Una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro ha sido defender una visión de propiedad intelectual que promueva la innovación y el desarrollo, pero de manera equilibrada, sin comprometer el ejercicio de otros derechos. Esta apuesta se ha reflejado en el papel protagónico que ha asumido Colombia en la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2024, y que seguramente volverá a evidenciarse en la reunión ministerial de esta semana en Camerún.
En las discusiones previas a la reunión ministerial de 2024, Colombia lideró un debate clave: la necesidad de revisar las reglas del Acuerdo sobre los ADPIC. La propuesta consistía en activar su artículo 71, que obliga a evaluar periódicamente su implementación. De llevarse a cabo, esta evaluación podría abrir la puerta a reformas que permitan un mayor equilibrio, garantizando espacio para políticas públicas en áreas como el acceso a medicamentos o la educación.
Aunque la iniciativa no prosperó -debido a la resistencia de países desarrollados que impidieron su inclusión en la agenda final-, dejó dos resultados importantes. Por un lado, Colombia logró articular a más de 100 países que, ante esta negativa, se comprometieron a impulsar el tema dentro de la OMC. Por otro, facilitó el terreno para la renovación de la moratoria del ADPIC sobre las reclamaciones no basadas en infracción en la reunión ministerial de ese año.
Este último punto es crucial. El artículo 64 del ADPIC permite que un país demande a otro ante la OMC no por violar una norma, sino por afectar sus expectativas comerciales. En la práctica, esto significa que un país podría ser cuestionado incluso por aplicar flexibilidades legítimas previstas en su legislación y tratados internacionales. Sin la moratoria, este mecanismo quedaría plenamente habilitado.
El caso colombiano ilustra bien el riesgo. En 2016, cuando el país buscó aplicar una licencia obligatoria para el medicamento Imatinib, enfrentó fuertes presiones internacionales, incluyendo amenazas de Estados Unidos -retiraría recursos destinados a la paz si se aprobaban licencias obligatorias para medicamentos genéricos-. Si la moratoria del artículo 64 desaparece, este tipo de tensiones podrían trasladarse directamente al sistema de solución de controversias de la OMC, legitimando disputas contra políticas públicas orientadas al interés general, con la justificación -en este ejemplo- de que su industria farmacéutica perdería ganancias económicas en el mercado colombiano.
Aunque este debate puede parecer técnico, tiene implicaciones profundas. La renovación de la moratoria, una acción que Colombia lidera, es clave para que los países en desarrollo conserven un margen mínimo de maniobra en áreas como salud, educación y acceso al conocimiento.
De cara a la ministerial de 2026, no hay señales claras de que Estados Unidos apoye su renovación. Esto resulta llamativo, especialmente si se considera que la industria digital -particularmente aquella vinculada al desarrollo de inteligencia artificial- depende en gran medida de las excepciones al derecho de autor, especialmente del “fair use” estadounidense. Estas excepciones ya están siendo objeto de disputas en tribunales de Estados Unidos y Europa, y, de expirar la moratoria, esos conflictos podrían escalar al ámbito de la OMC.
Así, Colombia llega a esta nueva ministerial sin haber logrado abrir el debate sobre la evaluación de los ADPIC, pero con la posibilidad de asegurar la continuidad de una herramienta clave: la moratoria del ADPIC sobre las reclamaciones no basadas en infracción. No será fácil. Sin embargo, su renovación podría depender, paradójicamente, del interés de la industria digital que podrían cambiar la posición de Estados Unidos, pero que parece que aún no dimensionan plenamente lo que está en juego.
En todo caso, hay que enviar buena energía a la delegación colombiana pues, de no lograrse la renovación, las consecuencias para los países en desarrollo serían significativas, especialmente en su capacidad para diseñar políticas públicas en sectores críticos como la salud y la educación.
