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Esta semana en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinaba el cumplimiento de Colombia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Junto con Privacy International y Dejusticia, Fundación Karisma --donde trabajo-- presentó un informe sobre temas de vigilancia e inteligencia.
Además de Colombia, evaluaban a Azerbaiyan, Eslovaquia y Jamaica. La agenda de discriminación por género, raza y discapacidad fue protagónica y claramente es de amplia actualidad internacional. En el caso colombiano se unió a desminado, desaparición forzada, impunidad, objeción de conciencia al servicio militar, violencias sexuales, vigilancia estatal y un largo etcétera.
De los “regaños” de los expertos, se evidenció que sintieron que el gobierno no hizo suficiente para responder por escrito, durante el paso previo, las preguntas del Comité.
Por ejemplo, quien trató el tema de derechos de las mujeres señaló que solo dieron datos vinculados con el conflicto, como si no existiera violencia doméstica. También se sorprendió de que sancionemos con cárcel de 30 años la violación, pero en el marco de violencia doméstica solo sean 6. Quien habló de tortura afirmó enérgicamente que, a pesar de las muchas peticiones, no dieron datos sobre casos en la policía, solo de funcionarios de prisiones. Elogiando la composición de género de la delegación de alto nivel enviada por Colombia, un comisionado negro lamentó la ausencia de afros en ella, entre organizaciones de sociedad civil presentes e incluso como materia del propio informe, pese a que constituyen el 10% de la población.
Cierro esta columna sin conocer las respuestas del gobierno en mis temas. Pero los comisionados manifestaron preocupación por las amplias capacidades de vigilancia, ausencia de controles y gran facultad en “monitoreo del espectro electromagnético”. Pidieron información sobre investigaciones de vigilancia a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que no fueron suministradas. Tienen cuestionamientos sobre protección a la privacidad en el sistema de registro de IMEI, y preguntaron si Colombia entiende que la recolección de metadatos viola la privacidad.
El discurso de la jefa de la delegación sonaba sincero al reconocer que Colombia avanza con importantes retos, pero no pueden quedarse allí. Tendrán una importante letanía de recomendaciones y deberán asumirlas con responsabilidad.
