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1 Oct 2022 - 5:00 a. m.

Los desafíos de la tecnología en el Plan Nacional de Desarrollo

En Colombia, cada nuevo gobierno tiene seis meses para tramitar la ley de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Cada cuatro años, entonces, hay un nuevo Plan, una nueva hoja de ruta para el país que define las metas y prioridades del Gobierno. Nada de esto es nuevo, pero el PND de Petro (2022-2026) plantea ser diferente, no solo en lo sustancial: también apuesta por una metodología participativa, pública y vinculante.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el que lidera ese proceso y lo hará a través de diálogos regionales vinculantes, donde el protagonismo estará en las personas víctimas y las regiones, junto con un llamado a la ciudadanía en general a ser parte y presentar las necesidades. Esta es, al menos en el papel, una gran noticia para quienes pedimos constantemente la materialización de mecanismos amplios de participación que tengan verdadero impacto.

Desplegar una metodología participativa y vinculante no deja de ser un gran desafío en un país donde en general la participación se evita ―y aunque debería normalizarse, se menciona como la forma que usa Petro para hacer que sea un mandato popular que legitime las propuestas que se convertirán en la Ley de Plan Nacional―. Es decir, ya hay personas que advierten que lo que se busca es un mecanismo para evitar que lo desbaraten en el Congreso. En todo caso ya incluso exdirectores del DNP han apoyado el proceso y han calificado positivamente la iniciativa que empieza con pie derecho.

Sea como sea, la construcción del PND 2022-2026 comenzó con mucha fuerza este mes y de manera temprana, el calendario de los diálogos que tendrán lugar en 50 sitios diferentes está abierto y es público.

En lo que va del proceso, y a juzgar por las noticias, los diálogos han sido bien recibidos y las personas realmente están participando. Sin embargo, no hay información ni cubrimiento mediático sobre el tipo de solicitudes y comentarios que se están haciendo en estos diálogos; tampoco se conocen detalles de las metodologías de participación, el proceso de sistematización de dichos espacios y de la priorización de necesidades públicas.

Algo que sí se sabe es que los diálogos involucran a todo el gabinete que los apadrina. Por ejemplo, el de Bogotá tiene como padrino al ministro de Educación, y de hecho, las universidades ―tanto públicas como privadas― se han conectado con la dinámica. No solo en lo logístico sino también en el proceso de construcción y formulación de las bases de este documento de planeación nacional.

A pesar de que ya empezaron a andar, es necesario reconocer que no hay muchas claridades sobre los ejes temáticos que desarrollará el PND. El director del DNP presentó ante el Congreso los seis ejes temáticos del nuevo PND: el ordenamiento territorial, la seguridad humana con inversiones en educación y salud, la aplicación de la seguridad alimentaria con el aumento en la producción del agro; la transformación de la matriz energética, y la reducción de las brechas de desarrollo entre los municipios. Sin embargo, en forma más general los medios hablan de tres ejes: paz total, justicia ambiental, y justicia social; que son términos más vagos y respecto de los cuales no hay definiciones concretas.

Desde afuera parece que el Congreso se está involucrando en forma temprana y desde los territorios para la recolección y movilización de propuestas. ¿Cambiará esto las dinámicas de relacionamiento de los y las congresistas con el PND?

El tener una metodología participativa aumenta las expectativas de las personas y por tanto el desafío del gobierno, que deberá poder reflejar las necesidades territoriales y sectoriales en las bases y posteriormente en la nueva ley.

En nuestro caso, pensando en que la tecnología debe estar asociada con propósitos de paz y justicia ―tanto ambiental como social―, el PND puede ser la oportunidad para concretar cambios pendientes. En primer lugar, seguro se hablará de las brechas digitales, pero deberá hacerse como una preocupación general que informe toda la actividad del Estado y el Plan debe comprometerse a que mientras existan brechas de conectividad, habilidades o conocimiento, no habrá soluciones estatales cien por ciento digitales.

Las funciones de vigilancia del Estado y por tanto la tecnología que la facilita, debe tener como foco la lucha contra la criminalidad y una visión restringida de la seguridad nacional que evite los abusos, la persecución a las personas defensoras de derechos humanos, activistas o periodistas y no para tratar a la ciudadanía como sospechosa. Esto requiere, entre otras cosas, que este gobierno se plantee como meta trabajar por marcos jurídicos garantistas, mecanismos de control y seguimiento efectivos, más transparencia y verdadero propósito de cambio frente a las prácticas que se han desarrollado en las últimas décadas en el Estado y especialmente en la fuerza pública.

Tanto en el sector público como en el privado se están creando marcos de explotación de datos de las personas ―los que se generan en nuestra interacción con las tecnologías digitales―. No basta la aproximación utilitaria, se requiere también pensar en los riesgos y retos. ¿Cómo se regula el uso de datos sensibles en el Estado? ¿Cuáles son los riesgos y garantías que se deben pensar en las transferencias de datos en entidades privadas y públicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional? Pensemos, por ejemplo, en los datos biométricos de las nuevas cédulas digitales: ¿qué marco regula su uso?

Los retos de la seguridad digital aumentan para el próximo cuatrienio. La seguridad digital es un requisito indispensable de cualquier transformación digital y debe ser una preocupación transversal. El PND debe abordarla teniendo como centro a las personas y buscando superar su preocupación militarista para explorar enfoques de género y diferenciales que garanticen que todas las personas puedan beneficiarse de la tecnología.

En materia de cultura, la tecnología digital supone una fuerza transformadora a la que la economía naranja le quedaba muy chiquita. El PND deberá abordar los retos de la circulación y acceso a los contenidos en lo digital, entre los cuales debería pensarse en ajustes y acciones pendientes en derecho de autor, análisis sobre el concepto de trabajo o la importancia de las instituciones patrimoniales frente a la digitalización. Adicionalmente, es una buena oportunidad para articular los temas de ciencia abierta.

Aunque esta no es una lista exhaustiva de temas, no puedo irme sin mencionar que el Gobierno Nacional tendrá presiones especiales para la regulación de las empresas intermediarias de internet, en especial las que se van conociendo como plataformas digitales y sobre todo en materia de moderación de contenidos. El PND deberá hablar de la importancia del espacio público digital y pensar en la necesidad de garantizar que internet siga siendo un espacio de ejercicio de derechos.

El proceso participativo del PND está abierto y la invitación, servida.

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