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La Cámara de Representantes del Congreso mexicano aprobó la desaparición de siete autoridades independientes en México, una de estas entidades es el INAI -la autoridad de transparencia y protección de datos-. Ya AMLO había anticipado sus intenciones de hacer esta reforma, con las mayorías en el Congreso. La mala noticia es que Sheinbaum lo hará.
En 2018 discutíamos en Colombia la reforma al sector TIC, motivada por el ingreso del país a la OECD, y hablábamos del alcance que el regulador sectorial debía tener, pero nunca se cuestionó la independencia y autonomía del regulador en la estructura del Estado. De hecho una de las principales críticas que teníamos es que le faltaba, aunque formalmente era una autoridad autónoma, sus “dientes” no se desarrollaban porque en la práctica las facultades esenciales para una autoridad independiente quedarían en el Ministerio TIC (poco cambió de eso para la CRC).
En México ese consenso internacional se está derrumbando. Argumentando esencialmente temas de corrupción y con un claro interés de reasignar presupuesto, ese país dejará de tener autoridades sectoriales independientes (TIC, energía, transparencia, protección de datos, etcétera), siete entidades de este tipo perderán su autonomía pasando al ejecutivo.
Las amplias mayorías del partido de gobierno en el Congreso mexicano garantiza que la reforma va a pasar, si bien no ha cambiado mucho la posición del gobierno. Un ejemplo de cambio es que la absorción de la autoridad de energía y la del sector TIC por los correspondientes ministerios ya no tendrá lugar porque advirtieron que va contra compromisos en tratados internacionales ya firmados. Hablan ahora de la creación de una autoridad de competencia que agrupará estas entidades y que priorizará la lucha contra los monopolios. La presidenta sostiene que el compromiso es por autonomía técnica, no financiera, sin embargo la pregunta es: ¿Cómo evitará que se comprometa la autonomía técnica si hay dependencia financiera?
De otra parte, sobre el INAI: inicialmente dijeron que desaparecería, sus funciones se distribuían a través de la estructura del gobierno, ahora se habla de trasladarlo a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Muchas son las preocupaciones que despierta su desmantelamiento, se oyen manifestaciones de apoyo incluyendo campañas en redes sociales (#INAImeSIRVE) para visibilizar su impacto en las personas. Entre las voces individuales está por ejemplo la de la profesora Grisel Salazar de la Universidad IBERO, ella resalta el rol que la entidad ha tenido para periodistas y sociedad civil, es esceptica sobre lo que la secretaría anticorrupción pueda hacer por lo que anticipa un panorama desolador.
INAI además del tema de transparencia se ocupa del de protección de datos -en un diseño institucional que existe en otros países como Argentina y es diferente al colombiano, donde solo tenemos autoridad en materia de protección de datos-. Me llama la atención que la mayoría de la información mediática se refiere a afectaciones en temas de transparencia, son pocas las menciones a afectaciones en temas de protección de datos, que sin embargo es importantísimo.
Sobre esto último mencionaré los cuestionamientos que tiene la carta de las relatoras de libertad de expresión y privacidad de la ONU. En la carta se solicita que no se adelante esta reforma, indican que “a través de su actividad, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad. [La entidad] es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos y garantizar la aplicación efectiva de las leyes de protección de datos”. A eso agregaría que hay otro efecto nocivo: México dejará de ser un lugar seguro para la transferencia de datos en términos de los tratados internacionales y con ello se complicará casi cualquier actividad por internet.
En una sociedad en creciente datificación, la tendencia internacional es fortalecer a las autoridades de protección de datos. De hecho las tendencias regulatorias actuales en casi cualquier tema (electoral, inteligencia artificial, inteligencia de estado, laboral, etcétera) implican usualmente una discusión sobre cómo se debe involucrar a la autoridad correspondiente. Sorprende que usando la aplanadora política en México se vaya en contravía de esta tendencia.
En términos de la estructura de un Estado moderno, inscrito en los valores del Estado de derecho, la desaparición de una autoridad independiente es una mala noticia, la desaparición de siete es por tanto un pésimo precedente que espero no se propague. Las autoridades independientes u organismos autónomos como se les llama en los medios mexicanos, tienen como propósito principal controlar la actividad del sector del que se ocupan y, especialmente, hacer seguimiento a los poderes del gobierno. Las discusiones sobre capacidades, recursos, funciones, presupuesto, forma de nombramiento, alcance, etcétera, son objeto de permanente discusión y tensión con los gobiernos de turno pero el camino elegido por México es realmente sorprendente.
