Colombia en el 301: el matoneo continúa y Ley Lleras volverá
Este año también estamos en la lista negra del informe 301.
Un informe unilateral que la oficina de comercio gringa (USTR) hace de sus socios TLC que considera incumplen la protección a la propiedad intelectual
Nuevamente una causal es el incumplimiento de obligaciones TLC. Es decir, aún no tenemos sistema de exoneración de responsabilidad para los intermediarios de Internet (Ley Lleras 1) ni se han reformado detalles de la ley de derecho de autor (Leyes Lleras 2 y 4).
Desde 2014 esperamos que el gobierno avance el proceso y responda a los comentarios realizados a las leyes Lleras. Esperamos que ante el desequilibrio normativo actual se presenten a discusión mecanismos balanceados, incluídas nuevas excepciones y limitaciones y una cláusula abierta que garantice el ejercicio de derechos humanos, especialmente, en nuevos contextos tecnológicos. Sin embargo, no pasa nada. No hay borradores públicos para discutir –aunque es compromiso después de los 4 chascos de la saga de Ley Lleras–, por eso sorprende que el 301 diga que el gobierno trabaja en estas reformas. ¿Sabe más la USTR que la ciudadanía?
El 301 trae pulla incluída. La USTR puso a Colombia en el “Country Specific Out of Cycle Review”. Es decir, harán una evaluación –marcación cuerpo a cuerpo– fuera del ciclo normal del 301 sobre compromisos de propiedad intelectual del TLC. Advierten que si no están complacidos, Colombia cambiaría de nivel en la lista negra y pasaría a país prioritario.
Los problemas de estas listas negras son innumerables, entre ellos, que son mecanismos ilegales de presión para la modificación de políticas públicas y que usan argumentos exclusivamente de comercio sin consideraciones de otro tipo, propias del debate local de política pública –matoneo para esquivar procesos democráticos–. Otro problema es que por venir de quien viene, las amenazas con procesos de incumplimiento, y multas son efectivas. Colombia debe pasar a la ofensiva y afirmar la ilegalidad del 301 (Chile lo hizo).
Hay motivos para ser fatalistas (recordemos el uso de mecanismos de “fast track” para pasar reformas inconsultas). Sin embargo, recientes resultados de procesos como el australiano obligan a pedir, a pesar de la presión, que se abra el debate público: la reforma puede ser equilibrada.
Este año también estamos en la lista negra del informe 301.
Un informe unilateral que la oficina de comercio gringa (USTR) hace de sus socios TLC que considera incumplen la protección a la propiedad intelectual
Nuevamente una causal es el incumplimiento de obligaciones TLC. Es decir, aún no tenemos sistema de exoneración de responsabilidad para los intermediarios de Internet (Ley Lleras 1) ni se han reformado detalles de la ley de derecho de autor (Leyes Lleras 2 y 4).
Desde 2014 esperamos que el gobierno avance el proceso y responda a los comentarios realizados a las leyes Lleras. Esperamos que ante el desequilibrio normativo actual se presenten a discusión mecanismos balanceados, incluídas nuevas excepciones y limitaciones y una cláusula abierta que garantice el ejercicio de derechos humanos, especialmente, en nuevos contextos tecnológicos. Sin embargo, no pasa nada. No hay borradores públicos para discutir –aunque es compromiso después de los 4 chascos de la saga de Ley Lleras–, por eso sorprende que el 301 diga que el gobierno trabaja en estas reformas. ¿Sabe más la USTR que la ciudadanía?
El 301 trae pulla incluída. La USTR puso a Colombia en el “Country Specific Out of Cycle Review”. Es decir, harán una evaluación –marcación cuerpo a cuerpo– fuera del ciclo normal del 301 sobre compromisos de propiedad intelectual del TLC. Advierten que si no están complacidos, Colombia cambiaría de nivel en la lista negra y pasaría a país prioritario.
Los problemas de estas listas negras son innumerables, entre ellos, que son mecanismos ilegales de presión para la modificación de políticas públicas y que usan argumentos exclusivamente de comercio sin consideraciones de otro tipo, propias del debate local de política pública –matoneo para esquivar procesos democráticos–. Otro problema es que por venir de quien viene, las amenazas con procesos de incumplimiento, y multas son efectivas. Colombia debe pasar a la ofensiva y afirmar la ilegalidad del 301 (Chile lo hizo).
Hay motivos para ser fatalistas (recordemos el uso de mecanismos de “fast track” para pasar reformas inconsultas). Sin embargo, recientes resultados de procesos como el australiano obligan a pedir, a pesar de la presión, que se abra el debate público: la reforma puede ser equilibrada.