Es la irracional disyuntiva que pareciera plantear EE. UU. a Colombia. La propiedad intelectual no es un problema exclusivamente comercial, está conectada con los derechos humanos y sobre todo con el acceso al conocimiento y a medicinas.
Si duda de la conexión, vea las cartas que la embajada de Colombia en EE. UU. le mandó a Cancillería y a Minsalud. El funcionario considera que si se otorgan licencias obligatorias, podría darse que EE. UU. reconsiderará su apoyo al proceso de paz y a nuestra adhesión al TPP (un polémico tratado negociado en secreto por una decena de países que nuestro gobierno no ve la hora de adherir; frenarlo es lo único positivo acá). Esa interpretación les sirve a las farmacéuticas pues de mantenerse siguen ganando y presionan, como sucede con el informe 301 (donde la USTR cuestiona la posición de MinSalud sobre el tema).
Otorgar licencias obligatorias para medicamentos genéricos es legal (aparece en el tratado ADPIC), permite a los Estados superar barreras para el acceso a medicamentos (el precio se sabe que es la principal). Sin embargo, la cruzada para evitar su despliegue es monumental. Siendo legales desde 1994 su aplicación es irrisoria frente al número de patentes concedidas; en Colombia no se ha emitido ni la primera.
MinSalud lleva meses avanzando para implementar esa herramienta legal poco usada internacionalmente para facilitar el acceso de los pacientes con leucemia a Imatinib, medicamento patentado por Novartis considerado esencial por la OMS, y para proteger la sostenibilidad financiera del sistema de salud. A los obstáculos que se han superado se agrega el inesperado y bajo argumento de la patente o la paz, que busca poner al Gobierno contra la pared. #YoApoyoMinSalud debe ser tendencia para defender el proceso que ha liderado y evitar que se impongan otros intereses.
Debemos insistir en la conexión entre interés público y propiedad intelectual, y en la necesidad de fortalecer los mecanismos que los conectan y priorizan al primero. Otra cosa, debe abrirse la discusión sobre el TPP y sobre por qué por interés público no debemos adherirlo: limita la autonomía en temas de política pública horadando procesos democráticos, permite demandas de multinacionales contra Estados para proteger su inversión, etcétera.
