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Como cada tanto y desde hace ya varios años, estuve en Ginebra para la 47ª sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI. Y, como ya es costumbre, la reunión terminó sin avances de fondo.
Lo dije en abril y lo repito ahora: estos debates avanzan tan lento que a veces parece que nada ocurre. Sin embargo, si se observa con distancia, se advierten pequeños movimientos que revelan tensiones, prioridades y cambios graduales en posiciones que, en estos foros, suelen ser inamovibles. La diplomacia opera así: es lenta por diseño. Los temas son complejos, involucran múltiples intereses y exigen consensos entre países con realidades muy distintas. Así, no es casual que los dos grandes asuntos del comité -radiodifusión y limitaciones y excepciones- llevan casi tres décadas y más de diez años respectivamente en discusión… y contando.
En radiodifusión, todo sigue donde estaba. Esta vez ni siquiera mencionaron fijar una fecha para llevar el texto a instancia ministerial. La falta de acuerdo es evidente: Europa quiere un tratado; Estados Unidos y otros sostienen que sólo debe regularse la señal; y muchos otros países simplemente han perdido interés después de tantos años. Intentando evitar otra sesión empantanada, esta vez reconocieron que faltan acuerdos sustantivos y decidieron identificar los artículos más conflictivos. Al final, como registra su informe, encargaron a la Presidencia presentar una nueva propuesta para la reunión de mayo.
En el tema de limitaciones y excepciones, la semana de reuniones del Comité comenzó con una buena noticia. Las Bibliotecas Nacionales de América Latina -a través de la asociación regional que las agrupa: ABINIA-, enviaron un mensaje directo al grupo de países de América Latina en la OMPI (GRULAC): el sistema de derecho de autor es desigual e insuficiente en la región, por lo que piden que apoyen la agenda de excepciones y limitaciones para garantizar la preservación y el acceso al patrimonio documental.
Ahora bien, el centro de las negociaciones en materia de limitaciones y excepciones fue que finalmente se contó con tres propuestas sustantivas para discutir: la de la Presidencia, la de EE. UU. y la del Grupo Africano, siendo esta última la más completa. Pese a ello, las diferencias persisten. Los países industrializados apuestan por unas discusiones lentas, no tienen interés en acordar un documento del tema y menos si es de naturaleza obligatoria. Por su parte el Grupo Africano quiere una negociación integral. De otro lado, el GRULAC, aunque se muestra receptivo, no asume una defensa activa del tema -nadie diría que fue el principal promotor de la agenda hace más de una década-. El cierre fue predecible: continuar hablando sobre esto en 2026. En relación con Colombia, su posición se alinea con la de EE. UU., no apoyan una iniciativa internacional, consideran que es un tema de competencia nacional.
Más allá de los dos foros de la agenda, GRULAC promueve que la “agenda digital” -remuneración de artistas en plataformas e inteligencia artificial- se convierta en un punto permanente en la agenda del SCCR. Aunque lo digital ha recibido atención en las últimas sesiones a través de conferencias y paneles informativos, los países desarrollados se resisten a abrir un espacio formal de negociación. Paralelamente, con la presencia de un ministro, Indonesia presentó una propuesta complementaria a esa agenda digital, quiere discutir un mecanismo de cobro de regalías en plataformas digitales. Aunque es interesante, me pregunto si es la OMPI el foro para discutir este tema o si le corresponde a la OMC, dado que se trata de de cobrar por las transferencias de datos en la interacción con la plataforma.
Finalmente, durante esta sesión percibí dos señales que se salían de la dinámica habitual del foro. La primera fue el cambio en la delegación de EE. UU.: pasó de enviar equipos amplios desde Washington a estar representada por una sola persona, que además intervino con una franqueza poco común, incluso áspera, en un espacio donde predominan las formas diplomáticas, los saludos ceremoniosos y la retórica cargada de adjetivos. La segunda es más preocupante: las reuniones informales entre Estados, que ya se celebraban a puerta cerrada, dejaron de contar incluso con las transcripciones que históricamente permitían un mínimo seguimiento, aunque fuera bajo estrictas reglas de confidencialidad y no atribución. La decisión -tomada por consenso y sin explicación- supone un retroceso serio en transparencia y participación para la sociedad civil, en un organismo que solía destacarse precisamente por lo contrario dentro del sistema de Naciones Unidas.
La próxima sesión será en mayo de 2026. No espero grandes giros en la dinámica de negociación. Lo que sí espero es que se revierta el cierre de espacios de participación, aunque no soy ingenua, sé que lo que se pierde en transparencia raramente se recupera así de fácil.
