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Centros de datos en Colombia: infraestructura antes que política

Una escena ahora frecuente en América Latina: el gobierno anuncia con gran despliegue mediático una inversión multimillonaria en un centro de datos; a pocas cuadras, la comunidad protesta por energía, agua y ruido; y, en algún despacho de seguridad nacional, se preguntan ¿estarán seguros esos servidores? ¿Podrán usarse para almacenar datos del Estado? Se necesitan, pero la factura ambiental es importante y, con frecuencia, el balance territorial resulta problemático.

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Hay elementos geopolíticos en juego: para disputar algún grado de soberanía digital -capacidad de decidir sobre los datos, la infraestructura y las reglas para el desarrollo digital del país- hay que procurar que los datos -sobre todo algunos- queden en casa. Pero, como hemos visto en Oriente Medio, un centro de datos es también objetivo estratégico. Las empresas globales buscan más capacidad y redundancia en diferentes regiones; mientras los Estados cada vez más quieren controlar y proteger estas infraestructuras.

Los gobiernos por su parte quieren ser jugadores, no espectadores de la inteligencia artificial (IA), quieren incentivar la construcción de centros de datos y reflexionan sobre las condiciones a exigir a cambio. Brasil, India o Alemania despliegan incentivos fiscales y mecanismos para acelerar trámites y atraer capital y capacidad de procesamiento. Debido a los costos ambientales, otros están ajustando la apuesta: Malasia cuestiona proyectos atraídos principalmente por la disponibilidad de electricidad, mientras España estudia condiciones más exigentes basados en energías renovables.

El costo ambiental importa. Un centro de datos para IA puede tener una enorme demanda eléctrica, asi que la disponibilidad de energía confiable es crítica para decidir dónde ubicarlos. Dublín y Ámsterdam imponen restricciones a nuevos centros ante las limitaciones de sus redes eléctricas. A esto se suman las preocupaciones por el agua utilizada para refrigeración y el ruido constante. Queremos centros de datos, pero no necesariamente como vecinos.

El CONPES 4144, la política nacional de IA aprobada en febrero de 2025, ofrece la apuesta de país: desarrollar infraestructura propia para no ser solamente consumidores, sino construir capacidades. El documento reconoce los riesgos y costos de esta infraestructura y plantea la necesidad de mitigar sus impactos. También ordena diseñar una estrategia para crear y sostener centros territoriales de datos y computación y centros país, y encarga a MinCiencias diseñar e implementar para 2026 un instrumento para habilitar o acelerar la creación y operación de centros de datos a hiperescala, con infraestructura avanzada y resiliente, energías renovables y tecnologías de uso eficiente del agua. No encontré evidencia pública de que ese instrumento específico exista.

Pero el problema no es solamente regulatorio. La evaluación de preparación para la IA de UNESCO incluye las capacidades computacionales, los centros de datos y la infraestructura de nube entre las dimensiones a evaluar para saber qué tan preparado está un país para desarrollar y desplegar IA y construir algún grado de soberanía digital.

Sin embargo, mientras construimos talento y capacidades locales -con iniciativas como NovaIA en Tunja, la Facultad de IA de la Universidad de Caldas y los centros regionales de MinTIC-, la infraestructura de cómputo a gran escala que las soporta está quedando, en buena medida, en manos de capital extranjero.

Entonces, ¿para qué necesitamos centros de datos?

Colombia difícilmente competirá por entrenar el próximo modelo de IA de frontera. Pero sí puede necesitar capacidad para entrenar, adaptar y ejecutar modelos abiertos con datos locales, para investigación, servicios públicos y empresas nacionales. Si esa es parte de nuestra apuesta, necesitamos saber cuánta capacidad computacional se requiere, quién la va a proveer y bajo qué condiciones.

Mientras tanto, en Tenjo estará el mayor centro de datos del país y también el de mayor consumo eléctrico: el DC BG03 de ODATA Colombia, una empresa de capital extranjero, con una demanda anunciada de 120 MW -parecida a la de una ciudad intermedia-. La revisión ambiental resulta cuestionable frente a esa demanda: la ANLA autorizó la línea de transmisión que lo alimentará (50 MW), pero no hubo una evaluación ambiental equivalente del centro de datos y su sistema de refrigeración. Tampoco hubo un proceso de consulta o socialización con la comunidad local.

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El caso de Tenjo muestra el problema con claridad: estamos conectando infraestructura de gran escala antes de tener definidos los instrumentos de política industrial, ambiental y territorial que deberían orientarla. Y, al mismo tiempo, la construcción de capacidades nacionales de cómputo permanece aislada del resto de la apuesta por la IA.

Entonces: ¿qué capacidad computacional necesita Colombia? ¿Qué infraestructura necesitamos para construirla? ¿Qué queremos a cambio de poner nuestro territorio, nuestra energía y nuestros recursos al servicio de la economía global de la IA, mientras todavía parte de la población no tiene acceso garantizado a energía o agua? Y, sobre todo, ¿a quién sirven los centros que estamos impulsando: a nuestra capacidad interna o a las grandes empresas globales? En otras palabras, en IA, ¿a qué jugamos?

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