En Bogotá habrá "un gran centro de comando y control con la tecnología más avanzada que será la columna vertebral de miles de cámaras".
Dijo Peñalosa explicando el nuevo “Pacto por la Seguridad en Bogotá”. El ministro Luna le hizo eco pues “hay que aumentar el número de cámaras en Bogotá, reactivar las que están dañadas e interconectarlas para mayor seguridad” y el presidente sentenció que “se ha demostrado en el país que el uso de la tecnología aumenta exponencialmente la efectividad de la policía y que la desactivación de los celulares no registrados ha hecho migrar a los ladrones de celulares a ciudades donde aún no se han tomado esas medidas”.
El uso excesivo de cámaras se extiende en el mundo como un método eficiente contra la delincuencia aunque haya dudas sobre su eficacia. Es decir, contrario a lo que dice Santos, no es una política basada en la evidencia y esgrimirla como “la” solución sí oculta el importante riesgo que supone para el ejercicio de otros derechos (intimidad, libre expresión, derecho a la asociación o protesta), pues quien se siente vigilado no actúa libremente, ¿recuerdan “El Show de Truman”?
En la sentencia T407/2012 nuestra Corte analizó este choque de derechos en el uso de cámaras de seguridad que además almacenan y procesan datos personales. En el proceso comparó las salvaguardas legales en su uso en Canadá, España o Bélgica donde se protege a la ciudadanía implementando los principios jurídicos de “necesidad y proporcionalidad”. Así, por ejemplo, solo pueden usarse cuando se demuestre que no hay métodos menos invasivos, solo pueden grabar determinados espacios, se regula quiénes tienen acceso a los datos y estos se conservan por plazos limitados de tiempo.
El acoso delincuencial en Bogotá no debe invisibilizar esta discusión. Recordemos que escándalos recientes en la policía se derivan de plataformas de vigilancia ciudadana (PUMA) o de abusar de esa facultad (sospechas por intrusión en las comunicaciones de periodistas). Interesa tanto a la policía como a nosotros que estas actividades estén delimitadas y debidamente controladas, que no nos vendan un falso dilema. Propongo construir con la ciudadanía una política que no se base en el miedo, sino en debidas evaluaciones y debates.
En Bogotá habrá "un gran centro de comando y control con la tecnología más avanzada que será la columna vertebral de miles de cámaras".
Dijo Peñalosa explicando el nuevo “Pacto por la Seguridad en Bogotá”. El ministro Luna le hizo eco pues “hay que aumentar el número de cámaras en Bogotá, reactivar las que están dañadas e interconectarlas para mayor seguridad” y el presidente sentenció que “se ha demostrado en el país que el uso de la tecnología aumenta exponencialmente la efectividad de la policía y que la desactivación de los celulares no registrados ha hecho migrar a los ladrones de celulares a ciudades donde aún no se han tomado esas medidas”.
El uso excesivo de cámaras se extiende en el mundo como un método eficiente contra la delincuencia aunque haya dudas sobre su eficacia. Es decir, contrario a lo que dice Santos, no es una política basada en la evidencia y esgrimirla como “la” solución sí oculta el importante riesgo que supone para el ejercicio de otros derechos (intimidad, libre expresión, derecho a la asociación o protesta), pues quien se siente vigilado no actúa libremente, ¿recuerdan “El Show de Truman”?
En la sentencia T407/2012 nuestra Corte analizó este choque de derechos en el uso de cámaras de seguridad que además almacenan y procesan datos personales. En el proceso comparó las salvaguardas legales en su uso en Canadá, España o Bélgica donde se protege a la ciudadanía implementando los principios jurídicos de “necesidad y proporcionalidad”. Así, por ejemplo, solo pueden usarse cuando se demuestre que no hay métodos menos invasivos, solo pueden grabar determinados espacios, se regula quiénes tienen acceso a los datos y estos se conservan por plazos limitados de tiempo.
El acoso delincuencial en Bogotá no debe invisibilizar esta discusión. Recordemos que escándalos recientes en la policía se derivan de plataformas de vigilancia ciudadana (PUMA) o de abusar de esa facultad (sospechas por intrusión en las comunicaciones de periodistas). Interesa tanto a la policía como a nosotros que estas actividades estén delimitadas y debidamente controladas, que no nos vendan un falso dilema. Propongo construir con la ciudadanía una política que no se base en el miedo, sino en debidas evaluaciones y debates.