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A principios de julio, sucedió lo inimaginable: el Parlamento Europeo rechazó (318 votos contra 278 y 31 en blanco) la propuesta de la Directiva de reforma al derecho de autor que había sido respaldada por su Comisión Legal. El proyecto vuelve a la plenaria en septiembre. Anticipan una nueva batalla dentro de la guerra del derecho de autor de las últimas décadas.
A medida que la fecha se acerca, la tensión aumenta. Creer que esa tensión es, por un lado, entre creadores y prensa, y, por otro, de gigantes de internet que han cooptado la agenda de los “militantes de la libertad de internet” —como se afirma en un reciente artículo publicado en El Espectador— ignora y homogeniza a una gama mucho más amplia de oponentes y argumentos que merecen un análisis más serio.
Lo que hemos visto en las últimas décadas es un gran cambio. En el escenario al que estábamos acostumbrados, el lobby y las presiones para las reformas a la propiedad intelectual se hacían por las grandes industrias del entretenimiento, sus aliados y sus representantes sin mayor resistencia y, con mucha frecuencia, en detrimento de las personas.
Como dijo Andrés Guadamuz, lo que sucedió en Europa en junio pasado es que la industria de la tecnología está haciendo contrapeso en el lobby de Bruselas y, en el proceso, abre espacio para que se escuchen nuevas voces, que, en este caso, tienen intereses comunes.
Afirmar que hay un concierto entre empresas y una gran masa de activistas, personas usuarias y muchos académicos, sugiriendo que se evidencia el apoyo económico que ofrecen Google y Facebook a algunos, es ignorar de bulto al menos dos cosas: que muchos (ellos allá o personas como yo acá) hace mucho tiempo estamos participando de las discusiones con el fin de mostrar el impacto que tiene la visión más proteccionista de la propiedad intelectual en el ejercicio de los derechos humanos, y que internet ha modificado sin reversa la posibilidad de ofrecer y acceder a información, lo que da un poder de movilización y acción a las personas que es mejor no subestimar. Entiendo que haya desconcierto, pero vale la pena indagar un poco más allá y confrontar otros puntos de vista.
Ahora bien, insistir en que cualquier reforma al derecho de autor es un ataque de quienes “quieren todo gratis” en contra de los creadores que buscan un ingreso no solo no es cierto, sino que da municiones a lo que debería ser un debate necesario y no un llamado a la guerra.
El artículo de AFP que publica El Espectador es la óptica de periodistas que sienten que la creación de un derecho conexo para los editores de prensa (artículo 11) sería el salvavidas para diarios y agencias. Argumentan que esto les permitiría “recibir una remuneración por la reutilización de contenido”. El principal problema es que tanto en España como en Alemania esto ya se intentó y no tuvo los efectos esperados. En cambio, sí mostró que afecta gravemente a pequeños medios de comunicación. Esto por no hablar de la forma como esta medida modificaría nuestra forma de navegar la red.
Lo más desafortunado de que se reduzca a una batalla de dos bandos es que la discusión se simplifica y se reduce a dos artículos que son los que enfrentan a los poderosos. Por eso, en medios, los protagonistas son dos artículos: el 11, conocido como impuesto al enlace o link tax (que ya mencioné), y el 13, que la industria de la propiedad intelectual llamó “brecha de valor” y, de acuerdo con el artículo de El Espectador, tiene como propósito que las plataformas paguen mejor a los creadores.
El problema es que el artículo no se detiene a contar cómo se cumplirá el propósito. El artículo 13 impone un control previo de contenidos de las personas usuarias por posible infracción al derecho de autor. Ahora mismo, obligadas por la ley estadounidense conocida como la DMCA, las plataformas hacen un control después de la publicación del contenido (¿recuerdan lo que nos querían imponer en la Ley Lleras 1?). Actualmente, si subo a YouTube el video de la clausura del colegio de mi hija, donde se escucha una música de fondo, la plataforma me avisa que alguien notificó que el contenido tiene obras protegidas y me “bajan” el video.
Si se aprueba la ley en Europa, la bajada se hará antes de que se haga la publicación. Esto no es otra cosa que “censura previa”, pues supone que alguien decida que mi material no puede ver la luz. El proyecto de la Directiva ha sido objeto de comentarios negativos por parte del relator de Libertad de Expresión de la ONU. Y como para evitar ideas, una medida de este tipo en América Latina iría contra el sistema interamericano de derechos humanos.
Finalmente, esta simplificación del debate no ve la diversidad de los oponentes. En esta reforma, las excepciones para la educación y la cultura que debían actualizar las flexibilidades del derecho de autor quedaron relegadas al último cajón, a pesar de que estos intereses estaban representados por varios interesados desde bibliotecas y sociedad civil.
No coma cuento. Internet tiene muchos problemas de concentración; no niego que Google y Facebook sean parte de ellos. Pero quienes estamos dispuestos a debatir para que no se convierta en otra TV o radio por suscripción más, sino que sea nuestro espacio público de comunicación, somos muchos. Cuando le hablen de las guerras del derecho de autor, como en todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual en el siglo XXI, es mejor leer muchas fuentes y ver más allá de los dos ejércitos. (Puede ver lo que escribí hace un mes para Karisma, donde trabajo, sobre este tema acá).
