¡Matamos la producción! Y acá no pasó nada

Carolina Botero Cabrera
25 de enero de 2019 - 00:00 a. m.

Santiago Rivas es la imagen del programa más visto y premiado de la televisión pública colombiana “Los puros criollos”, y es también un crítico implacable y divertido de las reformas legales al sector TIC. Suele opinar sobre el entorno en el que se mueve, la televisión pública. Quién diría que esto fuera el detonante para despertar el debate sobre la censura que existe para que quienes estando vinculados al Gobierno participen desde su ejercicio ciudadano en procesos legislativos y para hablar de y proteger a los informantes o “whistleblowers”.

Rivas decidió criticar la ley de Modernización TIC que presentó el Gobierno de Duque al Congreso en 2018. Considera que hay elementos que perjudican a la televisión pública y ha sido vocal al respecto. Lo que para muchos de nosotros es una legítima acción ciudadana que enriquece el debate público y debería ser atendida por el Gobierno con respeto --con la premisa de que el resultado legislativo debe reflejar a la sociedad colombiana y no solo a la visión gubernamental--, fue leído por otros como la osadía de un contratista del Estado que se atrevió a patear la lonchera, que no hizo lo que todos los que reciben un pago del Estado deben hacer: ¡callar! (es decir, autocensurarse).

En diciembre, el director del sistema de medios públicos (RTVC), Juan Pablo Bieri, ordenó sacar de parrilla las repeticiones que el canal público transmitía de la serie presentada por Rivas y decidió estrenar la nueva temporada quitándole protagonismo. En su momento ni siquiera se sabía si mantendría la campaña de lanzamiento.

Ante las denuncias que señalaban que se trataba de un acto de censura al presentador, porque todo lo relacionado con esta serie ya se había hecho, había costado dinero público y estaba programado y definido con antelación --incluso al punto de que sería el programa insignia del canal público--, Bieri simplemente indicó que era una decisión gerencial y que no tenía nada que ver con la posición crítica de Rivas.

Sin embargo, el audio difundido esta semana por la FLIP y la Liga contra el silencio confirmó lo que Rivas había denunciado: se trató de una acción de censura contra él.

En el audio se escucha cómo Bieri considera que Santiago se burla del Estado. Aprueba a su interlocutor cuando dice que eso está mal porque, como la entidad es la que le da de comer, él no puede criticar las políticas públicas. Bieri justifica su decisión precisamente para no darle espacio y protagonismo al crítico. Su lógica es, si la plataforma crece, crece Rivas y, para Bieri, esto hace que “quedemos mal nosotros” porque RTVC está públicamente apoyando el proyecto de ley. En suma, la decisión --contrariamente a lo que había dicho Bieri en diciembre a todos los medios-- fue una censura a Rivas por su actividad de participación ciudadana y crítica. Está directamente relacionada con el debate por la ley de modernización TIC y es una confusión constante entre lo que es el Estado y lo que es el Gobierno. Este audio deja muy mal parado a Bieri, a la junta directiva de RTVC y al mismo Gobierno.

En redes reaccionaron exigiendo a Bieri asumir su responsabilidad y la etiqueta #RenuncieBieri se popularizó. La respuesta del funcionario fue atacar la denuncia y, justo al momento de cerrar esta columna, publicar su carta de renuncia.

En su defensa, Bieri afirmó que el audio fue obtenido fraudulentamente y violando su intimidad. Bieri citó una parte del Manual Antiespías, elaborado para la FLIP por Fundación Karisma --donde trabajo--, que incluye la “invasión a la vida privada” como una amenaza contra los periodistas, que consiste en usar la información personal (fotos, ubicación, contactos, etcétera) de periodistas que está disponible en redes sociales para coaccionar a esas personas o a sus contactos. Efectivamente, allí se dice que si esa información se obtiene de forma fraudulenta se está ante una actividad ilegal.

Sin embargo, la interpretación de Bieri es equivocada. La amenaza a la que se refiere el manual no protege conversaciones en las que un funcionario público desvela una acción que va en contra de las garantías de derechos humanos y que puede constituir delito. Acá no se trata de un aberrante ataque a la intimidad de Bieri, sino que es un caso de transparencia, de cómo un funcionario público toma decisiones para proteger el poder del que forma parte. Es por eso --porque lo que allí se dice es de interés público--, por lo que no se comete un delito al divulgarlo.

En primer lugar, aunque parece existir un dilema en el que privacidad y transparencia chocan, como he dicho en otras oportunidades, basta con verlas como las dos caras de una misma moneda. Así, el dilema se resuelve reconociendo que la intimidad es inversamente proporcional al poder y, al revés, la obligación de transparencia es directamente proporcional a ese poder. Por eso, la ciudadanía, las personas comunes y corrientes, tienen más protección de privacidad, mientras que los personajes públicos, las élites económicas y políticas y, sin duda, los funcionarios públicos tienen menos, porque su compromiso es con la transparencia.

El cargo que ostentaba Bieri lo obligaba a ser transparente. Tenía derecho a sentirse incómodo con la voz crítica que se opone a sus decisiones gerenciales y puede despreciar a Rivas. Sin embargo, sus decisiones no podían basarse en esas motivaciones y mucho menos --desde su cargo público en el que administraba nuestros impuestos debía tomar decisiones privilegiando un espacio sano de información--, usarlo para mantener el poder político del Gobierno de turno.

De otra parte, divulgar el audio que recoge una conversación privada en este caso no es ilegal. La Relatoría Especial para libertad de expresión de la OEA ha sido consistente en afirmar que “los denunciantes (whistleblowers) que siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente a sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe”. De hecho, la tendencia en el mundo es proteger a esos informantes y darles garantías legales para que puedan denunciar estos actos, pues, constituyen un control efectivo al poder público.

Lo que está pasando con Rivas/Bieri es importante para reflexionar sobre la autocensura que es común entre funcionarios públicos --y contratistas--, y que hace tanto daño a largo plazo a nuestro sistema democrático. Por eso, necesitamos más informantes que desvelen las motivaciones de estas autocensuras y debemos hacer que sean socialmente cuestionadas. Toda persona sin importar si pertenece o no al Gobierno debe poder manifestar su opinión sobre las políticas públicas libremente sin temor a la retaliación.

(Para unas reflexiones adicionales vea la versión más larga de esta columna acá).

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