Después de más de 40 años necesitamos nuevas normas de convivencia. El proyecto de Código de Policía trae buenas ideas y unas cuantas perlas*.
El código interpretaría restringidamente el derecho a la intimidad y muy ampliamente el “espacio público” (art. 35). Desde allí propone que lo que filmen cámaras de vigilancia en esos espacios —incluso en los abiertos al público— será público y de libre acceso, y estará conectado a un sistema de vigilancia policial (arts. 236-237). También obliga a instalar cámaras de vigilancia dentro del transporte masivo y a enviar la señal al centro unificado de policía (art. 143). Olvida que toda restricción a derechos fundamentales es excepcional y debe ser necesaria y proporcional. No solo ignora jurisprudencia de la Corte, también normas internacionales de derechos humanos, pues se necesita más que tímidas referencias a “información reservada” para proteger la intimidad.
El celo del gobierno desarrollando un registro de celulares —presentado como panacea contra el flagelo del robo— hace que planteen normas ridículas. En adelante, hasta olvidarme de registrar el cambio de titular del celular (porque mi tía me regaló su vieja maravilla) merecerá una sanción y la entrada al registro policial (art. 91). Los supuestos ya existen en otras normas pero en el código se proponen como herramientas policiales para reforzar el registro que, de tan meticuloso respecto de acciones cotidianas, debe ser revisado para que no sea simplemente normas inútiles (¿conocen los resultados de normas policivas sobre tarjeta de propiedad de bicicletas?). En cambio, sí servirá para allanar lugares sin orden judicial. Bastará la firma del jefe de policía (otra perla; art. 162)
Crea un registro nacional de medidas correctivas (art. 184) como base de datos centralizada de sanciones policiales. Será de consulta libre, no le asignan vencimiento y expedirán certificados de cumplimiento. Suena a muro de la infamia y recuerda los desarticulados certificados del DAS. Deben discutir el alcance y pertinencia de este registro, además ¿cómo controlan abusos?, ¿cómo protegen poblaciones vulnerables como menores de edad?
El Congreso debe resistir el afán del gobierno para aprobar el código en 20 días. ¡Del afán no queda sino el cansancio!
* Trabajo en Karisma que publicó sus comentarios.
