Meta y la jurisdicción colombiana: un precedente en construcción

La Corte Constitucional colombiana publicó esta semana un comunicado de prensa inusual: allí no se refiere a sus decisiones, sino que hace eco del informe de cumplimiento a una tutela que fue presentada contra la empresa estadounidense Meta Inc, propietaria de Facebook e Instagram. En este informe, la compañía describe las acciones que adoptó para cumplir las órdenes de la Sentencia T-256 de 2025, en la cual la Corte concluyó que la empresa vulneró los derechos fundamentales de Esperanza Gómez al cerrar su cuenta de Instagram de manera arbitraria y sin transparencia.

El fallo de tutela, al que se refiere el informe, puede entenderse como un precedente clave en materia de redes sociales. El fallo reconoció que las plataformas digitales deben respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso, aun cuando se trate de empresas privadas. Entre los aspectos más relevantes del fallo destaco, en primer lugar, la reafirmación de la competencia de la jurisdicción colombiana, luego de años en que plataformas estadounidenses han cuestionado la intervención de tribunales extranjeros. En el plano sustantivo, la Corte criticó la opacidad y la aplicación inconsistente de las reglas de moderación de Meta, y exigió mayores niveles de transparencia, mecanismos efectivos de apelación y coherencia en sus políticas. Asimismo, introdujo una perspectiva de género, reconoció el trabajo de las personas creadoras digitales y definió las redes sociales como espacios con vocación pública, lo cual resulta significativo porque justifica cierto grado de intervención estatal sin desconocer la autonomía de las plataformas.

El informe de cumplimiento de la tutela por Meta, describe las medidas adoptadas para atender las órdenes de la Corte. En particular, reporta ajustes en sus prácticas de moderación de contenido orientados a garantizar mayor transparencia y fortalecer el debido proceso de quienes utilizan sus plataformas. La publicación del informe -tanto ante la Corte como en su centro de transparencia- constituye, en sí misma, una de las obligaciones impuestas, cuyo plazo de cumplimiento era de seis meses.

El informe puede sintetizarse en tres acciones principales.

(i) Meta creó un canal electrónico de comunicación directa con autoridades judiciales colombianas para la notificación de acciones de tutela. Esta puede ser la medida más innovadora y, en todo caso, pionera a nivel global. El canal puede interpretarse como el cierre de la discusión sobre si Meta está sometida a las jurisdicciones en las que operan sus plataformas. Aunque actualmente se limita a procesos de tutela en Colombia, es previsible que este precedente sea replicado o exigido en otros países. Sería deseable que, en el futuro, se publiquen datos sobre su uso, a fin de evaluar si efectivamente garantiza una recepción segura, trazable y oportuna de las notificaciones judiciales.

(ii) La empresa detalla el tipo de información que proporciona a las personas cuando modera contenidos. Se compromete a informar sobre los motivos de la medida adoptada, el tiempo durante el cual se conservará la cuenta o la restricción, y los mecanismos disponibles para impugnar la decisión. Estas medidas contribuyen a fortalecer el debido proceso en el entorno digital.

(iii) El tercer punto es que informa que sus normas comunitarias han sido ajustadas y centralizadas en español en un único sitio -su centro de transparencia-, incluyendo políticas sensibles como las relativas a desnudos, actividad sexual de adultos, servicios sexuales y lenguaje sexual explícito.

Con este informe, Meta no solo se somete explícitamente a la jurisdicción de la Corte, sino que también reconoce la necesidad de mejorar la transparencia, la información disponible y las garantías procedimentales. No obstante, tratándose de un caso concreto, el informe deja pendientes al menos dos aspectos relevantes: (i) la adopción de medidas para evitar discriminación, podría implementar mecanismos de medición de sesgos y correctivos verificables; y (ii) la garantía de derechos económicos, porque, aunque la Corte reconoce el impacto de estas decisiones en el sustento de las personas, Meta no incorpora ajustes específicos para cuentas de las que dependen económicamente los creadores de contenido.

Finalmente, dado que hablamos de la sentencia por un caso concreto, las medidas adoptadas no transforman de fondo el modelo de moderación de contenidos -que ha sido objeto de múltiples críticas-, sino que introducen ajustes que lo hacen más predecible y jurídicamente justificable, e incluso impugnable. Esto no es menor: puede incidir en la protección de los derechos de otras personas en el futuro. Si bien el cumplimiento material de la sentencia será más difícil de determinar, ésta representa un punto de partida que merece ser reconocido, tanto en su cumplimiento formal por parte de Meta, como en la estructuración de las acciones adoptadas para tal efecto. Con este informe, se abre una nueva etapa de influencia judicial en la gobernanza de contenidos en plataformas digitales.