El bloqueo de varias redes sociales en Nepal, incluyendo Facebook, X, Instagram, Signal y YouTube, fue la chispa que encendió una crisis social y política que registró casi veinte muertes. Aunque el gobierno argumentó que las plataformas no cumplieron con las regulaciones locales, parece que el bloqueo se usó principalmente como herramienta de censura. ¿Qué lecciones nos deja para los procesos regulatorios que hay alrededor del mundo?
Desde noviembre de 2023, la directiva 2080 del Ministerio TIC nepalí exigía el registro y la designación de representantes locales de plataformas. La norma no contemplaba sanciones por incumplimiento, tampoco controles para evitar su abuso y hasta hace unos días, no se había aplicado. En enero de 2025, el gobierno intentó darle rango legal presentando un proyecto de ley. Sin ley, en marzo de 2025 el Ministerio TIC usó la Directiva y dió un plazo de 30 días para hacer el registro y a finales de agosto, anunció un ultimátum de 7 días a las plataformas que aún no se registraban.
Paralelamente, entre julio y agosto, una campaña viral en redes sociales con la etiqueta #NepoKids ganó popularidad. Los jóvenes usaron inicialmente TikTok, Instagram y Reddit para contrastar la vida de lujo de algunos hijos de políticos con las dificultades económicas de la mayoría de la población. La indignación creció, y a finales de agosto #NepoKids era un símbolo de hartazgo contra el nepotismo y la corrupción. Para septiembre, por redes sociales se convocaban protestas físicas que lograban participación masiva.
En ese escenario el 4 de septiembre, cuando se cumplía el ultimátum, el gobierno expidió la orden de bloqueo para 26 redes sociales internacionales. La medida causó confusión y un amplio rechazo social, afectando también usos educativos y comunicaciones comunitarias. Principalmente estudiantes y jóvenes de menos de 30 años salieron a las calles en Katmandú y otras ciudades para protestar por las libertades digitales, pero en un descontento con raíces más profundas.
El 8 de septiembre la respuesta gubernamental escaló a represión, incluyendo el uso de armas letales. En medio del caos se cuentan 19 muertes y el incendio de edificios icónicos. Ante la presión social, en medio de la escalada de violencia y los disturbios, el 9 de septiembre se levantó el bloqueo de las redes, se anunció un comité de investigación y el primer ministro renunció.
Reconozco que ofrezco una lectura limitada de información pública, sé que la realidad es más compleja en Nepal. En todo caso, la crisis muestra que el bloqueo masivo de redes sociales, lejos de haber sido una acción legal y proporcionada, fue una herramienta represiva que vulneró el derecho de asociación, las libertades de expresión y de información. Los bloqueos masivos de redes sociales son represivos y desproporcionados, afectan el espacio público digital en el que las personas se expresan, quitan conectividad evitando que se distribuya información, provocan ansiedad y autocensura, también refuerzan sistemas de control autoritario.
La crisis en Nepal deja lecciones para los gobiernos sobre la regulación de las redes sociales. Estas regulaciones deben estar en leyes ampliamente discutidas. Hay que definir qué se considera plataforma y diferenciar entre ellas. Debe evitarse órdenes administrativas abiertas -que no establezcan causales específicas-, que no estén sujetas a controles y a mecanismos de rendición de cuentas. Las órdenes de bloqueo/registro y sus fundamentos deben ser públicas y auditables. Debe preferirse medidas dirigidas (como limitar cuentas específicas) y evitarse bloqueos generales. Deben contemplarse salvaguardas para prensa y defensores de derechos humanos. Los requisitos de que las plataformas cuenten con representantes locales deben equilibrarse con salvaguardas procesales y de derechos humanos para estas personas. Deben promoverse canales alternativos de comunicación, protegerse el cifrado, y fortalecer redes de documentación de abusos para evitar apagones informativos. Así se protege el disenso y la crítica como oportunidades para fortalecer las instituciones, no como amenazas que requieren silenciamiento con medidas desproporcionadas. Estas reflexiones servirían para aproximarnos a algunas de las disposiciones del proyecto de ley colombiano de “internet solidario” que incluye reglas de registro y sanciones que hay que revisar.
También hay reflexiones para las plataformas. Si bien la orden en Nepal fue ilegal, lo sucedido nos recuerda que las plataformas están sujetas a normas locales que a menudo ignoran, sobre todo cuando se trata de países más pequeños. La diferencia de comportamiento de las empresas según el tamaño del mercado es otro tema clave en esta discusión que merece discusión aparte.
El desafío actual consiste en resolver cómo podemos usar las redes sociales para promover derechos sin que al mismo tiempo sean las que los vulneren. Las plataformas globales están en mora de comprometerse a cumplir con las leyes locales, tendrían que reconocer que su rol más importante hoy en materia regulatoria, es participar en la creación de marcos jurídicos que protejan los derechos de las personas usuarias en todos los mercados.
