Flexibilidades a la propiedad intelectual, el debate pendiente

Algo bueno saldría de esta pandemia, pensé hace año y medio cuando nuestras vidas cambiaron. No hay mejor forma de enfrentar este desafío que la que ofrece la ciencia abierta, me dije. Me equivoqué, el cambio no se dio y el retiro en silencio del capítulo VI del proyecto de ley de seguridad farmacéutica sobre instrumentos relativos a la Propiedad Intelectual que se tramita en el Senado lo confirma en Colombia.

La eficiencia y mejores resultados que se logran a través de la lógica de compartir hará que el individualismo propietario que prima en las políticas de la propiedad intelectual ceda al interés público y veamos un sistema más equilibrado basado en la ciencia abierta. En eso pensaba en 2020. Como mínimo buscaríamos una propiedad intelectual más balanceada que reconociera las flexibilidades del sistema.

Después de que mundialmente hubo diferentes propuestas e iniciativas en esa línea de equilibrios al sistema, la solicitud hecha por India y Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es la que parece tener opciones. Esto sucede después de que en mayo pasado Biden ofreciera su apoyo parcial para que exista un mecanismo general y efectivo de suspensión de la propiedad intelectual para emergencias.

Desde que la propuesta se hizo hace más de un año, ha tenido amplio respaldo de los países del sur global, organizaciones de la sociedad civil y academia alrededor del mundo, sin embargo, la oposición ha sido sobre todo de los países ricos y... Colombia ha estado allí. Primero apoyó la propuesta de los grandes del Norte para pedir más evidencia, y últimamente simplemente ha decidido estar en silencio. No obstante, mientras los países opositores poco a poco han ido cediendo pues hay evidencias del costo en vidas humanas de no hacer nada, la posición del gobierno colombiano se mantiene.

El debate en la OMC no se limita a las patentes, es sobre flexibilidades en general que ya están en los tratados para la propiedad intelectual. De hecho, desde la sociedad civil pedimos que esto se entienda en forma amplia como una manera de proteger a las personas y su bienestar, que las exenciones de propiedad intelectual se vean como herramientas legítimas de los gobiernos para enfrentar emergencias sanitarias o de cualquier otro tipo.

Usemos el ejemplo de las patentes. Mientras Europa puede amenazar con suspender la protección de las patentes si no le cumplen con los despachos de vacunas, muchos países en desarrollo que pueden producir vacunas o crear la capacidad para hacerlo no pueden decir eso porque no tienen autorización para usar la patente. Lo que dice Europa es que de ser necesario hará uso de las licencias obligatorias.

No poder usar ese argumento puede deberse a varias razones. Puede ser porque el país tiene leyes desbalanceadas que no incluyen instrumentos para tomar decisiones similares -no están en la ley, no las regularon o lo hicieron y aun así no pueden usarlas- (algo así pasa acá, recuerden la de uso gubernamental). También puede ser porque le temen a represalias si las usan (también en el caso colombiano), o incluso porque los Estados están convencidos de que no hay otra forma de funcionar -como lo demuestra la posición de nuestro país en los foros internacionales que describo en este texto-. El resultado es que estos países no cuentan con la posibilidad de suspender las patentes.

La posición oficial colombiana evita que se discuta la posibilidad de incorporar flexibilidades. En la legislatura pasada se presentó el proyecto de ley 372 de 2020 en el Senado con el fin de sentar las bases de la “Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+i para la Seguridad Farmacéutica”. Dentro de sus disposiciones el capítulo VI recogía las lecciones de la pandemia para flexibilizar los efectos de la propiedad intelectual. Se buscaba que el gobierno tuviera las herramientas necesarias para enfrentar emergencias donde priman el interés general y el bienestar público.

Las disposiciones aprobadas en primer debate en la Comisión Sexta se limitaban a patentes y tenían otras restricciones que valía la pena cuestionar en línea con el actual panorama internacional, pero allí estaban y podíamos abrir el debate. Varias organizaciones locales participamos de la audiencia pública, presentamos argumentos, muchas coincidimos en la importancia de estas disposiciones e incluso presentamos propuestas para ajustarlas.

Lo que nadie se esperaba es que para esta legislatura la decisión fuera retirar el capítulo VI. Así, de repente se cerró el debate público. Sin explicaciones, sin discusiones, los congresistas han acogido la tesis del gobierno y cedido a las que deben ser importantes presiones de la industria farmacéutica.

Mientras en el vecindario Brasil y Chile se mueven para simplificar sus normas sobre licencias obligatorias, para hacer más sencilla su aplicación, en Colombia la decisión es no discutir el tema. El gobierno quiere recuperar la capacidad de producir vacunas, pero lo hará en el terreno desbalanceado que privilegia los intereses de las farmacéuticas

En diversas audiencias públicas el Ministerio de Salud fue crítico del capítulo VI. Dijo incluso que no apoyará el proyecto de mantenerse una aproximación flexible a la protección de la propiedad intelectual. El sector público cree -contra toda evidencia- que este tipo de aproximaciones contradicen los compromisos internacionales de Colombia en materia de comercio y así se pone de lado de la industria farmacéutica.

Conviene que el gobierno reflexione sobre la necesidad de imprimir balance a nuestro sistema jurídico. Puede empezar reglamentando las flexibilidades existentes (en especial la de uso gubernamental, cuando hablamos de salud), puede reflexionar sobre la pandemia en la línea que proponía este proyecto de ley, pero, sobre todo, necesita desarrollar una actitud reflexiva en los escenarios internacionales. Si dedicara esfuerzos a hacer un balance de lo que se ha logrado en los últimos 25 años en la OMC, vería que el sistema está desbalanceado y es insuficiente -como mínimo en salud, pero, aplicable a cualquier emergencia y más allá de las patentes-. Lo cierto es que mantener esa posición no tiene sentido, no es una actitud seria y su radicalismo puede ser solitario.

Animo al senador Iván Agudelo a revivir el capítulo VI. Senador, retome el espíritu de su propuesta y abra la discusión pública pues es necesario cuestionar la posición del gobierno que ya es minoritaria en el concierto internacional, el país lo necesita.