El “empalme anticorrupción” sería el DOGE criollo

Abelardo de la Espriella anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará recursos para el proceso de empalme, aunque todavía no ha explicado cómo. En un ejercicio que recuerda el DOGE en Estados Unidos, el vicepresidente José Manuel Restrepo reveló que el Gobierno utilizará una plataforma de inteligencia artificial para analizar contratos y bases de datos públicas buscando irregularidades. Se puede anticipar la concentración de grandes volúmenes de información y se abren interrogantes sobre lo que esto revela de la forma en que se ejercerá el poder.

El empalme en Colombia es un procedimiento institucional diseñado para garantizar la continuidad del Estado. La función pública tiene metodologías, formatos y protocolos para que el gobierno saliente entregue información al entrante de manera transparente y ordenada. No es un simple trámite administrativo, se trata de reconocer que los gobiernos cambian, pero el Estado permanece.

El presidente electo tomó otro camino. Anunció un “empalme anticorrupción”, supuestamente preparado durante meses por un equipo propio, y confirmó que no asistirá a la tradicional reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El mensaje es claro: no reconocen valor en la institucionalidad construida por su antecesor, prefieren la ruptura antes que la continuidad democrática.

Ese lenguaje resulta familiar. En Estados Unidos, una de las primeras decisiones de Donald Trump durante su segundo mandato fue crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk. Utilizando herramientas de IA y análisis masivo de datos, el equipo de DOGE revisó contratos, gastos, programas y bases de datos de las agencias federales con el propósito declarado de descubrir fraude, eliminar despilfarros, y reducir el tamaño del Estado. En la práctica, DOGE accedió a enormes volúmenes de información pública dispersa entre distintas entidades y la consolidó para producir diagnósticos y tomar decisiones. Los datos sirvieron para dar la apariencia de decisiones técnicas a lo que en la práctica fueron decisiones políticas apoyadas en los sesgos y prioridades del gobierno Trump.

Asimismo, el empalme parece orientado a construir una narrativa anticorrupción que desborda las funciones propias de una comisión de empalme, son funciones de los organismos de control y las auditorías estatales. Al mismo tiempo, seguramente servirá para preparar el terreno de la profunda reorganización administrativa anunciada durante la campaña, que contempla un recorte del 40 % del aparato estatal.

Me resulta inaceptable que todo se desplegara sin que siquiera explicaran qué información será integrada, quién tendrá acceso a ella, qué herramientas de IA se usarán, cuáles serán los criterios para procesarla ni qué mecanismos independientes supervisarán el tratamiento de datos. Tampoco conocemos el alcance de la cooperación que dará el BID.

Hay razones para preocuparse. Sin duda, como lo señala la profesora Allison Stanger la IA puede mejorar la gestión pública. El riesgo está en concentrar información previamente distribuida entre distintas instituciones sin suficientes controles democráticos. Los llamados “silos” de información cumplen una función de protección institucional: limitan el poder de cualquier actor para reconstruir perfiles completos sobre ciudadanos, funcionarios o entidades. Por ejemplo, fue usado para vigilar a funcionarios públicos con el fin de saber lo que opinaban sobre Trump y Musk.

Stanger también cuestiona que DOGE descubriera grandes fraudes ocultos. El Center for Economic and Policy Research fue más lejos: concluyó que el organismo no consiguió demostrar el fraude sistémico que había prometido ni produjo los ahorros anunciados, antes bien pudo costar más de lo que ahorró. En cambio, dejó despidos masivos, litigios, decisiones improvisadas, deterioro de la capacidad operativa de varias agencias federales y un enorme volumen de controversias sobre el uso de información pública. Hubo problemas de seguridad, persecución y señalamientos, sirvió también para perseguir blancos políticos determinados -como desmantelar USAID-.

Entonces, ¿qué modelo de Estado se construye cuando la tecnología se convierte en el instrumento privilegiado para reorganizar la administración pública? El empalme anticorrupción será el primer acto de un proyecto político que equipara la eficiencia con reducir el tamaño del Estado, que considera la concentración de información como condición para gobernar y que ve la tecnología como la solución mágica.

La eficiencia seduce: queremos combatir la corrupción y gastar mejor los recursos públicos. Pero si eso supone acceso masivo a información pública, algoritmos cuyo funcionamiento no conocemos y una narrativa política que convierte al Estado en el principal enemigo, la discusión es más sobre democracia que sobre tecnología. El verdadero riesgo no es que el nuevo gobierno use IA, es que usándola se instale una forma de ejercer el poder en la que la concentración de datos sustituya los controles institucionales y la eficiencia se convierta en el argumento para debilitar aquello que precisamente debería proteger: el Estado democrático.

Finalmente, ¿se imaginan si este fuera el proyecto de un gobierno de izquierda?

Ñapa. Recordemos que este tipo de proyectos los operativizan empresas privadas -seguramente extranjeras-, que tendrán acceso a información privilegiada y altamente sensible, pero esto será para otra columna.