11 Jun 2021 - 3:30 a. m.

Molestan quienes alertan sobre actos de corrupción y violaciones a DD. HH.

Para evitar que se hunda el proyecto de ley anticorrupción (PL 341/2020), la Comisión Primera del Senado sacrificó el capítulo primero que buscaba proteger a las personas informantes, alertadoras o whistleblowers.

A pesar de que el país ha firmado múltiples compromisos internacionales que lo obligan a desarrollar esta protección y aunque los casos en los que “el que delata es el que paga” son constantes en el país, el Congreso decidió mirar para otro lado.

Las personas que delatan, denuncian, filtran información para alertar sobre irregularidades, ilícitos, hechos de corrupción, o violaciones a derechos humanos protegen el interés público, garantizan nuestro derecho a la información y suelen hacerlo a un costo personal muy alto, lo hacen porque quieren, pues nada ni nadie los protege.

Este drama tiene caras, familias e historias. Recordemos por ejemplo en materia de corrupción económica a Nicolás Ávila -quien se atrevió a contarnos que la embajadora de Colombia en Suiza usaba la chequera del Estado para pagar lujos personales- o a Jorge Enrique Pinzón -quien expuso los secretos de la corrupción detrás de Odebrecht-. En temas de derechos humanos pensemos en la suerte de Juan Carlos Díaz -el sargento que entregó a los siete soldados que violaron a una niña embera- o a Diana Díaz cuyo acoso judicial fue evitado por un escándalo mediático -ella filtró un caso de censura en el sistema de medios públicos en Colombia-. Con esta ley el país podrá decir que ahora lucha contra la corrupción, pero cambiarán todo para no cambiar nada, seguiremos sin proteger a estas personas.

El proyecto de ley, que es de iniciativa de la oficina de la Vicepresidencia, seguirá su trámite pero acéfalo. ¿Cómo podrá el Gobierno decir que cumplió con los compromisos internacionales si, en contravía de los estándares de derechos humanos de organismos internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de Estados Americanos), y de los de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la ley anticorrupción en Colombia no incluirá mecanismos de protección para estas personas? Es vergonzoso que hayan decidido seguir sin mirar atrás.

Eso sí, también toca decir que el capítulo borrado del proyecto de ley, visto desde la protección para estas personas, tampoco era para hacer fiesta. El foco era la corrupción económica mientras guardaba silencio sobre violaciones de derechos humanos. Aunque hablaba de proteger la identidad de estas personas, exigía revelar la identidad del quejoso precisamente a la contraparte -a quién el informante más le teme- cuando se iniciara un juicio. No contemplaba la posibilidad de que la información fuera entregada de forma anónima, ni se discutieron posibles incentivos o recompensas.

de la OCDE sobre las legislaciones más recientes, no revisaron las iniciativas de la sociedad civil, ni miraron en el vecindario. Por ejemplo, laPlataforma Tecnológica de Alerta de la Secretaría de la Función Pública mexicana fue lanzada en 2020 e incluso allí la sociedad civil indicó queóndicó solo la plataforma no servía, se necesita tener dónde informar y también proteger.

El capítulo era insuficiente y no cumplía con los estándares internacionales para legislaciones de este tipo, pero era un primer paso que ahora desaparece porque, según me dijeron, había resistencia incluso a la pobre protección que ofrecía. Es decir, proteger a quienes informan de irregularidades, ilegalidades o violaciones a derechos humanos se convirtió en la piedra en el zapato para sacar adelante la iniciativa legislativa. Durante la audiencia pública varias organizaciones de la sociedad civil, incluida Karisma -donde trabajo-, propusimos mejoras y resaltamos la importancia de ese primer capítulo. Nos corresponde ahora insistir en que sin este capítulo la ley anticorrupción no cumplirá sus propósitos y Colombia seguirá incumpliendo compromisos internacionales.

De este proyecto de ley, el artículo 23 era muy problemático también y fue otro que, esta vez correctamente, peluquearon en la votación. Durante la votación del martes pasado se retiró ese artículo que creaba el “Centro de Información, Análisis y Reacción Inmediata Interinstitucional de Lucha Contra la Corrupción”. Este sería un nuevo organismo público para recoger y dar acceso -de manera indiscriminada y en tiempo real- a los datos en manos del sector público y privado que permitan hacer seguimiento eficiente de los recursos públicos.

No son muchos más los detalles que la ley ofrecía sobre este nuevo centro, pues lo que hacía era dar facultades extraordinarias al presidente para regularlo. Las alertas sobre posibles impactos al derecho a la privacidad de las personas se han planteado desde múltiples actores. Para mencionar solo dos problemas, no solo se está ignorando el principio de finalidad (los datos que se recogen para un fin no debe ser usados para otro), sino que, además, las autoridades no pueden acceder libremente a los datos en manos del sector privado, esto es un tema delicado.

El retiro de una norma de este tipo es correcto, pues cuando se restringen derechos fundamentales se debe tener trámite de ley estatutaria. El ponente en todo caso indicó que el debate se reabrirá para este artículo en la discusión de la plenaria, piensa ajustarlo para que no haya resistencia. Espero que la discusión en la plenaria lleve a reafirmar que no puede hacerse así y se mantenga fuera de esta ley.

Nota. Esta semana está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita de trabajo en Colombia para analizar lo sucedido durante más de un mes del paro nacional. Desde Karisma, donde trabajo, hemos presentado a la Comisión una carta -apoyada por otras organizaciones de la sociedad civil- donde recogemos los riesgos de derechos humanos que hemos evidenciado para la protesta en el entorno digital y la que es mediada por tecnologías. Esperamos que la tecnología pueda seguir siendo una herramienta de libertad de expresión y no de represión.

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