“La Fiscalía considera que el aumento de la capacidad de interceptación que propone Puma... puede violar derechos de intimidad”, es lo que se lee en un artículo reciente de El Tiempo.
La interceptación de comunicaciones es, sin duda, una herramienta necesaria para perseguir el crimen y para garantizar la seguridad en una sociedad. Pero, como es una facultad que puede ser fácilmente abusada (como bien sabemos los colombianos), debe estar asociada a garantías suficientes que sirvan para evitar esos abusos.
La facultad de vigilancia del Estado sobre sus ciudadanos debe responder a una serie de principios reconocidos internacionalmente: necesidad, proporcionalidad, legalidad, idoneidad, orden de autoridad competente, etcétera. Muchos creemos que el marco legal colombiano es insuficiente en este sentido, pero eso no significa que los principios estén ausentes. Precisamente, las palabras del fiscal nos animan, pues, su rechazo a implementar PUMA resulta de un análisis que hace de la aplicación de algunos de los principios:
Necesidad: “(p)uede conllevar al uso indiscriminado de la interceptación como herramienta de investigación en casos en los que esa invasión de derechos fundamentales ni siquiera es necesaria en la lucha contra la criminalidad”... “la ampliación no garantiza una mayor posibilidad de capturar a los delincuentes”.
Orden de autoridad competente: “Ningún otro organismo del Estado (diferente de la Fiscalía) está facultado para ordenar la interceptación de comunicaciones o administrar los equipos”... “incluso, las unidades que se encontraban bajo la custodia del Ejército fuer(o)n reasignadas y ubicadas en el sótano del búnker, en Bogotá”.
Proporcionalidad: “En últimas, debe mirarse con lupa cómo funcionaría ese sistema, para evitar interceptaciones indiscriminadas, desproporcionadas e inadmisibles”.
Las palabras del fiscal suben el listón y dan elementos de confianza sobre la importancia y efectivo reconocimiento en el país de los principios legales aplicables a la interceptación de comunicaciones. Ojalá la tendencia se mantenga y logremos también que funcionen mejor las medidas de control existentes, como la supervisión pública que debe ejercer la comisión del Congreso que ahora preside Carlos Fernando Galán. Adicionalmente, desde la sociedad civil promoveremos la implementación de otros mecanismos de control como los informes de transparencia o las notificaciones a los usuarios.
