El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH) sobre vigilancia digital y libertad de expresión analiza cómo las tecnologías de vigilancia -como el software espía, el reconocimiento facial, la geolocalización y la recolección masiva de datos- crecen en América, e impactan gravemente la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos. El informe deja claro que estas técnicas, que en el derecho internacional son claramente excepcionales, se están normalizando en la práctica estatal de la región y aboga por reformas estructurales.
La digitalización ha sofisticado las prácticas de vigilancia, que hoy se desarrollan con escasa supervisión, marcos legales insuficientes, limitada transparencia y alta impunidad. Sus efectos son profundos: generan miedo, autocensura, interrupción del trabajo periodístico y de control ciudadano e intimidación. Además, refuerzan desigualdades estructurales, ya que los actores con mayor poder tecnológico pueden ejercer control sobre grupos con menos recursos, afectando de manera especial a personas vulnerables, periodistas independientes y ciudadanía crítica.
Un apartado relevante del informe se dedica al uso del software espía, cuyo objetivo frecuente no son criminales sino periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y se usa sin marco legal. La RELE documenta casos del uso de Pegasus en México, El Salvador y República Dominicana, e incluye menciones al caso colombiano, aún sin esclarecerse y recuerda el fallo en el caso del Colectivo de Abogados CAJAR contra Colombia. Al leer este aparte del informe puede ser ilustrativo relacionar estos hallazgos con hechos recientes: en Kenia, donde periodistas fueron infectados con FlexiSPY mientras estaban bajo custodia policial acusados de “desinformar”; y en Italia, donde decenas de empresarios recibieron alertas de WhatsApp por posible infección con software espía de Paragon, no se conoce aún la autoría -¿Cambia algo que afecte también a importantes hombres de negocios?-.
El informe identifica problemas comunes en la región: la ausencia de normas claras que regulen el uso legítimo de tecnologías de vigilancia, la falta de mecanismos independientes de supervisión y de remedios efectivos para las víctimas. Esta situación se traduce en impunidad y ausencia de rendición de cuentas frente a abusos cometidos por funcionarios o entidades estatales.
El informe merece una lectura cuidadosa en el contexto colombiano, donde el uso indebido de herramientas de interceptación y monitoreo por parte de entidades estatales sigue siendo motivo de preocupación y las reformas están pendientes.
En Colombia la supervisión judicial es insuficiente: La RELE subraya que la falta de control judicial e independiente sobre las tecnologías de vigilancia es incompatible con los estándares interamericanos. Acá los mecanismos son débiles y fragmentados, incluido lo relacionado con el control judicial que en temas de inteligencia es inexistente -y en investigaciones criminales es injustificadamente posterior a las actividades de vigilancia-.
En lo relacionado con reconocimiento facial y datos biométricos, la RELE advierte que estos sistemas deben ser regulados por ley y estar sujetos a auditorías y evaluaciones de impacto en derechos humanos. En contraste, en Colombia se han implementado estas tecnologías aceleradamente, con el liderazgo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional, en esquemas de tercerización que entregan a empresas privadas la gestión de datos personales sensibles sin suficientes salvaguardas. Basta recordar lo que conté la semana pasada sobre la cédula digital.
A la RELE le preocupa la protección a periodistas y defensores: El informe recomienda crear mecanismos específicos de protección digital para periodistas y defensores de derechos humanos. Esto es especialmente pertinente en Colombia, donde el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y el activismo social, por vigilancia -legal o ilegal- históricamente ha amplificado los riesgos y fomentado la autocensura.
Cuando se trata de transparencia en la contratación pública, la RELE enfatiza que los Estados deben garantizar transparencia en la adquisición de tecnologías de vigilancia, publicando contratos, cláusulas y evaluaciones de impacto. En Colombia, estas compras -por ejemplo, de cámaras inteligentes, plataformas de análisis de redes sociales o sistemas biométricos- suelen realizarse con bajo escrutinio público y frecuentemente amparadas en razones de “seguridad nacional”, que no tiene una definición clara sobre lo que debemos entender con ese concepto.
Finalmente, el llamado de la RELE es a desarrollar un marco legal actualizado a este nuevo contexto tecnológico. Se evidencia en este informe que la mayoría de países latinoamericanos carecen de un marco jurídico unificado y garantista sobre vigilancia digital. Una conclusión válida para el caso colombiano. Por ejemplo, aunque la Ley 1621 de 2013 (inteligencia y contrainteligencia) y la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) fueron avances importantes en su momento, hoy resultan insuficientes para enfrentar los desafíos de la vigilancia algorítmica, biométrica y basada en datos masivos. Las propuestas de reforma a la ley de inteligencia (en su nueva versión) y la de protección de datos abren esa discusión, ojalá avancen en el Congreso y despierten un debate garantista.
