Resulta interesante ver cómo el tema de intermediarios de Internet, desde diferentes ópticas, está siendo central en la agenda de la sociedad civil.
Esto se evidencia mientras termina en Filipinas el RightsCon, un evento de derechos digitales que reúne a diferentes actores conectados por la tecnología digital y surgen iniciativas globales en esa relación.
En primer lugar, después de meses de trabajo, decenas de organizaciones de la sociedad civil firmaron los “Principios de Manila sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet”. Se trata de un documento que recoge principios jurídicos internacionales de derechos humanos para plantear los mínimos que deben considerarse a la hora de regular la responsabilidad de los intermediarios (las empresas que nos dan acceso a Internet, los buscadores, los que ofrecen alojamiento a nuestros contenidos, y un largo etcétera). Se parte de la base de reconocer el rol fundamental que los intermediarios tienen en facilitarnos o limitarnos el ejercicio de derechos en el entorno digital y, por tanto, la necesidad de ser muy cuidadosos a la hora de plantearles funciones de bloqueo y filtrado de contenidos o de retención de datos, de cancelación de cuentas o de monitoreos. El documento será especialmente interesante en cuanto regresen las discusiones de Ley Lleras 1, por ejemplo.
Como ya les conté antes, las grandes empresas como Google, Twitter, Facebook, Vodafone, hacen anualmente un informe de transparencia para sus usuarios sobre las peticiones de información personal y los bloqueos de contenidos que los gobiernos les han hecho en cada país. El reciente informe de Facebook generó mucho debate entre las organizaciones de sociedad civil pues, aunque formalmente cumple con informar a los usuarios, lo que cuenta no consigue ser lo suficientemente pertinente como para que sea útil en la defensa de los derechos humanos, particularmente en países que tienen problemas en el respeto al debido proceso. Aprovechando el RightsCon, se gestó una declaración que ya ha sido firmada por decenas de organizaciones de la sociedad civil para promover que más empresas hagan informes de transparencia, pero sobre todo para pedir que las que los hacen los amplíen de modo que sean verdaderas herramientas en la defensa de los derechos humanos.
