Datos, vigilancia y poder en el próximo cuatrienio

Colombia enfrenta desafíos reales de seguridad y existe una demanda ciudadana legítima por respuestas eficaces. El próximo gobierno tendrá incentivos para ampliar las capacidades tecnológicas con cámaras, drones, sistemas de análisis automatizado e interoperabilidad de bases de datos. Esa presión no debería hacernos olvidar la tensión entre seguridad, privacidad y libertades civiles en materia de inteligencia estatal. Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella deberán garantizar ese equilibrio. ¿En quién confiar?

Esa tensión importa porque la inteligencia estatal es un campo caracterizado por amplios márgenes de discrecionalidad, controles limitados y normas desactualizadas especialmente respecto de las capacidades tecnológicas actuales. Son sistemas que suelen expandirse más allá de los fines para los cuales fueron creadas. -como el terrorismo o el narcotráfico- y terminan usándose para controlar migrantes, vigilar movimientos sociales, perseguir opositores políticos o monitorear periodistas y defensores de derechos humanos o para intereses personales de funcionarios públicos.

La tecnología digital y la inteligencia artificial cambiaron la naturaleza misma de la vigilancia estatal. Estamos lejos del agente que seguía a una persona o registraba manualmente sus movimientos. Hoy la infraestructura de vigilancia está en nuestros bolsillos, en las calles, en las plataformas digitales y en los sistemas de información del Estado. Gracias a estas tecnologías, es posible procesar volúmenes de datos impensables hace apenas una década y conectar en tiempo real información dispersa —registros administrativos, cámaras, comunicaciones, movimientos financieros y otras bases de datos— que antes requería semanas o meses de trabajo de inteligenciia humana. La pregunta es cómo desarrollará el próximo gobierno esa capacidad y bajo qué reglas lo hará.

No hay nada en el programa de Cepeda que permita inferir con claridad qué hará en este frente. De algunas entrevistas se puede deducir que invertirá en tecnología para la seguridad y la inteligencia, pero en general hay un silencio difícil de justificar en un tema prioritario para el electorado colombiano. Lo que no parece probable es que pueda avanzar en una reforma estructural que ni la actual administración hizo.

Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño sin haber actualizado el marco legal de inteligencia a los estándares de derechos humanos. Es una omisión particularmente difícil de explicar. No solo porque él fue víctima de prácticas abusivas de inteligencia estatal, sino porque durante su mandato la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el caso del CAJAR contra Colombia y le ordenó al país adoptar medidas normativas que incorporen un enfoque de derechos humanos al uso de tecnologías de vigilancia por parte del Estado. Las propuestas legislativas tampoco avanzaron en el Congreso, en parte por la oposición de la comunidad de inteligencia y los escándalos de la DNI.

En este marco es el eventual gobierno de De la Espriella el que me preocupa. Aunque su programa no contiene un diseño detallado de arquitectura de datos, interoperabilidad institucional o sistemas de vigilancia digital masiva, sí se alinea con las propuestas de la ultraderecha regional: habla de una expansión significativa de las capacidades tecnológicas de seguridad e inteligencia del Estado. Las referencias a inteligencia artificial, cooperación internacional en seguridad y fortalecimiento de capacidades tecnológicas, así como el apoyo de políticos como Rodrigo Lara -autor de la propuesta del ‘Ojo de Dios’ para Bogotá-, marcan el rumbo. No encontré referencias a contrapesos, tampoco anticipo que tenga incentivos para mover una reforma garantista al sistema.

Recientemente, José Antonio Kast, en Chile, sí presentó una propuesta concreta: coordinar distintas agencias públicas para cruzar información con fines de inteligencia criminal. Por su parte, otros referentes de la ultraderecha en la región, como Nayib Bukele o Javier Milei, han impulsado esquemas ambiciosos de tecnología aplicada a la seguridad y a la inteligencia estatal. En Argentina, la atención hoy se concentra en las negociaciones de Milei con Palantir, la empresa estadounidense que se ha convertido en el símbolo global de la integración entre datos masivos, inteligencia artificial y funciones estatales de seguridad. En Ecuador, Daniel Noboa ya abrió la puerta a esa misma compañía mediante un contrato con la aduana; además, Palantir instaló allí su oficina regional.

El profesor Juan David Gutiérrez me señaló que cerca del 40 % de la inteligencia artificial desplegada por los gobiernos de América Latina se utiliza para vigilancia, sin importar la ideología de quien la adopta. Todo indica que Colombia seguirá esa tendencia. No sé si De la Espriella replicará los modelos descritos, pero las señales públicas apuntan más en esa dirección. Entre las dos opciones, me da más confianza la trayectoria de Cepeda y su programa construido alrededor de la ética, la justicia y la paz para discutir límites, controles y garantías sobre estas capacidades estatales.

Cuando el Estado adquiere la capacidad de perfilar, predecir y monitorear a gran escala, el problema ya no es tecnológico: es una cuestión de poder. Y la discusión tampoco es tecnológica: es democrática.