Bogotá Cuidadora arrancó mal, fue rechazada por la gente de la ciudad y aun así puede ser la responsable de los dos días más productivos para el debate público sobre derechos humanos, tecnología y COVID-19 en el país. De los dos días quedaron algunos puntos positivos a resaltar: la discusión se abrió, la alcaldesa escuchó algo y la autoridad de protección de datos se pronunció públicamente.
Hay varias aristas que preocupan del ensayo de Bogotá Cuidadora y su integración en la aplicación GABOapp. En primer lugar, su propósito no es claro. Dijeron que era una solución para cumplir con las reglas nacionales de reactivación económica y laboral, pero también la presentaron como una herramienta para recoger datos que permitan entender y predecir la movilidad de las personas. Sin claridad sobre el propósito, se percibe un exceso en la recolección de datos, al que se suman cuestionamientos sobre su cuidado, sobre quién accede a estos y otros más relacionados con su utilidad, efectividad y posible discriminación.
Estos cuestionamientos también aparecieron cuando revisamos CoronApp Colombia, Medellín Me Cuida y CaliValle Corona, y seguramente están presentes en otras comunidades y sus soluciones locales. Pudo ser que el número de personas afectadas en la capital, donde además el carácter independiente de la población es reconocido, fuera el punto de inflexión. Pero convengamos en que los temas no son nuevos.
Fue una improvisación. Bogotá Cuidadora no aguantó ni unas horas pues la avalancha de personas obligadas a registrarse colapsó el sistema. Nadie entendió la cantidad de preguntas, mezclar estos requisitos en una app para muchas otras funciones quizá fue mala idea. Además, surgieron muchas dudas prácticas: ¿por qué dice que solo nos registramos una vez si hay que hacerlo para ir al mercado? Al otro día la alcaldesa reconoció algo, el texto de la regulación generaba confusión así que quitó la parte que decía que era un registro obligatorio. Improvisaron, ¿pero alguien se acuerda de cómo era CoronApp en marzo? La idea de que el afán justifica saltarse los pasos de pruebas y pilotos propios de los ciclos de desarrollo ha sido la regla en el país, no solo en Bogotá.
En medio de muchos desaciertos, es un gran avance que la alcaldesa corrija, indicando con todas sus letras que el registro en Bogotá Cuidadora es voluntario. Desde que iniciamos el despliegue de medidas tecnológicas (aplicaciones y registros) para la pandemia, las autoridades de todos los niveles —nacional y local— han dicho que entregar nuestra información personal es un acto voluntario, pero en la realidad hay tantos incentivos y presiones que para muchas personas no lo es. El Gobierno nacional ha liderado con el mal ejemplo, dice que CoronApp es voluntaria, pero crea incentivos para su descarga a cambio de conectividad —tan necesaria en estos días— y, mientras les piden a los empleadores que la “promuevan” entre los empleados, los protocolos y guías de reactivación económica usan un lenguaje que los compromete a presionar esa adopción.
Pero solo decir que es voluntaria tampoco es garantía. En Australia los parlamentarios boicotearon el intento del gobierno por hacer obligatoria la aplicación equivalente a CoronApp. Indicaron que no la usarían y exigieron garantías para la privacidad. El gobierno tuvo que afirmar su carácter voluntario y asegurar que estaría abierta al escrutinio público. Sin embargo, para académicos como Graham Greenleaf, la sola declaración no sirve frente a estrategias de “úsela o quédese en casa”. Para Greenleaf, mientras la “pseudovoluntariedad” no sea ilegal, muchas personas en la realidad no tienen opción.
En línea con las acciones de las sociedades democráticas y con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la tecnología como respuesta para la pandemia es un experimento porque no hay evidencia de su efectividad, así que la alcaldesa debe ampliar su compromiso con una estrategia que no se apoye en la autoridad sino en la confianza, y puede además instruir a empleadores y a policías en eso para que redimensionen verdaderamente su alcance.
La importancia de que sea voluntaria, especialmente en países como Colombia, consiste en resaltar que estos experimentos están dirigidos a partes de la población y a esas personas hay que convencerlas de los beneficios y del respeto de sus derechos en la implementación. Sólo así garantizará el compromiso y los datos de calidad que necesita. La transparencia y la información para la rendición de cuentas serían aliadas necesarias de los gobiernos para ganar esa confianza. Piensen que en un país con múltiples brechas digitales no se puede esperar que una orden de ese tipo sea realmente de obligatorio cumplimiento, pues mucha gente no puede cumplirla, lo que genera actos de discriminación inaceptables.
Finalmente, celebro que después de dos meses de silencio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), nuestra autoridad de protección de datos, entre al debate público hablando de la necesidad de proteger los datos personales en estas iniciativas, de la importancia de los principios de la Ley 1581 y de que no todo vale, no todo se justifica por la emergencia. Como su labor pedagógica es central para orientar a las autoridades en este momento, podría también hacer públicas todas las actuaciones que está siguiendo —tanto a nivel nacional como regional—, publicando recomendaciones generales para que otras autoridades sigan buenas prácticas.
Sobre la SIC, también reconozco que la rápida reacción anunciando cuestionamientos en Bogotá me dejó un mal sabor, pues lo que ha hecho con otras aplicaciones ha sido sin bombo o a puerta cerrada. Entiendo que esto indica sobre todo que la aproximación de mantener conversaciones cerradas sobre CoronApp no está sirviendo para promover una cultura de protección de datos en tiempos de afán. Es importante que, en adelante, no quede la sensación de que la vara con que se miden comportamientos similares no sea la misma.
