El senador Name quiere proteger nuestro buen nombre creando un mecanismo rápido y ágil para retirar contenidos ofensivos de las redes sociales. Además, quiere evitar el anonimato detrás del que se esconden muchos de quienes insultan y violentan en la red. Es un propósito loable pues el aumento de la violencia digital en las redes sociales lo justifica. Sin embargo, su iniciativa no cumple estándares internacionales para la protección de la libertad de expresión.
Hagamos un recorrido de los problemas del proyecto. En primer lugar, la forma como el proyecto aborda el problema ignora un elemento central a la libertad de expresión reconocido internacionalmente: este derecho incluye la expresión de pareceres y opiniones que ofenden, escandalizan o perturban. Además, una opinión no tiene que ser cierta, es solo eso, una opinión.
Precisamente por eso, las opiniones son frecuentemente incómodas, pero son la base de las democracias, pues se reconoce la diversidad y se garantiza que todos podemos decir lo que queremos. Esto es clave para las minorías y nos debe preocupar a todos porque es lo que permite decir aquello que no les gusta a los poderosos. Solo si defendemos ese derecho, estaremos en una democracia.
No dudo que muchos abusan de este derecho. Como sociedad debemos buscar mecanismos para que quienes son víctimas de los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión tengan justicia. Ahora bien, crear mecanismos expeditos y extrajudiciales que evitan precisamente el poder democratizador de la red —cualquiera tiene acceso al megáfono— es más peligroso.
El proyecto de ley presume que las opiniones son difamatorias. El ofendido se queja y la decisión final —que borra de un plumazo una opinión— la toman empresas intermediarias —generalmente, empresas privadas poderosas y extranjeras como Facebook, Google o Twitter—.
No es la primera vez que algo así se intenta en Colombia. En 2016, por ejemplo, el Centro Democrático, de la mano del senador Jaime Amín, propuso un proyecto de ley para controlar redes sociales con el propósito de defender el buen nombre de los colombianos.
Tampoco es el primer lugar donde se intenta ni es un privilegio de la derecha. Veamos ejemplos recientes y contrastantes: después de perder el referéndum, Evo Morales promovió una norma para regular las redes sociales y prohibir el anonimato en Bolivia. En 2017, cuando ya se retiraba del poder, Correa presentó un proyecto que buscaba regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet en Ecuador, y, ese mismo año, en Venezuela pasó la ley contra el odio en internet. En Nicaragua se debatió una norma parecida este año. De los varios proyectos similares en la región, el único que es ley es la norma venezolana.
Las citas descontextualizadas de la jurisprudencia colombiana —presentes en la motivación del proyecto— no pueden ignorar que, tanto en Colombia como en los estándares internacionales, respetar la libertad de expresión obliga a que las restricciones —como las que busca implementar este proyecto— se diseñen sobre la base de ser específicas, previsibles, claras, analizando el impacto, además de que deben ser proporcionales.
Es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero con esa lupa el proyecto del senador Name queda tendido en la lona, no pasa la prueba. En temas en los que hay tensión con la libertad de expresión se han creado mecanismos más dinámicos, por ejemplo, históricamente, lo que se ha promovido son garantías de rectificación y respuesta que fomenten el debate, y no censura.
Que el mecanismo sea extrajudicial es grave. El relator para la Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, preocupado por la tendencia mundial que hace que surjan estas normas, hizo un llamado para que cuando los Estados restrinjan contenido lo hagan a través de órdenes dictada por autoridad judicial imparcial e independiente, cumpliendo las garantías procesales y de legalidad, necesidad y legitimidad. También en esto falla el proyecto.
Además, al darle un rol protagónico al MinTIC, el proyecto tampoco está en línea con otra recomendación de Kaye: “Los Estados deberían de abstenerse de adoptar modelos de regulación en los que los organismos gubernamentales y sus normas, y no las autoridades judiciales, se erijan como árbitro”.
También quiero recordarles que la tendencia internacional es la despenalización de dos conductas que le preocupan al senador Name: la injuria y la calumnia. Colombia, Brasil y Argentina son la excepción en la región, por eso muchos creemos que reforzar esa posición es equivocada y más que regresiva.
Finalmente, el anonimato es un derecho que permite la participación de las personas en el debate público, pues frecuentemente es así como pueden evitar represalias, ocultando su identidad. Estigmatizar y castigar el anonimato como lo hace el proyecto es otra grave afrenta a la libertad de expresión. Al final es un proyecto que busca enfrentar problemas estructurales de la sociedad con miedo y desde la prohibición.
Ñapa. Avanza el proyecto de prohibición de celulares en el aula, otro ejemplo de legislar con miedo y prohibiendo. Además, generalizando, lo que creará nefastos efectos en la educación rural; en lugar de apostar por la pedagogía.
