Los comienzos de año nos ofrecen una pausa para pensar con el deseo, para imaginar futuros posibles y son especialmente interesante cuando comienza un gobierno, pues lo que tenemos son básicamente expectativas. Acá vamos.
Como cada año nuevo manifiesto el deseo de que el Estado tenga procesos de participación reales en sus tareas regulatorias -mecanismos que se diseñen con ese propósito, con plazos decentes y donde los comentarios realmente se consideren y haya retroalimentación como mínimo-. El nuevo gobierno se planteó un compromiso de proceso participativo para construir el Plan Nacional de Planeación que es muy ambicioso. Los plazos han sido cortos pero será en 2023 que veremos cómo sale eso y haremos el balance correspondiente. Este proceso marcará el ritmo de lo que se pueda esperar del nuevo gobierno en este campo.
En 2023, en Colombia, se generalizará hablar sobre seguridad digital, pero desafortunadamente esto sucederá porque los niveles de vulnerabilidad que tenemos en ese tema en el país son tan altos que la combinación de incremento de ataques con una mayor dependencia de sistemas informáticos, supondrá más desastres con la filtración de datos sensibles y la paralización de infraestructuras críticas (y no críticas) por cuenta del ransomware (extorsión digital).
Los ataques exitosos en 2022 como los que se dieron contra el Invima, Keralty y EPM, que afectaron el ejercicio de derechos de millones de habitantes en el país, es apenas el abrebocas. Estos incidentes han mostrado una estructura de respuesta a incidentes de ciberseguridad nacional aún muy débil pero, sobre todo, una cultura del secreto estatal y de los responsables que es difícil de combatir. Se requiere seguir trabajando en el desarrollo e implementación de mecanismos claros para el manejo de estos incidentes.
Que este sea un flanco muy débil no me sorprende. De una parte el Ministerio TIC parece priorizar sus funciones de conectividad sobre las de transformación digital -por ejemplo hace muy poco finalmente nombró a la viceministra de transformación digital que es la cabeza visible en seguridad digital- sino que las autoridades de protección de datos que deberían involucrarse tampoco han tenido un rol protagónico.
De un lado la Procuraduría General de la Nación -que es la autoridad de protección de datos del sector público- no ha asumido este rol en serio durante la década que lleva vigente la ley de protección de datos. De otro lado, a estas alturas del gobierno Petro aún no se ha nombrado a quien dirigirá la Superintendencia de Industria y Comercio -que en todo caso es la encargada de dar los lineamientos generales en la materia y es la autoridad del sector privado-. Sin un compromiso más serio en esta línea no hay muchas esperanzas de cambiar de rumbo.
El desafío del gobierno en 2023 es mayúsculo en el tema de seguridad digital. Requiere también pensar con seriedad las consecuencias del apetito de los gobiernos por recoger datos y usarlos en la respuesta para cualquier problema. Una forma de evitar filtraciones complicadas es no recoger datos sensibles. ¿Qué tal un compromiso con la minimización en la recolección de datos?
El 2023 habrá nuevamente elecciones y la tecnología volverá a ser protagonista. Parece que el desastre vivido en 2022 con los ensayos de registro de cédulas por internet obligaron a la Registraduría a renunciar a seguir con esa ruta el otro año. Lo digo porque hasta ahora no aparece en los contratos que van apareciendo sobre ese componente de las elecciones, pero apenas volvemos de vacaciones y no sabemos si la Registraduría nos tenga sorpresas de nochevieja, tal y como pasó en 2021.
Para el 2023 Karisma -donde trabajo-, con el apoyo de ONU Mujeres y docentes de la Universidad del Rosario, publicará un informe sobre lo sucedido con las mujeres candidatas al Congreso en materia de violencia de género. Veremos cómo la misoginia y el machismo se manifestaron en las elecciones de 2022 e identificaremos lecciones para evitar que en 2023 estas formas de violencia nos priven como sociedad de las voces de las mujeres en la región.
En 2023 crecerá como tendencia la regulación de plataformas. Lo amerita el poder que han concentrado a muchos niveles y el impacto que tienen en la democracia, sin embargo la misma vehemencia deberá usarse para abrir más el debate. Ante la inminente regulación hay necesidad de analizar opciones, establecer qué es lo que debemos regular y cuáles son los nuevos acuerdos sociales que queremos alcanzar para que las medidas sean proporcionales. Nos guste o no, las plataformas privadas median la expresión humana en el entorno digital y también se afecta la democracia si afectamos la capacidad de las personas de expresarse y de encontrar información.
El gobierno de Duque alcanzó el 70% de conectividad, pero las asimetrías ciudad-campo y entre las personas de diferentes condiciones y antecedentes obliga al nuevo gobierno a replantear la cancha de juego. La esperanza es que el nuevo gobierno imprima una verdadera capacidad de cambio en este frente, ya que no será por falta de interés pues se nota que esta es su prioridad.
Por tanto, de este nuevo gobierno esperamos una lectura más amplia de los indicadores de conectividad que nos permita establecer que aumenta la penetración de banda ancha, que mejoran los datos para la ruralidad y, que disminuyen las diferencias con las ciudades. Esperamos datos que muestren que se cierra la brecha digital no solo por rangos etarios sino por género, diversidad sexual, etnia, capacidades diversas y capacidad económica.
Fortalecer la ciencia abierta y especialmente, la apertura a aceptar que hay diferentes formas de hacer ciencia, como una aspiración del gobierno Petro es uno de los elementos de su programa que más me entusiasma y que espero que se concrete en su hoja de ruta. Espero que se abran mecanismos de financiación para que se institucionalicen iniciativas de ciencia abierta que incorporen actores y sitios inusuales que con su capacidad de dar respuesta a problemas de nuestra sociedad contribuyan a su desarrollo.
Lo más importante para 2023 será que las personas de carne y hueso que toman decisiones en el Estado y tienen poder para definir el rumbo del país, que quienes dirigen las empresas que dan forma a su economía y que quienes trabajamos desde la sociedad civil para alertar, controlar y ofrecer alternativas, aumentemos nuestra capacidad e interés por hacer el camino en compañía, desde nuestras diversidades y así labrar mejores futuros.
Todavía estoy a tiempo de desear un feliz 2023 y gracias por leerme.
