Derechos humanos, propiedad intelectual y economía naranja

En el ocaso del Gobierno Duque, a unos días de la celebración anual del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), me pregunto, ¿cuál habría sido la política de economía naranja, vista desde la propiedad intelectual, si la regulación de la industria creativa colombiana hubiera sido clara en el qué, el por qué y el cómo? Y, ¿cómo se extiende esto a la política nacional de propiedad intelectual actual y proyectada?

La economía naranja propone una aproximación a la cadena industrial de la creación, especialmente en el entorno digital, pero olvida elementos regulatorios clave de ésta. Su apuesta tiene una mirada limitada, no parece haber abordado las preguntas regulatorias más amplias e incluyentes y no consiguió articular a todas las partes interesadas.

En las múltiples críticas a esa política se la acusa de ser parcializada, de olvidar la cultura y el acceso por ver tan solo el mercado y por tanto desconocer que el ecosistema necesita una mirada más compleja de la realidad. ¿Pudo ser diferente? ¿Qué debe cambiar el gobierno que entre?

Como un aporte a los múltiples análisis de cierre de este gobierno, en Karisma publicaremos el 26 de abril el informe sobre la “Regulación de las industrias creativas y análisis de impacto normativo (AIN): ¿Qué; porqué y cómo?”. Allí la política de la economía naranja se ve a través de esa metodología OCDE de AIN, examinamos beneficios, costos y efectos potenciales de la apuesta de la economía naranja.

Si la preocupación por la transformación digital, donde el rol de las audiencias es activo y dinámico y la innovación acelerada, hubiera sido central para esta regulación, el AIN habría advertido los sesgos y la necesidad de balancear los intereses en juego.

La apuesta ajustada no necesariamente habría satisfecho a quienes cuestionamos la ausencia de la cultura como foco regulatorio, pero el resultado podría haber sido una política más integral para la industria creativa, más equilibrada. Seguramente un buen AIN habría dejado claro que se requiere el acceso a la producción cultural a través de bibliotecas, museos y archivos, poniendo en el centro a las personas y sus derechos—identificando por ejemplo las necesidades de las personas o grupos vulnerables—.

En el estudio mostramos que no basta con definir los problemas que la regulación quiere abordar: se necesita un ejercicio más extenso, incluyendo mapear en forma amplia los beneficios y los riesgos. El informe muestra algunos beneficios de regular industrias creativas, que los hay por supuesto, y paralelamente los riesgos asociados. Estos ejercicios permiten a los hacedores de política definir los incentivos y las salvaguardas de la regulación.

Precisamente, porque creemos que políticas sesgadas tienen impacto en las personas, el informe termina con ejemplos en los que observamos cómo la ausencia de una visión más amplia genera obstáculos relacionados con la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, identifica barreras para el desarrollo de las industrias que la política busca incentivar.

Lo grave es que estos obstáculos pueden causar censura, afectaciones a la libertad de expresión y limitaciones en la accesibilidad. La afectación a derechos es un punto ciego de la aproximación de la economía naranja de Duque, que materializa otros grandes desafíos del próximo gobierno: dar alcance a la legislación local, seguir analizando las necesidades de regulación de las principales plataformas en donde circulan los contenidos culturales y creativos, para definir derechos, obligaciones, criterios de protección y de remuneración en el entorno digital.

Aunque Colombia no se caracteriza por evaluar en la práctica los efectos de las regulaciones — esa es una buena práctica que la OCDE impulsa y en la que Colombia está en la cola de los miembro del club, solo por encima de Eslovaquia y Turquía —, su pésimo desempeño en esto debería ser un incentivo más para que el nuevo gobierno aplique el instrumento del AIN a esta política en marcha.

La celebración del 26 de abril se hará también con un nuevo Conpes de Propiedad Intelectual, el Conpes 4062 de 2022 y su hoja de ruta de una década. Este texto por su parte tuvo aparentemente un proceso AIN, pero su alcance fue limitado. En Karisma, donde trabajo, no sabemos por qué no se consideraron los comentarios que enviamos, tampoco hay información pública sobre los que recibieron. Si bien a petición nos enviaron un enlace para descargarlos, el enlace caducó pronto. Es decir, este AIN carece de transparencia. Ni siquiera sirve para evaluar el propio proceso.

Aunque la pandemia planteó la discusión de los equilibrios en la propiedad intelectual y mostró la existencia de un delicado ecosistema de creadores, artistas, personas usuarias, espacios de circulación y distribución físicos y digitales, legislaciones locales e internacionales, en política pública no superamos que la medida del éxito sea la de la propiedad intelectual como caja registradora de las industrias creativas. Mientras no pensemos también en educación, ciencia y cultura, la propiedad intelectual no será sinónimo de desarrollo por estos lados.

El Conpes 4062 de 2022 deja de lado el dominio público, las excepciones y limitaciones, no se refiere a la necesidad de encontrar equilibrios para el acceso a derechos como la educación, la investigación, la cultura, la información, o la libertad de expresión. No reconoce las discusiones internacionales de ciencia abierta, mantiene una apuesta cerrada de explotación de activos y un anticuado foco en el control de la piratería. Así, aunque el Conpes de inteligencia artificial de 2019 menciona brevemente la propiedad intelectual, el 4062 no hace la conexión.

No es una solicitud imposible o desconocida. En 2009, un estudio de la OMPI, realizado por un colombiano, mostró que los países de América Latina “no han desarrollado las reglas específicas necesarias sobre excepciones y limitaciones para derecho de autor aplicables en el entorno digital”. Y próximamente en reuniones de la OMPI se estudiará una propuesta del grupo africano para retomar la agenda para el desarrollo y reactivar las discusiones de excepciones y limitaciones.

¿Revisará esto el nuevo gobierno? Los programas no hablan del tema, excepto el del Pacto Histórico que menciona la “democratización de las políticas de derecho de autor” sin mayor elaboración. Es solo cuestión de tiempo para saber más.