Una de las decisiones del nuevo gobierno que más debate ha generado esta semana es la de eliminar la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría). La idea es sustituirla esencialmente por una fiscalía anticorrupción. Más allá de los apoyos y resistencias, de llevarse a cabo esta propuesta desaparecerá también el ente regulador que tiene facultades para proteger los datos personales que estén en poder de los organismos públicos. Esto abre una posibilidad de revisar el vacío que tenemos en ese campo.
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