Libertad de expresión y la industria de las telecomunicaciones

David Kaye, el relator de la ONU de libertad de expresión, presentó al Consejo de DD. HH. su informe de 2017 sobre internet. Se mantiene la línea de ese organismo al resaltar que internet es un medio que facilita el ejercicio de DD. HH. y ofrece recomendaciones para empresas y Estados.

Este informe, Libertad de expresión y la industria del acceso a Internet y las telecomunicaciones, advierte, por ejemplo, que hay conexión entre la libertad de expresión y la intimidad de las personas. Por eso, deben evitarse las leyes y políticas sobre peticiones exageradas de datos de las personas y los requerimientos de retención de datos por terceros. Como ya sabemos, estos pueden tener efectos a corto y mediano plazo sobre la libre expresión.

Pensando en retos futuros, Kaye indica que la intersección entre el comportamiento del Estado y los roles corporativos en la era digital todavía es novedad en muchos países. Propone que se desarrollen políticas y planes nacionales sobre negocios y derechos humanos. El consejo le serviría a Colombia para ir más allá de industrias extractivistas —como la minería— y abordar esta problemática con el sector que ofrece acceso digital; para ayudarles a identificar y a enfrentar los impactos que ellos también tienen para los derechos humanos de las personas.

Entre las recomendaciones para las empresas, resaltó el llamado para hacer compromisos por el respeto a los derechos humanos que debe llevarlos a comprometerse con el principio de debida diligencia, con el diseño de sus negocios y con las opciones de ingeniería orientadas a los derechos, con estrategias de prevención o mitigación de los riesgos para los derechos humanos, con la transparencia y con remedios eficaces.

El informe da un espaldarazo importante a iniciativas de la sociedad civil como la de ¿Dónde están mis datos? (proyecto de Karisma, donde trabajo). Invita a las empresas a revelar sus políticas y acciones en función de la libertad de expresión y, especialmente, a ser transparentes sobre sus políticas de retención y uso de datos, sobre prácticas de gestión de redes y sobre tecnologías de filtrado e interceptación de redes.

David Kaye, el relator de la ONU de libertad de expresión, presentó al Consejo de DD. HH. su informe de 2017 sobre internet. Se mantiene la línea de ese organismo al resaltar que internet es un medio que facilita el ejercicio de DD. HH. y ofrece recomendaciones para empresas y Estados.

Este informe, Libertad de expresión y la industria del acceso a Internet y las telecomunicaciones, advierte, por ejemplo, que hay conexión entre la libertad de expresión y la intimidad de las personas. Por eso, deben evitarse las leyes y políticas sobre peticiones exageradas de datos de las personas y los requerimientos de retención de datos por terceros. Como ya sabemos, estos pueden tener efectos a corto y mediano plazo sobre la libre expresión.

Pensando en retos futuros, Kaye indica que la intersección entre el comportamiento del Estado y los roles corporativos en la era digital todavía es novedad en muchos países. Propone que se desarrollen políticas y planes nacionales sobre negocios y derechos humanos. El consejo le serviría a Colombia para ir más allá de industrias extractivistas —como la minería— y abordar esta problemática con el sector que ofrece acceso digital; para ayudarles a identificar y a enfrentar los impactos que ellos también tienen para los derechos humanos de las personas.

Entre las recomendaciones para las empresas, resaltó el llamado para hacer compromisos por el respeto a los derechos humanos que debe llevarlos a comprometerse con el principio de debida diligencia, con el diseño de sus negocios y con las opciones de ingeniería orientadas a los derechos, con estrategias de prevención o mitigación de los riesgos para los derechos humanos, con la transparencia y con remedios eficaces.

El informe da un espaldarazo importante a iniciativas de la sociedad civil como la de ¿Dónde están mis datos? (proyecto de Karisma, donde trabajo). Invita a las empresas a revelar sus políticas y acciones en función de la libertad de expresión y, especialmente, a ser transparentes sobre sus políticas de retención y uso de datos, sobre prácticas de gestión de redes y sobre tecnologías de filtrado e interceptación de redes.