Los Representantes Posada, Campo y Naranjo presentaron el proyecto de ley 001 de 2012 sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor, que tiene buenas intenciones pero imprecisiones y equívocos que ponen en duda si, además de consultar a los titulares, incluyeron a las comunidades. Les doy tres ejemplos.
Busca corregir el error de la Ley 1520 de 2012, que no considera excepciones a las “reproducciones temporales”, generando problemas con memorias caché y buffer, indispensables en internet. Pero su solución incluye análisis de “licitud” y de “ánimo de lucro”. Entonces, ¿los intermediarios de internet no podrán ser entes con fines de lucro y deberán filtrar contenido, violando, como mínimo, el principio de neutralidad?
Algo similar sucede con la excepción para bibliotecas. Busca legalizar la actividad de préstamo que, en concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, está sujeta al derecho de distribución de los titulares, quienes hoy “lo toleran”. Pero limita la excepción a usos que tengan “fines de investigación o actividades estrictamente académicas”. Olvidan que lo que debe legalizarse es la actividad y que las bibliotecas no pueden controlar el propósito de quien toma prestado.
En la excepción para discapacitados, entre otros problemas, se incluye el modelo “tercero de confianza” de los editores, criticado por la comunidad de ciegos. Además de ir contra el principio de presunción de buena fe, la idea de que sólo ellos puedan producir material accesible impone un intermediario que hace más costoso e ineficiente un proceso de inclusión social y determina que los discapacitados son masa homogénea a quienes interesa lo mismo. Esto puede violar derechos fundamentales como libertad para desarrollar la personalidad y libre expresión.
Respecto a la discapacidad, entiendo que senadores como Galán y Romero presentarían textos que ojalá sean más congruentes y conciliados con las necesidades de la comunidad, pero falta que las otras comunidades (como bibliotecas y usuarios) nos movamos.
Reflexión para el Congreso: consulten con las comunidades, comparen legislaciones y analicen la situación actual de estas discusiones mundialmente. Eviten textos “a la medida” de los titulares, que no solucionan el desequilibrio actual.
