En marzo de 2016, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció que Colombia entraría en "la revolución de los datos" de la mano de una política pública que se conocerá a principios de 2017.
Una política así servirá para hacer análisis de los datos que recoge o produce masivamente el Estado. El “big data” es un método para procesar rápidamente grandes y variados conjuntos de datos con múltiples propósitos entre los que mencionan la efectividad en la asignación del gasto público, pues mejora la toma de decisiones.
Estas políticas se encuentran en varios países. En EEUU han servido para intentar buscar decisiones eficientes en la policía. En Australia piensan que pueden predecir los resultados de una determinada política. En Corea las vinculan con la política de datos abiertos para mejorar la transparencia del gobierno. En Reino Unido apuestan por mejorar métodos estadísticos, siendo este unode los principales propósito detrás de los esfuerzos que sobre big data aparecen desde la ONU, OCDE, el FMI o el Banco Mundial.
No hay información pública sobre cómo avanza el gobierno ni conocemos resultados de los pilotos que han hecho. Pensando en esto, publicamos recientemente un informe en el que advertimos, con mis colegas de Karisma, sobre riesgos importantes para la política; dejo dos: consentimiento y transparencia.
Considerando la cantidad de opciones detrás del big data, el gobierno usará los datos que tiene de la ciudadanía con propósitos bien diferentes de aquellos para los que fueron recogidos. En consecuencia, no lo harán respaldados en el consentimiento que exige la protección de datos, que también permite que se haga por orden legal. La ley que lo habilite requiere plantearse un test de necesidad y proporcionalidad que proteja nuestra intimidad.
Otro riesgo es que al usar software para la toma de decisiones que nos afectan, se debe reconocer que puede facilitar discriminaciones injustificadas. Esto exige pensar en la transparencia sobre el complejo aparato técnico necesario para procesar grandes volúmenes de datos.
Ojalá el gobierno facilite espacios de participación para construir los objetivos de esta política y determinar la forma como se mitigará sus riesgos, también de esto hablamos con la comunidad de datos abiertos en Abrelatam esta semana.
En marzo de 2016, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció que Colombia entraría en "la revolución de los datos" de la mano de una política pública que se conocerá a principios de 2017.
Una política así servirá para hacer análisis de los datos que recoge o produce masivamente el Estado. El “big data” es un método para procesar rápidamente grandes y variados conjuntos de datos con múltiples propósitos entre los que mencionan la efectividad en la asignación del gasto público, pues mejora la toma de decisiones.
Estas políticas se encuentran en varios países. En EEUU han servido para intentar buscar decisiones eficientes en la policía. En Australia piensan que pueden predecir los resultados de una determinada política. En Corea las vinculan con la política de datos abiertos para mejorar la transparencia del gobierno. En Reino Unido apuestan por mejorar métodos estadísticos, siendo este unode los principales propósito detrás de los esfuerzos que sobre big data aparecen desde la ONU, OCDE, el FMI o el Banco Mundial.
No hay información pública sobre cómo avanza el gobierno ni conocemos resultados de los pilotos que han hecho. Pensando en esto, publicamos recientemente un informe en el que advertimos, con mis colegas de Karisma, sobre riesgos importantes para la política; dejo dos: consentimiento y transparencia.
Considerando la cantidad de opciones detrás del big data, el gobierno usará los datos que tiene de la ciudadanía con propósitos bien diferentes de aquellos para los que fueron recogidos. En consecuencia, no lo harán respaldados en el consentimiento que exige la protección de datos, que también permite que se haga por orden legal. La ley que lo habilite requiere plantearse un test de necesidad y proporcionalidad que proteja nuestra intimidad.
Otro riesgo es que al usar software para la toma de decisiones que nos afectan, se debe reconocer que puede facilitar discriminaciones injustificadas. Esto exige pensar en la transparencia sobre el complejo aparato técnico necesario para procesar grandes volúmenes de datos.
Ojalá el gobierno facilite espacios de participación para construir los objetivos de esta política y determinar la forma como se mitigará sus riesgos, también de esto hablamos con la comunidad de datos abiertos en Abrelatam esta semana.