Bogotá Cuidadora arrancó mal, fue rechazada por la gente de la ciudad y aun así puede ser la responsable de los dos días más productivos para el debate público sobre derechos humanos, tecnología y COVID-19 en el país. De los dos días quedaron algunos puntos positivos a resaltar: la discusión se abrió, la alcaldesa escuchó algo y la autoridad de protección de datos se pronunció públicamente.
Hay varias aristas que preocupan del ensayo de Bogotá Cuidadora y su integración en la aplicación GABOapp. En primer lugar, su propósito no es claro. Dijeron que era una solución para cumplir con las reglas nacionales de reactivación económica y laboral, pero también la presentaron como una herramienta para recoger datos que permitan entender y predecir la movilidad de las personas. Sin claridad sobre el propósito, se percibe un exceso en la recolección de datos, al que se suman cuestionamientos sobre su cuidado, sobre quién accede a estos y otros más relacionados con su utilidad, efectividad y posible discriminación.
Estos cuestionamientos también aparecieron cuando revisamos CoronApp Colombia, Medellín Me Cuida y CaliValle Corona, y seguramente están presentes en otras comunidades y sus soluciones locales. Pudo ser que el número de personas afectadas en la capital, donde además el carácter independiente de la población es reconocido, fuera el punto de inflexión. Pero convengamos en que los temas no son nuevos.
Fue una improvisación. Bogotá Cuidadora no aguantó ni unas horas pues la avalancha de personas obligadas a registrarse colapsó el sistema. Nadie entendió la cantidad de preguntas, mezclar estos requisitos en una app para muchas otras funciones quizá fue mala idea. Además, surgieron muchas dudas prácticas: ¿por qué dice que solo nos registramos una vez si hay que hacerlo para ir al mercado? Al otro día la alcaldesa reconoció algo, el texto de la regulación generaba confusión así que quitó la parte que decía que era un registro obligatorio. Improvisaron, ¿pero alguien se acuerda de cómo era CoronApp en marzo? La idea de que el afán justifica saltarse los pasos de pruebas y pilotos propios de los ciclos de desarrollo ha sido la regla en el país, no solo en Bogotá.
En medio de muchos desaciertos, es un gran avance que la alcaldesa corrija, indicando con todas sus letras que el registro en Bogotá Cuidadora es voluntario. Desde que iniciamos el despliegue de medidas tecnológicas (aplicaciones y registros) para la pandemia, las autoridades de todos los niveles —nacional y local— han dicho que entregar nuestra información personal es un acto voluntario, pero en la realidad hay tantos incentivos y presiones que para muchas personas no lo es. El Gobierno nacional ha liderado con el mal ejemplo, dice que CoronApp es voluntaria, pero crea incentivos para su descarga a cambio de conectividad —tan necesaria en estos días— y, mientras les piden a los empleadores que la “promuevan” entre los empleados, los protocolos y guías de reactivación económica usan un lenguaje que los compromete a presionar esa adopción.
Pero solo decir que es voluntaria tampoco es garantía. En Australia los parlamentarios boicotearon el intento del gobierno por hacer obligatoria la aplicación equivalente a CoronApp. Indicaron que no la usarían y exigieron garantías para la privacidad. El gobierno tuvo que afirmar su carácter voluntario y asegurar que estaría abierta al escrutinio público. Sin embargo, para académicos como Graham Greenleaf, la sola declaración no sirve frente a estrategias de “úsela o quédese en casa”. Para Greenleaf, mientras la “pseudovoluntariedad” no sea ilegal, muchas personas en la realidad no tienen opción.
En línea con las acciones de las sociedades democráticas y con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la tecnología como respuesta para la pandemia es un experimento porque no hay evidencia de su efectividad, así que la alcaldesa debe ampliar su compromiso con una estrategia que no se apoye en la autoridad sino en la confianza, y puede además instruir a empleadores y a policías en eso para que redimensionen verdaderamente su alcance.
La importancia de que sea voluntaria, especialmente en países como Colombia, consiste en resaltar que estos experimentos están dirigidos a partes de la población y a esas personas hay que convencerlas de los beneficios y del respeto de sus derechos en la implementación. Sólo así garantizará el compromiso y los datos de calidad que necesita. La transparencia y la información para la rendición de cuentas serían aliadas necesarias de los gobiernos para ganar esa confianza. Piensen que en un país con múltiples brechas digitales no se puede esperar que una orden de ese tipo sea realmente de obligatorio cumplimiento, pues mucha gente no puede cumplirla, lo que genera actos de discriminación inaceptables.
Finalmente, celebro que después de dos meses de silencio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), nuestra autoridad de protección de datos, entre al debate público hablando de la necesidad de proteger los datos personales en estas iniciativas, de la importancia de los principios de la Ley 1581 y de que no todo vale, no todo se justifica por la emergencia. Como su labor pedagógica es central para orientar a las autoridades en este momento, podría también hacer públicas todas las actuaciones que está siguiendo —tanto a nivel nacional como regional—, publicando recomendaciones generales para que otras autoridades sigan buenas prácticas.
Sobre la SIC, también reconozco que la rápida reacción anunciando cuestionamientos en Bogotá me dejó un mal sabor, pues lo que ha hecho con otras aplicaciones ha sido sin bombo o a puerta cerrada. Entiendo que esto indica sobre todo que la aproximación de mantener conversaciones cerradas sobre CoronApp no está sirviendo para promover una cultura de protección de datos en tiempos de afán. Es importante que, en adelante, no quede la sensación de que la vara con que se miden comportamientos similares no sea la misma.