Justificados en el incremento de los crímenes de odio y en las fallidas conversaciones sostenidas durante meses con las empresas detraś de las redes sociales, el gobierno alemán impulsó y aprobó una ley que impone multas si las plataformas no retiran actuaciones “obviamente ilegales” en 24 horas.
¿Qué es "obviamente ilegal"? ¿Qué significa convertir a estas grandes corporaciones en censores? ¿Cómo garantizar que no se afecte especialmente a personas corrientes que están en abierta desventaja para defender su propio derecho de abusos? El gobierno tuvo que aplazar su aplicación y está negociando cómo hacerlo; mientras, el Partido Liberal anunció que demandará la norma.
La crítica a la norma alemana puede extrapolarse al proyecto de ley colombiano para controlar redes sociales. Aunque no es comparable el poder de Alemania para imponer su solución a las plataformas --grandes multinacionales con poder económico superior incluso al de algunos países-- con las capacidades en Colombia. Esta discusión obliga una vez más a replantear colectivamente las relaciones de poder y cuestiona la efectividad del modelo de Estado nación en un mundo globalizado. Un tema que hace mucho se discute en otros sectores como la minería.
Pero, mientras tanto, pensemos que la violencia en línea sucede en plataformas globales con contextos locales. Nos atacamos por nuestros problemas acá, en nuestro idioma y con nuestros códigos y contextos culturales. Pensar en ese contexto puede servir para buscar soluciones también.
Por ejemplo, en medio de la polarización política actual, los organismos de control como Procuraduría o Consejo Electoral (pensando en los procesos electorales candentes que vienen) pueden usar o extender sus poderes de sanción por violaciones a la ética, por fallar a sus deberes, contra funcionarios públicos y representantes de partidos políticos que cometan estos comportamientos.
Esta política va dirigida a castigar el comportamiento indebido de personas con poder y representación política, obligadas a responder y a rendir cuentas. Imponer la cero tolerancia contra discursos de odio e instigamiento al delito por cualquier medio --incluido internet--, puede ayudar a permear otros sectores, creando un rechazo social. El reto es que definir qué es lo que está mal supone muchos grises y ese seguirá siendo el talón de Aquiles.
