21 Aug 2021 - 5:00 a. m.

Biometría por permisos migratorios

El flujo migratorio de personas desde Venezuela hacia Colombia durante el último lustro ha obligado a nuestro país a recibir y a atender a millones de personas, afortunadamente el gobierno de derecha de Duque se ha aproximado a este tema con ánimo fraternal. Sin embargo, el paso de la práctica a los ajustes de la política migratoria para esta población muestra que la loable intención de inclusión se despliega con una aproximación de discriminación y criminalización instrumentalizando tecnología biométrica.

Empecemos mirando el Plan Nacional de Desarrollo de Duque que abordó en 2018 este desafío migratorio como una amenaza externa emergente. Con esa visión, su implementación se materializó en 2020 cuando Duque compró un sistema de identificación y autenticación multi biométrico que puede verse como el ensayo de usar la biometría para controlar a esa población. Fue en 2021 con la expedición del Estatuto Temporal a Migrantes Venezolanos (en adelante el Estatuto) que vimos el marco jurídico de beneficios para migrantes y cómo integrarían esta tecnología.

El sistema multibiométrico es el que permite la recolección y gestión de la identidad biográfica, demográfica y multibiométrica (facial, dactilar e iris). Según Migración con este sistema se podrá, además, identificar a esta población para facilitar su inclusión en la sociedad, y usarlo para propósitos de verificación de estatus migratorio, seguridad y defensa. Es decir, la policía y Migración Colombia podrían identificarlos y verificar sus antecedentes migratorios, administrativos y penales en cualquier momento y por cualquier razón. Esto preocupa por la discrecionalidad que tiene migración para las expulsiones de migrantes y la criminalización de la comunidad venezolana por parte de actores políticos.

Llama la atención que este sistema fue contratado y ya se desplegaba, cuando en febrero de 2021, el presidente Duque anunció las nuevas normas migratorias para regularizar en el país a esta población. Vía Decreto se expidió el Estatuto que describe cómo se puede acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT). El PPT es sobre todo un documento de identidad que legaliza la estadía de la persona migrante en el país y le permite realizar actividades legales durante 10 años. La regularización es una necesidad urgente de esta población y el Estatuto la convierte en la zanahoria perfecta, pues para acceder a esos beneficios hay que estar en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) (art. 8).

En el RUMV se recogen tanto los datos personales que identifican a quienes son elegibles para la regularización, los datos biométricos del rostro, las huellas y el iris y la información para caracterizar a esta población. En consecuencia, el registro no solo identifica a las personas migrantes, también las perfila de acuerdo a sus características sociales, económicas y de salud. Este sistema presenta un riesgo de discriminación, pues las características sociales de las personas se mezclan con su identidad jurídica y sus datos biométricos. Es imposible no ver esta medida separada de las condiciones de vulnerabilidad de esta población, por eso asumir que la recolección de sus datos se hace libremente, basada en el consentimiento, es muy cuestionable.

El sistema multi biométrico será el instrumento para recoger los datos biométricos y, como ya dije, existió antes del Estatuto con un diseño basado en la idea de que la población migrante es una amenaza a la seguridad. El sistema se usará para identificar automáticamente por medio del rostro a las personas que crucen la frontera, buscará a quienes no estén registradas, reconocerá personas en imágenes y videos y verificará su estatus migratorio.

Desde Karisma, donde trabajo, ya hemos dicho que a partir de la capacidad de policía migratoria, nuestro principal temor es que este sistema sea la base para la creación de un sistema de vigilancia masiva y discriminación centrado en las personas migrantes venezolanas y que, por su estatus migratorio, se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Este temor fue el que materializó Claudia López, alcaldesa de Bogotá, esta semana al anunciar precisamente la creación de un comando conjunto, entre Migración Colombia, la Policía Nacional, y la Alcaldía para combatir la criminalidad protagonizada por migrantes en la ciudad. Para esto, uno de los anuncios claves es que Bogotá será la primera en implementar el sistema multi biométrico para identificar y autenticar a estas personas. Claro, la biometría es instrumental a esa visión. Las críticas y el rechazo no se hicieron esperar, acusando a la medida de ser discriminatoria. Criminaliza a la población venezolana solo por su condición de migrante y en el proceso alimenta asociaciones complicadas como que la impunidad se alimenta de la ausencia de identificación, o que esa identificación “preventiva” se hace porque es una población especialmente peligrosa.

Hay mucho para analizar en la medida que apoya López, pero quedó allí porque el director de Migración desmintió la creación de un “comando especial”, dijo que esto es del resorte exclusivo del Presidente, y explicó la política en forma más equilibrada. Sin embargo, el problema es que su palabra no ofrece las garantías suficientes, la realidad es que las buenas intenciones del Estatuto son la zanahoria para desplegar un sistema biométrico que será eficaz en identificar, separar y castigar a esta población, y puede ser fácilmente instrumentalizado -como ya lo pensó la alcaldesa-.

Desde Karisma hemos unido nuestra voz a otras para alertar que si bien el propósito de la política en beneficio de la población migrante es necesaria y urgente, su diseño para incorporar biometría tiene problemas -que arrastrará cuando se instrumentalice por ejemplo en política criminal-. El Estatuto como decreto no tiene el nivel de una ley estatutaria -de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional solo una ley así puede exigir la entrega de datos biométricos-, tampoco incorpora evaluaciones de impacto de derechos humanos, de necesidad y proporcionalidad y carece de controles. Es decir, a los muchos problemas identificados se suma que el Estatuto no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos en su diseño de una identidad biométrica forzosa para la población migrante.

Nota. Mientras los talibanes retoman el control de Afganistán hay alerta sobre la vulnerabilidad de los sistemas biométricos. El sistema biométrico de identificación y autenticación desplegado por el ejército estadounidense allí con fines loables está bajo el control de los nuevos gobernantes desde la semana pasada. Los talibanes tendrán la capacidad de identificar, separar y castigar a las mujeres y a sus enemigos políticos e ideológicos con la misma precisión con la que el sistema se desplegó para ofrecerles ayuda y apoyo.

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