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8 Jan 2022 - 5:00 a. m.

Lo que cocinó la Registraduría para año nuevo

El 30 de diciembre, mientras preparábamos el menú de medianoche del 31 para recibir el 2022, nos enteramos de que -después de un proceso express-, la Registraduría (RNEC) firmó el contrato para el software de escrutinio nacional de las próximas elecciones. Aunque son muchas las suspicacias por temas de corrupción, hablemos de la decepción por la oportunidad perdida de participación ciudadana y de las muchas preguntas que deja en materia de transparencia.

El seguimiento minuto a minuto que vemos el día de elecciones, a partir del momento que las urnas se cierran, es el resultado de un proceso que en Colombia se llama “el preconteo”. El preconteo permite que nos vayamos a dormir tranquilos con la lista de “ganadores”. Sin embargo, no es el que define las elecciones. Eso depende del escrutinio.

El escrutinio es el procedimiento oficial –que genera efectos jurídicos– de contabilizar y totalizar los votos. Es un proceso extenso y complejo que involucra varias instancias concatenadas: primero, comisiones escrutadoras de orden zonal, a las que le siguen las del orden municipal, luego las departamentales y, finalmente, la nacional. Entre todas suman unas 2.000 comisiones en todo el país. El escrutinio empieza también con el cierre de las urnas, pero dura semanas o meses, según la complejidad de la elección –es más fácil contar las presidenciales que las de Congreso, por ejemplo–.

Cada comisión escrutadora utiliza un software de escrutinio. La secretaría de la comisión consigna los resultados y la minucia del proceso (reclamaciones, reconteos, etc.) en documentos oficiales que produce el software. Así, los resultados se reflejan en el acta general y en los formularios E24 y E26, que, cerrado el proceso, se envían a la comisión correspondiente en el siguiente nivel (por ejemplo, los datos de las mesas zonales pasan al escrutinio que se hará en el nivel municipal, y así sucesivamente).

Hasta ahora, el software y la logística necesaria para su uso: computadores, incluyendo servidores con sus bases de datos, escáneres, proyectores y demás equipos, además de la conectividad y el personal –tanto del proceso de preconteo como del de divulgación y del de escrutinio–, se contratan con la empresa seleccionada. Por eso, desde Karisma donde trabajo, hemos dicho que, hasta ahora, las elecciones en Colombia están privatizadas.

Siendo conscientes de los riesgos de este escenario, hemos pedido que, como mínimo, el Estado sea el dueño del software y lo opere, para que así se ofrezcan garantías básicas. De hecho, la sentencia del Consejo de Estado de 2018 –en la cual se le devolvieron tres curules al partido MIRA– obliga a que así sea.

Haciendo seguimiento a lo que será el proceso electoral de 2022, hace unos meses vimos que la RNEC contrató nuevamente una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para las elecciones. El contrato SA06/2021 se refiere a la solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para todo el proceso electoral –incluyendo por ejemplo la inscripción de cédulas y de candidatos, el preconteo, la divulgación y los escrutinios–, pero no menciona lo relacionado con el software de escrutinios del orden nacional.

En este punto hay que señalar que, legalmente, el escrutinio no es competencia de la RNEC sino del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, tradicionalmente los fondos de todo el proceso electoral los administra la RNEC, y es ella la que se encarga de la contratación. ¿Será esto lo que explica que este año separaron la fase de escrutinio nacional del resto? No lo sabemos, y tampoco tiene sentido. ¿Por qué solo el escrutinio nacional y no todo?

En todo caso el contrato firmado por la RNEC la semana pasada, después de un proceso que no duró ni siquiera un mes, fue precisamente el del software para el escrutinio nacional. De este contrato en concreto rescato que se está adquiriendo el software de escrutinio nacional para el Estado. Pero no canten victoria: el diablo está en los detalles.

La principal crítica a estos procesos contractuales sigue siendo que sirven para que la RNEC diseñe unilateralmente las elecciones en el país. No hay consultas, no hay procesos abiertos a comentarios. Se contrata de afán. El contrato de fin de año también fue así. En este caso fue declarado primero desierto y, posteriormente, entregado en unos días a una empresa vieja conocida de la RNEC (los españoles INDRA) sin explicar por qué solo para lo nacional, o cuál es el rol del CNE.

Les dejo tres preocupaciones adicionales y varias preguntas:

Primera: el primer contrato para el software de escrutinios –que no incluye el escrutinio nacional– tiene de positivo que, por primera vez en décadas, está vinculado con otro para la realización de una auditoría externa del proceso que incluye todas las partes del software del contrato. Sin embargo, el de fin de año solo nombra brevemente una auditoría interna que parece supervisará una universidad. Ninguno de los dos contratos se refiere a cómo desde la ciudadanía tendremos acceso a instancias de seguimiento y control.

Segunda: como en adelante tendremos dos softwares de escrutinios, serán dos softwares a los que hacer seguimiento, control y auditoría. En materia de auditoría, uno ya es complejo. ¿Por qué condenarnos a dos sistemas independientes que deberían auditarse en tiempo récord? Y es que, sin auditorías sólidas, ¿cómo se piensa que se hará control y seguimiento efectivos sobre el software?

Tengo más preguntas: ¿Se queda sin auditoría externa el software nacional de escrutinio? ¿Cómo dialogarán los dos sistemas de escrutinios? ¿Hay comunicación e interoperabilidad entre los dos sistemas? ¿Qué mecanismos de validación de información cruzadas utilizarán? ¿Cómo serán los mecanismos de control y seguimiento?

Tercera: sí, se adquiere el software para “el Estado”, pero no se crea capacidad ni en la RNEC, ni en el CNE. Es decir, aunque el software quedará en cabeza de la RNEC (para uso del CNE), la logística, los equipos y el personal que se requieren para manejarlo en los dos contratos se encarga a empresas privadas. En conclusión, seguimos en manos de terceros y sin planes de cambiar de fondo el problema.

El 2022 es un año electoral. Tendremos unas elecciones disputadas que demandarán mucho de la confianza que los electores tengan en el sistema. Estos procesos a las carreras, con poca transparencia, sin amplia participación de todas las partes interesadas, sin consultas ni tiempo para comentarios y con tantos interrogantes, no ayudan a construir confianza en el rol del Estado, sobre todo en lo que debería ser “la Registraduría del siglo XXI”.

Nota. Por cierto, tampoco ayuda para fortalecer la confianza que “la Registraduría del Siglo XXI”, que está jugada por más tecnología, tenga problemas con la página para la inscripción de cédulas a unos días del cierre del plazo para tal inscripción. La página estuvo un par de días caída y son muchas las personas que reportan inconsistencias.

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