Derecho de autor colombiano y bibliotecas, archivos, museos, educación e investigación

¿Ha oído sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? ¿Conoce el propósito de este órgano especializado de Naciones Unidas? ¿Sabe que esta semana en la OMPI se hablaba de bibliotecas, archivos, museos, educación e investigación? ¿Sabe cuál es la posición del país en esta discusión?

Desde hace más de una década, la OMPI, cuya misión es desarrollar “un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad” para beneficio de las sociedades, está trabajando por más y mejores flexibilidades en el derecho de autor como parte de su Agenda para el Desarrollo (aprobada en 2007).

Un sistema de derecho de autor no solo se ocupa del interés legítimo de titulares y autores de beneficiarse de su creación, también considera el interés de la sociedad en general de acceder al conocimiento, la cultura y la educación. El problema es que la propia OMPI vio que, históricamente, tanto ella como sus Estados miembros han puesto todos sus esfuerzos en robustecer la protección de los derechos de titulares y autores, prestando menos atención al interés público.

Aunque lentamente, la Agenda para el Desarrollo busca corregir esto. Uno de los resultados más positivos de este plan ha sido el Tratado de Marrakech de 2013. Por primera vez, la OMPI cuenta con un instrumento legal vinculante que posibilita la creación de formatos accesibles de obras protegidas por el derecho de autor a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Por cierto, finalmente este tratado está en trámite en el Congreso colombiano para su ratificación.

En este momento y desde 2012, la Agenda para el Desarrollo se mueve para elaborar otros posibles instrumentos internacionales en favor de bibliotecas, archivos, museos, actividades de educación y de investigación, y se ocupará de otras discapacidades. Aunque somos un país con grandes desigualdades sociales que debería apoyar toda iniciativa para cerrar brechas, no estamos pensando en usar las flexibilidades del sistema de derecho de autor para garantizar que poblaciones en desventaja económica accedan al conocimiento.

Las bibliotecas, archivos y museos no piden cosas raras. Las peticiones se basan en normas ya existentes en EE. UU. y la Unión Europea (UE). Piden seguridad jurídica para hacer préstamos con cualquier otra biblioteca, incluso si está en otro país. En Colombia, hasta muy recientemente el simple préstamo de libros era ilegal. Los investigadores, por su parte, están hablando de flexibilidades que ahora son centrales a sus actividades como la minería de datos. Es decir, no son acciones para desconocer la autoría o el negocio; por el contrario, estas instituciones y acciones reconocen a los creadores y contribuyen a cerrar el ciclo creativo, forman audiencias y conservan el patrimonio cultural que es la base para la inspiración creativa.

Sin embargo, el papel de Colombia en estos debates sobre flexibilidades en el sistema internacional de derecho de autor no está alineado con el espíritu de esta agenda. En 2007, fuimos el único país en oponerse a que el dominio público fuera parte de la Agenda para el Desarrollo. En 2009, nos opusimos a un instrumento internacional que se ocupara de dar una base mínima en materia de flexibilidades en el derecho de autor para facilitar la misión de las bibliotecas y archivos y una década después mantenemos esa posición.

Colombia entorpece cualquier posibilidad de que el Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (Grulac) defienda en bloque el interés público y el trabajo normativo de la OMPI en este tema. En materia de derecho de autor, el entusiasmo de nuestro país se mantiene en apoyar normas internacionales de fortalecimiento a los derechos de los titulares. Mientras, desborda cautela a la hora de promover normas que busquen el balance con el interés público.

Así pasó esta semana durante la sesión de la OMPI sobre este tema. Colombia, que no es ni Noruega ni Alemania, además de que tiene indicadores en educación y lectura sustancialmente más bajos, está alineada con la UE. La postura en el tema de bibliotecas, archivos, museos y educación es la de no discutir un piso mínimo de flexibilidades internacionales, que es lo que piden otros países —como Chile o Ecuador— y apoyamos desde la coalición de sociedad civil en la que está Karisma, donde trabajo, con organizaciones como la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en inglés) o el Consejo Internacional de Archivos.

La estrategia de la UE, que Colombia sigue, es trabajar por soluciones contractuales y de licenciamiento obligatorias para el acceso a obras digitales y a los usos transfronterizos. La UE es contraria a que existan estándares mínimos de excepciones internacionales a la protección de los derechos de autor para preservar el patrimonio cultural o para el acceso al conocimiento en la era digital. Es decir, su apuesta no es la mirada de balance entre interés privado e interés público, sino una solución comercial a través de licencias que autorizan usos controlados por sociedades de gestión colectiva (SGC). En nuestro caso esto mantendrá el impacto negativo en los pobres indicadores referidos.

Además es un camino peligroso, porque delega el acceso a obras protegidas exclusivamente a un sistema en el que privados se encargan del recaudo y distribución de dinero por actividades de interés público, frecuentemente financiadas con recursos públicos, y obliga a pagar por todos los usos, incluso de obras en dominio público o con licencias abiertas. ¿Cuánto tendría que pagar en licencias por cualquier uso de materiales formativos cualquier universidad o biblioteca? ¿Cómo impacta eso el presupuesto escaso de estas instituciones? Hoy el pago es por determinados usos y sobre las obras en catálogo. Por si fuera poco, hay demasiados casos alrededor del mundo, incluidos en Colombia, que muestran los problemas del sistema, que no ha conseguido evitar la falta de transparencia y de rendición de cuentas de las SGC.

Ahora, ¿por qué no estamos hablando más de eso? Otro problema es que también históricamente sabemos poco de cómo y por qué Colombia toma esta postura. No hay consultas periódicas organizadas por la entidad técnica nacional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Esta oficina no se caracteriza por promover el diálogo entre las partes, por motivar espacios donde escuche las diferentes posiciones, no hace informes técnicos e investigaciones que informen su posición. Tampoco abre consultas públicas que luego sean publicadas, valga la redundancia, como sucede en otros países.

Desde Karisma, hemos tenido preocupaciones por la falta de transparencia, convocatoria y participación ciudadana en un tema que, aunque a primera vista parezca técnico y poco cercano a nuestro día a día, tiene grandes implicaciones en la protección del patrimonio cultural y en el ejercicio de derechos fundamentales. Si Colombia mantiene esa posición, estaremos renunciando a elevar los mínimos necesarios internacionales que reconozcan los usos legítimos para favorecer el goce de los derechos humanos y aportaremos para arrastrar con nosotros al resto de la comunidad internacional.