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Periódicamente se presentan resultados que muestran cómo, a pesar de los esfuerzos, los índices de piratería de software en la región son elevados, lo que me hace dudar de las campañas con enfoque normalmente restrictivo y criminalizador para evitarla.
Pero, en Latinoamérica se están ensayando otras tácticas y no me refiero solamente a Venezuela o Ecuador, que han optado por migrar el Estado a software libre, sino a políticas públicas de promoción como alternativa para contrarrestar piratería en la sociedad civil.
Biblioteca Libre es un proyecto chileno (corporación Innovarte, con patrocinio del Mineducación y la Unesco) que busca cultivar el respeto por el derecho de autor en la ciudadanía distribuyendo desde 2009 entre los usuarios de las bibliotecas públicas CD con software libre. La idea es disminuir los índices de piratería. La estrategia involucra activamente a más de 200 bibliotecas en un proyecto educativo que permite explicar el derecho de autor y plantear alternativas reales para sus usuarios en consonancia además con las lógicas de estas instituciones.
Buscando trasladar el éxito de los chilenos en la disminución de los índices de piratería, el proyecto pasó a Ecuador el año pasado: el IEPI (la oficina de patentes), con el apoyo de Innovarte, incluyó Biblioteca Libre dentro de la campaña “Legalízate” y así promueve alternativas entre sus ciudadanos.
En Perú, Indecopi (la oficina de propiedad intelectual) afirma que esta piratería no tiene sentido existiendo alternativas legales como software libre y lo promueve en el Estado para disminuir sus propios indicadores. Indecopi decía que 30% de los computadores del Estado tienen software pirata; por tanto, buscando alternativas, adelanta jornadas técnicas de software libre para la administración pública.
En Panamá encontré una campaña interesante de un grupo de software libre con enfoque similar de disminuir índices de piratería. Su lenguaje se parece al de otras realizadas por comunidades de software libre en Colombia y otros países. La diferencia con las mencionadas en Chile, Perú y Ecuador es que allí es el Estado quien apuesta por una política pública de visibilización del tema, no para criminalizar sino para educar frente a una realidad técnica que puede atacarse de muchas formas, una de ellas con cultura libre.
