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Para hoy sábado están convocadas manifestaciones en Europa en rechazo a la propuesta de la Directiva de Derechos de Autor que votará el Parlamento Europeo el martes. De ser aprobada, pasaría al Consejo donde tiene el camino allanado para convertirse en la hoja de ruta que modificará la legislación en todos los países de esa región y cambiará internet sustancialmente, para mal.
En internet, cualquiera puede generar y difundir contenido; frecuentemente, se hace usando plataformas de terceros. No es como la TV, el periódico o la radio donde alguien decide lo que se difunde. Por eso, se le considera una herramienta sin igual de libertad de expresión. Esa misma característica es la que genera tantos problemas por expresiones groseras e incluso ilegales.
Sin embargo, es un hecho que la industria del entretenimiento está interesada en la circulación de contenidos en internet y ha demostrado su capacidad para ajustarse al mercado digital (Netflix es un ejemplo de esto) y que, con el loable objetivo de defender la remuneración de los creadores, hace lobby para conseguir reformas legales que pretenden un control exagerado y absoluto sobre la circulación de contenidos en la red.
La nueva propuesta de la Directiva es un ejemplo de esto. Veamos el caso del artículo 13 (#Article13). La norma obliga a las plataformas donde se publica contenido generado por las personas que usan estos servicios (YouTube, Facebook, Wikimedia, etcétera) a tener un filtro automatizado para revisar todo lo que se va a subir e inmediatamente bloquear lo que se identifique como protegido por derecho de autor. Esto antes de que siquiera el contenido sea publicado.
Las afectaciones a la libertad de expresión activaron las alarmas de la gente en Europa durante el primer semestre de 2018. La acción de contactar a los parlamentarios que habían elegido consiguió que en julio pasado la mayoría de parlamentarios rechazaran el texto de Directiva propuesto entonces.
El problema central es que esta disposición es una orden de censura previa, medida desproporcionada de afectación a la libertad de expresión de las personas, así lo dijo David Kaye, relator para la Libertad de Expresión de la ONU.
Los reguladores ven el problema sustancialmente desde la óptica económica. La imposición se convierte en una barrera para el surgimiento de nuevos emprendimientos en Europa.
Para muchos parlamentarios, el problema de la norma es que los filtros automatizados no son baratos y generan muchos “falsos positivos” que requieren una costosa gestión que evite la “experiencia del usuario”. Fácilmente, el efecto es que se desincentive la aparición de nuevas plataformas y, además, fortalece a las grandes plataformas gringas. En el fondo, solo ellas pueden implementar estos filtros.
El nuevo artículo 13 fue conciliado por Alemania y Francia —que en algunas instancias del proceso tienen capacidad de bloquearlo solos debido al tamaño de su población— y pretende abordar esa preocupación.
El cambio consiste en que si bien el filtro debe ser adoptado por todas las plataformas, incluyen una excepción legal para pequeños y nuevos emprendimientos. No deben implementar el filtro aquellas plataformas que cumplan tres características (sumadas): tener menos de tres años, ingresos de menos de diez millones de euros y menos de cinco millones de usuarios únicos.
Las críticas no se han hecho esperar. Para David Kaye, la excepción es tan limitada que, además de mantener el efecto de censura previa, no evita el problema que quiere enfrentar. Tampoco es una solución para Julia Reda, la europarlamentaria alemana del Partido Pirata, quien afirma que esto aplica incluso para plataformas que ni siquiera quieren tener contenido protegido, por ejemplo, los foros de discusión de un medio digital que permite a las personas subir contenido. Un gran resumen sobre la discusión es el de Glyn Moody. La reacción de los promotores ha llegado incluso a afirmar que si esto acaba con YouTube, pues, de malas.
El nuevo texto se vota en el Parlamento Europeo el 26 de marzo. Para los activistas, esa es la mejor posibilidad de parar la Directiva, ya que la votación depende de 751 parlamentarios elegidos por voto directo a lo largo y ancho de Europa. El pulso está servido y, sin temor a equivocarme, lo que suceda acá marcará la agenda de reformas al derecho de autor en el mundo en la próxima década.
Nota curiosa. Mientras escribo estas líneas se anuncia la versión a votar el martes y los activistas alertan que el artículo 13 ahora es artículo 17. ¿Táctica de distracción para combatir la protesta? Pendientes de las redes hoy: #Article13, #Article11, #SaveTheInternet, #SaveYourInternet, #StopActa2 y veamos si las movilizaciones serán tan grandes como las que se vieron en 2012 en Polonia, que obligaron al Parlamento a rechazar el tratado antipiratería conocido entonces como ACTA.