El precio de la ayuda de Trump en salud: datos y poder digital

Durante el último año Trump desmontó la arquitectura tradicional de cooperación en salud global: disolvió USAID y retiró a Estados Unidos de la OMS, causando importante impactos. Sin embargo, se ha discutido bien poco el mecanismo con el que sustituyó ese esquema de donaciones y asistencia técnica: un modelo de cofinanciación bilateral basado en memorandos de entendimiento. Esta estrategia comenzó a desplegarse en África y está llegando a América Latina.

Este nuevo enfoque responde a la estrategia global de salud anunciada por la Casa Blanca en septiembre pasado, allí se describe una política exterior en la materia que, como en la agenda de comercio, es marcadamente transaccional.

Sin desconocer las críticas históricas a USAID, es innegable que la retirada abrupta de fondos debilitó sistemas de salud, provocó cierres de clínicas, pérdida de empleos y significó un aumento de muertes evitables. La situación evidenció la dependencia del mundo en desarrollo respecto de la cooperación internacional para sostener programas esenciales. Aunque el impacto ha sido más visible en África, América Latina también ha enfrentado impactos negativos. Lejos del desarrollo de alternativas, todo indica que los efectos perversos de esa dependencia aumentarán.

El nuevo esquema de memorandos bilaterales establece compromisos de cofinanciación y obligaciones. A la fecha se han firmado más de 20 y son acuerdos que superan los 20.000 millones de dólares hasta 2030. No obstante, se cuestiona la capacidad real de algunos países para cumplir con las contrapartidas financieras y sostener en el tiempo los objetivos acordados.

Más allá del volumen de recursos, se anticipa que este cambio introduce una redefinición de prioridades. Los “socios” se ven presionados a alinear sus limitados presupuestos con las prioridades de Washington -particularmente en materia de seguridad sanitaria- en detrimento de áreas tradicionales de salud pública como planificación familiar o salud materno-infantil. Pero existe un ángulo adicional que merece atención: el lugar que ocupan los datos de los sistemas públicos de salud en estos acuerdos.

Aunque muchos países en África ya han firmado, los cuestionamientos en Zambia y Zimbabue han generado debate. En el caso de Zambia, la filtración de un borrador reveló lo ya descrito, hay cláusulas que condicionan la financiación no solo a metas obligatorias y concesiones vinculadas a sectores estratégicos, también a la entrega de los datos sanitarios -más allá del plazo del acuerdo- y la digitalización de los sistemas de salud. Califican el acuerdo de “explotación descarada”, en el que se instrumentaliza la ayuda, se presentan riesgos para la soberanía y de extracción de datos en beneficio de una potencia extranjera. En conclusión, denuncian colonialismo de datos.

En este contexto, conviene recordar que las inteligencias artificiales dependen de grandes volúmenes de datos. Aunque no se considere tan garantista como el régimen de protección de datos europeo, las normas estadounidenses imponen restricciones significativas para el acceso a los datos de su ciudadanía. En ese escenario, los sistemas públicos de salud de países en desarrollo son una fuente atractiva de datos para la industria tecnológica estadounidense, pero también para el futuro de otras industrias, como la farmacéutica o la de seguros.

Fiel a su enfoque, Trump entrelaza política sanitaria, estrategia geopolítica e intereses empresariales, de modo que, aunque sea una discusión sobre salud pública, en el fondo es un debate más amplio. Además de reorientar las prioridades nacionales en la materia, la digitalización de los sistemas de salud previsiblemente quedará vinculada a procesos contractuales con empresas estadounidenses -algo habitual en esquemas anteriores de cooperación-, y en esto países con baja conectividad puede profundizar brechas para el acceso efectivo a los servicios.

Adicionalmente, al condicionarse el apoyo financiero al acceso a los datos del sistema, se abre la puerta a datos como los de las historias clínicas, o de la respuesta a tratamientos y a estadísticas epidemiológicas. Se entregan datos de alto valor estratégico para estudios de mercado, desarrollo de medicamentos, evaluación de efectividad terapéutica y análisis de efectos adversos, por ejemplo.

La expansión de esta estrategia hacia América Latina ya es un hecho. Panamá anunció la firma del memorando, y otros medios reportan acuerdos con República Dominicana, Guatemala y El Salvador.

En la víspera de elegir el nuevo Congreso, cuando la salud está en el foco del debate, cabe preguntarse: ¿Qué margen real de autonomía conservan los países signatarios para definir sus prioridades en salud? ¿Qué garantías existen respecto del uso, gobernanza y eventual explotación de los datos sanitarios de la población? ¿Estamos ante una nueva forma de dependencia tecnológica y regulatoria? ¿Tendrán más acceso a nuestros datos las empresas estadounidenses que nuestros investigadores? Y, sobre todo, ¿cuáles son las opciones de negociación que tienen los países si quieren proteger sus propios intereses respecto de los sistemas de salud, sin comprometer soberanía, derechos y capacidad de decisión a largo plazo?