Suenan los villancicos, huele a buñuelo y a natilla, ya es hora de hacer la lista de lo que queremos para esta Navidad. Incluso si no es más que un deseo: que en 2025 discutamos sobre regular plataformas pensando que son actores privados que controlan espacios públicos digitales de expresión.
La regulación es inminente en América Latina y está siendo muy resistida por las plataformas. Creo que en su mayoría no será una regulación genérica (al estilo de la ley de servicios digitales -DSA- en Europa o del intento brasileño), sino más bien temática, pues avanzan mejor las que abordan afectaciones de derechos de poblaciones vulnerables.
Ojalá el espíritú navideño inspire a los y las legisladoras la claridad para enfrentar ese reto abordando tres características de los espacios públicos digitales:
Primero, regular plataformas se parece más a regular el espacio público que a regular a medios de comunicación. Hay varias diferencias, por ejemplo, mientras en los medios el intermediario tiene una posición editorial y control sobre los contenidos que publican, en los espacios públicos digitales las personas publican contenidos directamente. No digo que las plataformas no controlen contenidos, sí lo hacen: tienen normas de comunidad, sus algoritmos deciden lo que circula y tienen canales de denuncia, pero se parecen más a una plaza que a un medio (luego discutimos la diferencia con la plaza).
Segundo, mientras que el espacio público analógico está esencialmente controlado por autoridades públicas -la calle, la plaza o el parque-, el digital que ocupamos -las redes sociales- lo compone una variedad de sitios controlados por privados que, como dije, interfieren de formas que importan y debemos entender. Pero también hay que considerar que aunque las plataformas más visibles son poderosas multinacionales que facilitan y sacan provecho económico de la actividad que allí sucede, no son las únicas, hay otras sin ánimo de lucro, pequeñas, o basadas en otros modelos de sostenibilidad, etcétera. La regulación debe considerar el factor privado y también promover la diversidad y la competencia.
Tercero. Así como el entorno digital aumenta la capacidad de expresión, también incrementa el riesgo de afectación de otros derechos. Las redes sociales son sin duda espacios problemáticos e incluso violentos, especialmente para determinadas personas y poblaciones. Para muchas personas la interacción termina en afectaciones porque las características de estas herramientas con frecuencia se aprovechan para violentar, manipular la opinión pública, estafar, engañar y un largo etcétera.
La intervención estatal surge como respuesta a la evidente tensión de derechos y al consenso de que la autorregulación se agotó por ineficaz. Quisiera que en 2025 la discusión regulatoria sea intencional, realista, ambiciosa y abierta a la participación plural. Esto permitiría identificar y reconocer los marcos y leyes existentes aplicables para desarrollar un proyecto de ley con un enfoque basado en derechos, que identifique las poblaciones (ej. infancia) o temas (ej. elecciones) cuyos derechos están siendo afectados, para establecer el rol de las plataformas y en dónde tiene sentido exigirles. Debemos evitar propuestas problemáricas como las derivadas del populismo punitivo.
Esto es lento pero permitiría establecer cuáles son los recursos y facultades que requieren las autoridades para regular, vigilar y hacer cumplir sus leyes en el espacio público digital. Permite combinar elementos de autorregulación o corregulación con intervenciones que respondan a las líneas rojas que se acuerden, con rutas de atención y obligaciones claras para las plataformas, así como asignación de responsables y mecanismos de transparencia para el seguimiento y control de las medidas adoptadas. Incluso podriamos identificar riesgos a mitigar.
En Colombia avanzan propuestas legislativas que tienen algunos de esos elementos. En el proyecto de ley de violencia de género digital, por ejemplo, durante meses los diálogos multipartes van concretando iniciativas interesantes donde se han discutido obligaciones para las plataformas como exigir que preserven la evidencia de la violencia, hasta ahora cuando eliminan una cuenta infractora eliminan todo el contenido y por lo tanto la prueba.
Finalmente, privilegiar un enfoque de derechos tiene la ventaja de que -con todos los problemas de las capacidades estatales- existe una infraestructura para dar cumplimiento a los derechos en un lenguaje común. Por ejemplo, en Colombia tenemos la tutela y puede que no entendamos cómo funciona una tecnología en concreto, aún así podemos pedir que un juez proteja el derecho que sentimos vulnerado y el juez tiene un marco y una metodología para hacer el análisis.
Repito, no sin grandes desafíos, esto es interesante ya que si la apuesta fuera copiar la DSA estaríamos enfrentados a desarrollar una infraestructura para un enfoque esencialmente basado en riesgo que nos es extraño, que no garantiza su implementación, que va a tomar mucho tiempo y que tampoco está exento de sufrir de escasez de recursos de todo tipo en el Estado para su desarrollo. Pero de esto hablamos otro día. ¡Feliz Navidad!
