaciones por delitos sexuales -había transcurrido mucho tiempo-, mientras Estados Unidos lo pidió en extradición ese mismo año.
Un juez de un tribunal de distrito del Reino Unido rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos en 2021. En ese momento argumentó que era probable que Assange se suicidara si se encontraba recluido en las duras condiciones carcelarias de Estados Unidos. En la apelación anularon esa decisión cuando el Reino Unido recibió garantías de Estados Unidos en relación con la forma como será tratado, y así en junio de 2022 procedieron a firmar una orden de extradición. Tal orden fue apelada por la defensa de Assange.
Hace un mes se llevó a cabo la audiencia de apelación para definir la extradición. Según la defensa de Assange, de ser enviado a Estados Unidos, podría recibir una condena de hasta 175 años. Señalan además que puede ser recluido en régimen de aislamiento prolongado, todo por haber publicado los documentos clasificados hace más de una década. Por ahora la decisión sobre la extradición está suspendida, los magistrados solicitaron a Estados Unidos nuevas garantías, quieren asegurarse de que allí no enfrentará la pena capital. De no ser satisfactorias las garantías han dicho que podrían conceder al fundador de WikiLeaks un último recurso en el Reino Unido. Esta decisión se espera para dentro de un mes.
Las recientes declaraciones de Biden se dan en respuesta al congreso australiano que en febrero pasado tomó una serie de medidas que buscan que el acusado “regrese a casa”, pues es ciudadano australiano. Entre las medidas el congreso australiano le pide a Estados Unidos que conceda a Assange el indulto. El congresista promotor, Anthony Albanese, dijo que “la gente puede tener una gama de miradas sobre la conducta del señor Assange... Sin embargo, y sin importar dónde se pare esto simplemente no puede seguir indefinidamente”. Las próximas semanas son decisivas, ojalá Assange quede en libertad.
Las esquirlas del caso de Assange a este lado del mundo
En 2019 mientras Ecuador le quitaba la protección del asilo a Assange y Estados Unidos cambiaba su estrategia judicial de dejar de tratarlo como a un periodista para referirse a él como conspirador -acusándolo de ayudar a “hackear” sistemas informáticos de ese país y apoyar a otros países (Rusia) para afectar las elecciones gringas-, la policía ecuatoriana arrestó en Quito al experto sueco en seguridad digital Ola Bini quien vivía en esa ciudad.
Previo al arresto Ecuador hablaba de un hacker ruso miembro de Wikileaks que habría intentado un ataque a sistemas informáticos, parece que así lo tenían perfilado. Desde su arresto Bini ha enfrentado un proceso con muchas irregularidades, sin embargo en primera instancia se cerró con una declaración de inocencia. En segunda instancia la sala de apelación del tribunal revocó la sentencia de inocencia y atendió el pedido de la fiscalía para declararlo culpable de tentativa de acceso ilegal a sistema informático. Bini fue condenado a un año de prisión y una multa, si bien se encuentra en libertad condicional.
El fallo contra Bini tiene varios problemas, pero al hablar de tentativa la fiscalía pudo justificar que el solo uso de Tor y Telnet, y su conocimiento de hacking eran suficientes para declararlo culpable -sin contar con la pobreza de las pruebas que tenían-. Sin duda es un pésimo precedente en donde los magistrados terminan justificando la criminalización simplemente porque tiene el conocimiento técnico y quizá también porque es amigo de Assange.
