La protección de sus datos es importante para nosotros

Así empiezan correos de entidades que tienen nuestros datos personales e informan que tenemos 30 días para pedir que los borren o seguirán usándolos.

La Ley de Habeas Data y la Corte Constitucional, en varios fallos, exigen que las autorizaciones sean “expresas, específicas, libres, previas y suficientes”. Sin embargo respecto de datos ya acopiados el decreto reglamentario permite que la autorización opere, después de avisos masivos, con el silencio (ni expresa, ni específica, ni nada). Algo así como "a futuro tendrán que cumplir pero por ahora no se preocupen".

La decisión de flexibilizar y dinamizar el acopio y manejo de datos se justifica por costos y facilidad para el funcionamiento de actividades en Internet. Sin embargo, como el margen entre el uso legítimo y el intrusivo, respecto de nuestros datos, es débil y, como tampoco se puede comparar la posición de poder efectivo que tienen entidades que custodian datos con la de individuos, las garantías legales a los derechos fundamentales deben considerarse especialmente.

Ante las demandas que se avecinan la Corte debería declarar inconstitucional el régimen transicional. Por complicado que parezca el modelo puede ser “la protección de sus datos es importante para nosotros, tiene 30 días para autorizarnos o los borraremos”, además informar cuáles datos tienen y para qué los usan. Lo que deben hacer a futuro deben hacerlo también para el pasado (seguramente habrá excepciones pero no puede ser la regla).

Conocer y saber que podemos controlar que otro tenga nuestros datos es importante para equilibrar posibles intrusiones indebidas. Es improbable que tales garantías eviten que sigamos entregando datos a cambio de puntos para redimir por ollas, pero va quedando claro que los datos son de interés de Estados (con Snowden se demostró) y privados (son moneda de cambio de nuestra actividad en Internet). La obligación de contarnos para qué los usan irá generando conciencia sobre la importancia de protegerlos.

También me preocupa que los correos sean esencialmente del sector privado (¿qué pasa con el público? ellos también están obligados). Otro tema injustificable es que el decreto deje las disposiciones sobre seguridad a la SIC sin dar parámetro alguno.