No, no hay soluciones mágicas para combatir crímenes

Carolina Botero Cabrera
01 de septiembre de 2017 - 02:00 a. m.
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Desde 2011, Mintic y CRC lideran el programa de registro de celulares para combatir el robo. El fiscal cuestionó recientemente su efectividad. La Fundación Karisma (donde trabajo) lanza su informe de investigación Un rastreador en tu bolsillo, que concuerda con él.

Mediante el registro, los operadores de telefonía móvil recogen el IMEI (identificador único de cada aparato) de los celulares reportados como robados en una lista negativa para impedir que funcionen en sus redes. Esta lista se comparte entre ellos e internacionalmente con policías y empresas del mundo con el mismo fin. Hasta acá el programa es razonable y aporta al objetivo hasta donde puede.

Sin embargo, como no nos pareció suficiente, en Colombia, además, creamos la lista positiva donde están los celulares comprados legalmente, e incluye identificación del propietario, de la SIM y del número de teléfono. Las dos listas se cruzan para establecer los autorizados a funcionar en las redes. Eso tampoco conseguía control total de las redes, así que agregaron el procedimiento de verificación, que usa los metadatos de las comunicaciones de todos nosotros para cazar IMEI falsos o duplicados y bloquearlos.

Durante más de un año analizamos y discutimos este sistema con muchas personas y organismos. Lo que sabemos hoy es que la inefectividad del sistema no justifica incrementar su alcance y, con ello, sus efectos nocivos. Pedimos que se ajusten las expectativas para modificar el programa adecuándolo a estándares internacionales de derechos humanos.

Nunca se hizo un análisis del impacto del sistema para nuestros derechos. Por ejemplo, nunca discutieron cómo los metadatos —la información sobre qué números marcamos, a qué horas, por cuánto tiempo y desde dónde, entre otros— son muy sensibles y pueden usarse para crear perfiles completos de gustos y hábitos personales. La recolección de estos datos afecta la privacidad y la libertad de expresión al punto que la Relatoría de la ONU para libertad de expresión condena su uso.

Sin embargo, como el fin justifica los medios, la pretensión de control total generó falsas expectativas sobre la infalibilidad de la tecnología para controlar el flagelo. Lo mejor sería reconocer que el registro de celulares tiene su límite como herramienta para combatir el crimen y que no vale la pena afectar nuestros derechos en nombre de un objetivo que no puede alcanzar.

 

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