La reforma a la cultura nacería desactualizada sin el entorno digital

Se discutirá en el Congreso un proyecto de reforma a la Ley General de Cultura con propuestas interesantes, pero un vacío imperdonable para 2024: no incorpora una aproximación a la tecnología digital e internet. El Congreso deberá abordar este desafío.

En ese sentido fue que la Fundación Karisma, a la que estoy vinculada, presentó sus comentarios. Se debe resaltar que el proyecto parte de una visión de ejercicio de derechos culturales en donde el acceso a la cultura para la ciudadanía juega un rol importante, su mirada va más allá de las industrias culturales -habla de saberes ancestrales, por ejemplo-, se atreve a buscar nuevas fuentes de financiación y extiende la ley del actor a otros sectores. Sin embargo, está cojo sin tecnología digital ni internet.

El proyecto podría crear una instancia de diálogo intersectorial con quienes se encargan de políticas de cultura, tecnología y derechos de autor para enfrentar esos desafíos en lugar de esconderlos. Es decir, hablar y tomar medidas para la protección de la diversidad cultural, de los mecanismos de intercambio de bienes y servicios culturales, de la remuneración justa de los y las creadoras, de las excepciones y limitaciones para bibliotecas, archivos y museos, los retos de la inteligencia artificial, y de la libertad de expresión artística en internet. No menos importante, en medio del furor legislativo por regular la inteligencia artificial, una instancia así puede liderar diálogos nacionales sobre los retos relacionados con esta tecnología en materia de plataformas y preparar las necesarias discusiones sobre regulación de plataformas en temas como la moderación de contenidos, la transparencia de los algoritmos de recomendación o la transformación de la dinámica laboral.

Dado que esta ley se plantea desde una mirada de derechos culturales, debería ser clara y expresa sobre su compromiso con ellos y sobre la forma en que cumplirá las obligaciones de acuerdos internacionales. En la práctica, eso supone, por ejemplo, orientar la implementación del artículo 16 de la Convención de Unesco (ratificada por Colombia en 2013) que busca facilitar intercambios culturales entre países desarrollados y en desarrollo, mediante un trato diferencial para quienes provienen de países en desarrollo. En la práctica internacionalmente lo que se pide es transparencia en las negociaciones internacionales y una coordinación entre autoridades de cultura y comercio. ¿Puede esta ley asignar responsables para que la coordinación suceda y haya responsables de movilizar ese beneficio?

Otra apuesta, muy en línea con el programa del actual gobierno, sería la revisión de los acuerdos comerciales para analizar su impacto sectorial. El propósito sería crear una medida de excepción cultural para la soberanía cultural en entornos físicos, pero también digitales: algo como lo que hizo Canadá.

Por otra parte, el proyecto propone una reforma al derecho de autor consistente en un mecanismo de remuneración general y obligatorio para creadores y creadoras que será administrado por gestoras colectivas. La discusión sobre remuneración justa la impulsan los países de la región en la OMPI, basados en la asimetría entre las grandes ganancias que plataformas y agentes más grandes de la industria musical perciben por la circulación de la música en entornos digitales y las injustas condiciones para quienes hacen estos contenidos, es decir artistas y creadores.

Mientras avanza la propuesta en la OMPI, esto se discute en los congresos de Chile, Uruguay y Brasil. Como analizamos en su momento desde la Alianza para el Acceso Justo al Conocimiento en América Latina, las propuestas de remuneración obligatoria por actos de puesta a disposición en internet suelen ser medidas tan amplias que desconocen las licencias libres, las plataformas educativas y los repositorios digitales: ponen en peligro Internet.

Una medida de remuneración impacta otros derechos, para que esté acorde con el test de necesidad y proporcionalidad debe describirse legalmente en forma detallada y clara el mecanismo y su alcance, tener en cuenta el interés público y las particularidades del contexto -usualmente eso significa evitar el ser obligatorio, por ejemplo-, balancear los diferentes derechos en juego e incluir medidas de transparencia y rendición de cuentas en los contratos que acompañen y consoliden el sistema de reparto con el fin de evitar las asimetrías de poder e información que causan la pérdida de capacidad de negociación de las personas autoras y artistas. El mecanismo que contempla este proyecto es insuficiente para cumplir con los estándares internacionales.

Finalmente, cualquier propuesta de reforma al derecho de autor debe analizar también las necesidades en materia de excepciones y limitaciones para fortalecer el acceso al conocimiento y la cultura -éstos son los mecanismos necesarios para el ejercicio de las funciones de bibliotecas, archivos y museos en el entorno digital-. En estricto sentido, esta propuesta debería hacerse después de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Ministerio del Interior hubieran realizado la audiencia de la ley 815 de 2018 para incorporar sus resultados. Veremos cómo avanza, les contaré.