Duque pide más impuestos para dar continuidad al programa Ingreso Solidario y así paliar los efectos económicos de la pandemia. Usemos esta petición para problematizar ese programa en la agenda pública y para hablar de la necesidad de que no se extienda en el tiempo con las lógicas de la emergencia. El gobierno debe presentar la información del diseño de Ingreso Solidario, debe someterlo a escrutinio público y tiene que crear mecanismos para garantizar los derechos de las personas que pueden estar siendo injustamente excluidas.
Ingreso Solidario es el programa del Departamento Nacional de Planeación (DPN) que nació en medio de la crisis social y económica provocada por la Covid-19. En tan solo dos semanas, el DNP montó un sistema de transferencias no condicionadas para 3 millones de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad que no estaban recibiendo otras transferencias del Estado. Para lograr eso, el Estado “buscó” a estas personas cruzando muy diversas bases de datos y desde Karisma, donde trabajo, le hemos estado siguiendo la pista.
Buscar a las personas pobres para repartirles los escasos recursos que el Estado tiene para ese propósito, no es nuevo. En Colombia, se hace desde los noventa a través del Sisbén y otros programas de transferencias, lo nuevo es cómo Ingreso Solidario lo hace. Aunque hay mucho para criticar y varios problemas en el Sisbén, “la búsqueda” se hace en el territorio, con encuestas y usando los recursos humanos presentes allí -incluso para escuchar a las personas beneficiarias y sus problemas con el programa-. Todas las personas que se registran en Sisbén reciben un puntaje y, de acuerdo con este, clasifican y acceden a los programas sociales.
Para atender el desafío de la pandemia, el DNP hizo un experimento que cambió eso. Con Ingreso Solidario, el DNP construyó una base maestra cruzando la mayor cantidad de datos posibles con el fin de “encontrar” a las personas que “necesitaban” pero que no estaban recibiendo dineros de programas sociales. Mezclaron bases de datos de todo tipo y con muy diversos propósitos. Ya no se busca a las personas en los sitios donde están las poblaciones vulnerables, se les encuentra en los datos que dejamos en nuestra interacción con el Estado.
Algo que, en gracia de discusión, podemos aceptar en una emergencia por el afán para intervenir y por las restricciones de buscar territorialmente a las personas en una pandemia, debería estar acompañado por programas sociales que lleguen rápidamente a las personas vulnerables. Se requieren mecanismos de participación en el diseño, transparencia y de respeto al debido proceso para las personas que se sienten indebidamente excluidas. Esto no pasó a pesar de que es un programa susceptible a errores. En Colombia hay 17 millones de familias en situación de vulnerabilidad, sin embargo, el DNP analizó los datos de solo 8,7 millones, los “depuró” y llegó a que para el Ingreso Solidario son 3 millones de familias las beneficiarias. Los parámetros y justificaciones de estas decisiones no son públicas y, es fácil concluir que hay errores, pues el proceso mostró que las bases de datos del Estado tienen problemas de calidad.
A un año de su despliegue, con una crisis que no se va, se debe evaluar el experimento, recordando las alertas de derechos humanos en torno a ensayos con los datos de las personas pobres, además de preguntarnos si están todas las familias que deberían estar en Ingreso Solidario. Es decir, a medida que Duque convierte en permanente el programa, va siendo hora de que también presente la discusión pública sobre los datos utilizados para determinar quiénes deben ser las familias/personas elegibles para la redistribución social durante la crisis. Es necesario establecer también quiénes pueden estar quedando por fuera, cómo afecta sus vidas y cuáles son las alternativas que se les ofrece.
Así llegamos a otra diferencia entre el Ingreso Solidario y Sisbén. Mientras el Sisbén que conocíamos permite a las personas solicitar ser incluidas, pedir una reclasificación cuando cambia su situación y aplicar a un programa social -pues conoce su puntaje y sabe el que exige el programa-; en Ingreso Solidario las personas pierden completamente su autonomía. En Ingreso Solidario, el DNP es el que elige a las familias beneficiarias, las personas no pueden pedir ser incluidas, tampoco pueden pedir que se revise la razón de su exclusión (por aparecer recibiendo beneficios de otro programa aunque no sea así, por ejemplo).
El uso de la tecnología de esta forma evita la discusión política sobre quiénes son las personas beneficiarias de los escasos recursos del Estado, erige a los funcionarios públicos como poderosos infalibles que enfrentan a las personas que protestan y cuestiona el programa con argumentos como que son “manipuladas” o “quieren saltarse la fila”. Además, deja una falsa sensación de éxito que servirá de antecedente al uso entusiasta de la tecnología en este campo a futuro, como el que vemos en el Sisbén 4.
El caso de Ingreso Solidario es otro ejemplo de cómo a medida que la tecnología entra a determinar derechos en procesos que solían responder a mecanismos de gobernanza pública -dependían de marcos jurídicos donde se discute el interés público y se tiene como objetivo la justicia social-, ésta pasa a formas de gobernanza privadas (otras formas) que dependen de lógicas donde, además, el derecho se determina por una tecnología que no es transparente para cualquier persona. Algo que Lawrence Lessig describió hace 20 años como “El Código es la Ley”.
