Alejandro Char presentó la nueva medida para combatir la extorsión, se trata de un “sistema de alta tecnología con el que la Policía de Barranquilla podrá extraer información de celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, Avantel, GPS y otros dispositivos en poco tiempo”. La noticia, repetida en distintos medios en términos similares, parece reforzar la idea de que la seguridad depende de comprar costosas soluciones tecnológicas, sin ofrecer un panorama completo.
Todo indica que lo adquirido es un UFED (Universal Forensic Extraction Device), el dispositivo insignia de la empresa israelí Cellebrite. Es una herramienta que ya existe en Colombia para la investigación criminal y que ahora el alcalde celebra porque Barranquilla quedará entre las pocas ciudades que la poseen.
El software forense es una herramienta clave en las investigaciones judiciales. No solo para autoridades de investigación penal, sino también de la defensa pública, la tiene la Defensoría del Pueblo en su laboratorio forense para fortalecer el trabajo de la defensa durante los procesos penales.
En Colombia, estas capacidades se han presentado públicamente en escenarios como Expodefensa 2023, donde han mostrado a las autoridades lo que hace. Puede desbloquear, extraer, decodificar y analizar datos de dispositivos electrónicos, recuperar información borrada, evadir medidas de seguridad como contraseñas, generar informes forenses y rastrear actividad en redes sociales.
El UFED ya ha sido utilizado en casos emblemáticos. El más reciente y mediático fue la investigación del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La herramienta permitió recuperar mensajes, fotos, audios, datos de geolocalización y notas borradas de los celulares incautados a los sospechosos.
Que las autoridades cuenten con instrumentos eficaces para combatir el crimen es positivo. Sin embargo, su capacidad profundamente invasiva exige un análisis constante sobre el contexto en que se emplean. Estas tecnologías deben estar sometidas a un marco legal garantista de derechos humanos, regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad, y contar con mecanismos de control efectivos. De lo contrario, pueden convertirse en instrumentos de abuso. Así ocurrió, por ejemplo, cuando en la Defensoría del Pueblo se denunció el posible uso indebido de la herramienta contra funcionarios sindicalizados o, como lo demostró Amnesty International, cuando UFED se usó en Serbia para investigar activistas en las protestas de 2024. Sin olvidar que, como no hay seguridad completa -ni siquiera para expertos-, en el mercado negro circulan datos sensibles por una filtración de información de Cellebrite en 2023.
En el caso de Barranquilla, podemos suponer que la adquisición se destinará a funciones judiciales de la Policía. Pero persiste un vacío crítico: en Colombia no hay regulación clara sobre el uso de estas tecnologías, ni sanciones por su mal uso.
Por otro lado, conviene reconocer que ninguna solución tecnológica, por poderosa que sea, resuelve por sí sola los problemas de seguridad. La noticia debería considerar también otros elementos como el del contexto de la contratación: estas herramientas son costosas (en España se reportó recientemente una compra similar a Cellebrite por más de dos millones de euros). Así que deberíamos preguntar: ¿por qué se eligió esta herramienta en particular?, ¿se necesitaban todas esas capacidades?, ¿qué costo implica su mantenimiento?, ¿qué tipo de capacitación acompaña su implementación?, ¿se cuenta con personal suficiente para operarla?, ¿cómo se integra en el flujo real de las investigaciones?, ¿qué otras opciones se evaluaron?
Cuando la noticia se presenta sin estas consideraciones, solo como un eco del discurso oficial, se pierde la oportunidad de formar una ciudadanía crítica y consciente. El riesgo es reforzar el mito de que la tecnología es una solución mágica a la inseguridad.
Tras la publicación de esta noticia, alguien me preguntó si en adelante en Barranquilla un patrullero podría, con solo acercar el dispositivo, obtener toda la información de un celular. La confusión es comprensible: existen equipos capaces de interceptar datos al estar cerca de un teléfono, como los de las conversaciones de SMS -que en Colombia no van cifrados- o el identificador único del dispositivo. Pero el UFED funciona de otra manera: lo venden a autoridades de investigaciones judiciales o de inteligencia, no debería estar en manos de un patrullero en la calle, requiere personal especializado para operarlo y necesita acceso físico al celular para conectarlo y extraer la información. En otras palabras, no es tan fácil como parece, pero sobre todo -repito- lo que puede ayudar a evitar su abuso es un marco legal garantista y sanciones efectivas al abuso.
Esta mirada crítica cobra especial relevancia en un año preelectoral, porque es cuando el discurso tecnosolucionista más se toma el espacio público. Las campañas -de izquierda o de derecha- ya están prometiendo “más tecnología para más seguridad”, sin reconocer los riesgos para la privacidad ni la urgencia de una regulación adecuada. Esa fórmula es atractiva y convincente, pero nos corresponde recordar que de eso tan bueno no dan tanto: necesitamos más información para tener un cuadro más completo.
