En México querer gravar las bebidas azucaradas es motivo suficiente para ser espiado.
Mientras en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio toma partido y tendrá que responder por usar su poder de vigilancia para imponer “censura previa” contra Educar Consumidores; mientras se habla de indebidas presiones usando la propiedad intelectual para modificar la voz de algunos periodistas, en México usan un software espía, que se vende solo a Estados, contra quienes buscan desincentivar el consumo de azúcar en ese país.
En agosto de 2016, varias organizaciones mexicanas que defienden los derechos humanos en Internet, pidieron la colaboración del Citizen Lab para que revisara una serie de mensajes que estaban recibiendo activistas en pro del gravamen. Citizen Lab había investigado algo similar contra un activista de derechos humanos en los Emiratos Aŕabes. Al revisar la situación en México, se encontró con “Pegasus”, un software que comercializa la firma NSO Group a gobiernos alrededor del mundo para que espíen los equipos, celulares y computadores de sus ciudadanos. México aparece como cliente de esa empresa.
Pegasus es similar a “Galileo”, software que Colombia había comprado a la empresa Hacking Team. Funcionan así: la víctima recibe un correo o mensaje de texto con un malware que ha sido diseñado a sus intereses y lo invita a abrir un archivo o enlace que está contaminado. Si la víctima cae en la trampa, su celular es infectado con un software de control remoto que, precisamente, toma control del aparato pudiendo escuchar sus llamadas, tomar fotos, grabar videos, escarbar archivos, enviar correos en su nombre, etcétera.
El nivel de invasión de estas herramientas y su actual desregulación es objeto de importantes discusiones sobre la legitimidad de los Estados para usarlas. Dado que, tradicionalmente, su uso se ha justificado para combatir terrorismo y delincuencia organizada, este escándalo que afecta a ciudadanos que simplemente promueven una legítima discusión pública debe servir para mantener vivo el debate en nuestros países.
Ñapa. Apple desactivó, sin explicar, su sistema de comprobación de IMEI robados (similar al que a instancias del gobierno existe acá para todas las marcas). Todo indica que lo hizo porque servía a los ladrones para conseguir IMEI legítimos con los que clonar los robados.
En México querer gravar las bebidas azucaradas es motivo suficiente para ser espiado.
Mientras en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio toma partido y tendrá que responder por usar su poder de vigilancia para imponer “censura previa” contra Educar Consumidores; mientras se habla de indebidas presiones usando la propiedad intelectual para modificar la voz de algunos periodistas, en México usan un software espía, que se vende solo a Estados, contra quienes buscan desincentivar el consumo de azúcar en ese país.
En agosto de 2016, varias organizaciones mexicanas que defienden los derechos humanos en Internet, pidieron la colaboración del Citizen Lab para que revisara una serie de mensajes que estaban recibiendo activistas en pro del gravamen. Citizen Lab había investigado algo similar contra un activista de derechos humanos en los Emiratos Aŕabes. Al revisar la situación en México, se encontró con “Pegasus”, un software que comercializa la firma NSO Group a gobiernos alrededor del mundo para que espíen los equipos, celulares y computadores de sus ciudadanos. México aparece como cliente de esa empresa.
Pegasus es similar a “Galileo”, software que Colombia había comprado a la empresa Hacking Team. Funcionan así: la víctima recibe un correo o mensaje de texto con un malware que ha sido diseñado a sus intereses y lo invita a abrir un archivo o enlace que está contaminado. Si la víctima cae en la trampa, su celular es infectado con un software de control remoto que, precisamente, toma control del aparato pudiendo escuchar sus llamadas, tomar fotos, grabar videos, escarbar archivos, enviar correos en su nombre, etcétera.
El nivel de invasión de estas herramientas y su actual desregulación es objeto de importantes discusiones sobre la legitimidad de los Estados para usarlas. Dado que, tradicionalmente, su uso se ha justificado para combatir terrorismo y delincuencia organizada, este escándalo que afecta a ciudadanos que simplemente promueven una legítima discusión pública debe servir para mantener vivo el debate en nuestros países.
Ñapa. Apple desactivó, sin explicar, su sistema de comprobación de IMEI robados (similar al que a instancias del gobierno existe acá para todas las marcas). Todo indica que lo hizo porque servía a los ladrones para conseguir IMEI legítimos con los que clonar los robados.