Carlos Camargo y el Laboratorio Forense de la Defensoría

El Sindicato de Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció que, durante la gestión de Carlos Camargo, el laboratorio forense de la entidad pudo haber sido utilizado para vigilar, espiar o perfilar a funcionarios, especialmente sindicalizados, con fines de control interno. Se trata de acusaciones graves, que de ser ciertas, excederían lo administrativo: podrían ser corrupción contractual, o representar también un posible uso gravísimo y abusivo de tecnología pública.

La Defensa Pública es una garantía estatal que beneficia a todas las personas, brindando representación legal gratuita y de calidad en procesos judiciales. Su propósito es que nadie vea vulnerados sus derechos por no poder pagar un abogado. Y, en tiempos digitales, esa defensa ya no se hace solo con testigos y documentos: se hace también en el terreno de la evidencia electrónica.

En la era digital, gran parte de la evidencia en procesos penales es electrónica: registros de llamadas, chats, correos, metadatos, geolocalización, imágenes, videos, entre otros. Este tipo de pruebas requiere capacidades técnicas para verificar, autenticar y analizarlas, de modo que puedan ser utilizadas en la estrategia de defensa. Para la Defensa Pública contar con un laboratorio forense propio o independiente reduce riesgos de parcialidad: le ofrece igualdad de armas frente a la Fiscalía o la Policía Judicial, que no solo investigan, sino que son las encargadas de acusar.

Esta realidad ha hecho que contar con esa infraestructura para la Defensa Pública sea un estándar de justicia en varios países. En América Latina, un laboratorio así es un lujo escaso. Y por eso mismo resulta tan preocupante que el esfuerzo colombiano esté hoy bajo sospecha.

En 2023, la revista Cambio explicó que el laboratorio forense de la Defensoría Pública (institución que alberga en Colombia a la Defensa Pública) se montó con un préstamo del BID y que con un millonario contrato adjudicado a un único proponente se le dotó de un software de investigación forense. Además, ese software -capaz de recuperar datos borrados, recuperar y analizar comunicaciones, acceder e investigar en redes sociales, etcétera- y otros recursos del laboratorio estarían a cargo de un abogado que venía de la empresa proveedora y que entró a ocupar un alto cargo en la propia Defensoría.

En las noticias se habla indistintamente de acusaciones de vigilancia, espionaje, interceptación de comunicaciones o perfilamientos. Desafortunadamente la información disponible públicamente no permite determinar con precisión cuál es la acusación. La denuncia en su alcance técnico es muy “abierta” respecto de una presunta conducta que en todo caso sería ilegal. Lo cierto es que vigilancia, espionaje e interceptación son acciones distintas, y algunas ni siquiera requieren las capacidades de un laboratorio forense. Más allá de lo técnico, lo verdaderamente grave es que haya sospechas de que un empleador -en este caso, el Estado- investigó a sus propios trabajadores, y más aún, a los sindicalizados.

Este tema volvió a la agenda noticiosa recientemente ante el anuncio de una inspección de la Fiscalía a la sede del laboratorio. No es un detalle menor: la inspección indica que el caso está abierto

La gravedad de la noticia oculta lo positivo de tener un laboratorio -que está pensado para proteger derechos-, y no permite que discutamos cuál sería el marco que necesitamos para evitar que pueda ser un instrumento de vigilancia encubierta. La naturaleza de las funciones de un laboratorio forense suponen contar con capacidades similares a las que utilizan los servicios de inteligencia estatal o actores criminales especializados en ciberataques (con más o menos capacidades según los recursos con que cuenten). Si el propósito lo justifica, lo que debemos hacer es buscar que su actuar esté en el marco estricto de la legalidad y cuente con fuertes controles.

La denuncia del sindicato debe investigarse con prontitud para aclarar lo sucedido, reclamar las responsabilidades a que haya lugar, y hacer los ajustes necesarios al marco jurídico del laboratorio para garantizar su buen uso. De este proceso, el laboratorio debería salir fortalecido. El peor resultado sería que perdiéramos una herramienta crucial para la Defensa Pública y que, en mi opinión, incluso debería ampliar su alcance para dar servicio a otras poblaciones vulnerables cuando enfrentan juicios con importantes retos de pruebas digitales. Me refiero por ejemplo a víctimas de violencias digitales de género, política o periodistas.

Me preocupa que esto le puede costar más al laboratorio que a quien era responsable de la entidad que lo alberga. Lo más extraño de esta coyuntura es que, Camargo a pesar de esta grave situación -que se suma a otras-, figura entre los opcionados para integrar la terna para la Corte Constitucional.