¿Nos sirve la nueva política de acceso abierto de Estados Unidos?
En días pasados el gobierno de Estados Unidos cambió su política pública de acceso abierto: para 2026 toda publicación científica financiada con fondos federales (el mayor financiador del mundo de producción científica) deberá ser accesible gratis y en línea desde el momento mismo en que es publicada. Esta es una gran noticia para quienes somos activistas del acceso abierto. Sin embargo ―vaya paradoja―, puede no ser tan buena para la difusión en acceso abierto de nuestra ciencia.
Las publicaciones científicas son los artículos académicos que pasan un proceso de evaluación para su publicación en una revista indexada. La publicación hecha de esta forma sirve como una especie de sello de calidad, pues el resultado es aceptado por personas pares dentro de la comunidad científica.
El problema es que el ciclo de producción, distribución y comercialización de este conocimiento se alimenta de importantes recursos públicos que pagan los y las contribuyentes con sus impuestos y que por ese solo hecho deberían ser públicos. Es decir, quedar al alcance de cualquiera, sobre todo si consideramos que el conocimiento así creado tiene como propósito aportar al desarrollo de la humanidad. El problema es que en la realidad esas revistas son carísimas.
Aunque es de interés público que estos artículos circulen y se incremente su acceso para obtener mayor impacto, en torno a este proceso de edición y publicación se desarrolló un exitoso negocio de publicación científica controlado por importantes consorcios internacionales. Las revistas indexadas son vendidas a las bibliotecas de los centros académicos a través de suscripciones a bases de datos científicas que las agrupan y organizan. Los costos de estas suscripciones son tan altos que se adquieren no individualmente, sino por alianzas de universidades. Estos acuerdos son confidenciales y por tanto difíciles de investigar y de saber su valor, incluso comparar con otros.
El impacto de este negocio en los presupuestos universitarios fue uno de los detonantes del movimiento de acceso abierto: las bibliotecas universitarias anunciaron que no iban a poder mantener las suscripciones si el precio seguía creciendo, mostraron además lo paradójico de su situación pues el conocimiento suele nacer dentro de sus instituciones, frecuentemente financiado por fondos públicos.
El acceso abierto respondió con un marco de opciones para discutir cómo cubrir los gastos de edición de modo que las revistas no costaran para el lector, y con alternativas para que las bibliotecas pudieran gestionar los derechos de la producción institucional y así publicar el conocimiento en el correspondiente repositorio institucional. Las políticas públicas para incentivar el acceso abierto al amarrarlo al financiamiento fueron creciendo.
Aunque este negocio tiene impacto alrededor del mundo, han sido Europa y Estados Unidos quienes han ido dándole forma con sus políticas e incentivos, pero hoy me concentro en el caso de Estados Unidos.
En 2004, el Instituto Nacional de Salud (NIH por su sigla en inglés) estableció una política voluntaria de acceso abierto, que en 2008 se convirtió en un mandato con un margen para el negocio de los editores de revistas científicas: todo resultado de financiamiento del NIH debería hacerse de acceso abierto al año de su publicación. A ese tipo de plazos de retardo del acceso abierto se le conoce como embargo. En 2013 se extendió la política a toda financiación federal de investigación científica y ahora el cambio plantea un cronograma para eliminar el embargo a partir de 2026.
Quienes impulsamos el acceso abierto hablamos de que la disponibilidad inmediata en línea de estos resultados incrementará el progreso científico y su acceso equitativo. Esto va sucediendo en forma gradual, pero lo sucedido en la pandemia, cuando estos editores quitaron la barrera de pago para los artículos que se referían al nuevo virus, permitiendo acelerar la respuesta a una crisis de salud pública mundial, pudo demostrar que tenemos razón.
El camino del acceso abierto también se forma con lo que hacen estos importantes actores, las editoriales del mundo científico. Para 2013 los editores estrenaron su modelo de cobrar por el proceso de edición y publicación, que se llama cargo por procesamiento de artículos (o APC por su sigla en inglés). Este pago corresponde a los o las creadoras y con frecuencia incrementa el valor de la financiación o impacta en el presupuesto de investigación de la entidad que apoya la financiación. Cuando se paga el APC, la revista publica el artículo fuera de su modelo de suscripción o pago.
El artículo de Nature que informa de la nueva política en Estados Unidos recoge las preocupaciones de los editores ―que ya habían adelantado en 2019 ante el rumor de un posible cambio―. La política les preocupa, pero paralelamente han ido adaptando su negocio para este cambio buscando que las políticas públicas incluyan incentivos para APC. La nueva reforma no desarrolla ese incentivo propiamente, pero, sin previsiones de control tampoco soluciona el problema que las APC han creado: el crecimiento del costo sin control de los APC.
En este panorama, como dice el investigador brasilero Marcelo Yamashita, la noticia no es tan buena para la ciencia en el sur global. Nos alegra que las políticas de acceso abierto sean cada vez más relevantes. Sin embargo, el efecto de esta política puede ser que se incremente el costo de publicación en abierto en las revistas de mayor impacto, que dan más puntajes en los modelos de evaluación de nuestra región. ¿Podrían las externalidades de esta política de acceso abierto en EE.UU, dejarnos por fuera del juego a países como el nuestro?
Yamashita invita a pensar las políticas brasileñas lejos de estas lógicas de impacto cuantitativo que fortalecen industrias extranjeras. Propone que se analicen alternativas como derivar hacia incentivos no por cantidad ―como el impacto de citas― sino por calidad, o trabajar en la valoración de las revistas nacionales.
Este es un momento para pensar en Aaron Swartz, un activista del acceso abierto que fue perseguido, procesado y finalmente se quitó la vida por tratar de hacer públicos documentos que desde 2026 se publicarán como él pensaba que debería hacerse.
Finalmente, les recuerdo que en Colombia tendremos la oportunidad de mirar este tema en la reglamentación de la políticas de ciencia abierta.
En días pasados el gobierno de Estados Unidos cambió su política pública de acceso abierto: para 2026 toda publicación científica financiada con fondos federales (el mayor financiador del mundo de producción científica) deberá ser accesible gratis y en línea desde el momento mismo en que es publicada. Esta es una gran noticia para quienes somos activistas del acceso abierto. Sin embargo ―vaya paradoja―, puede no ser tan buena para la difusión en acceso abierto de nuestra ciencia.
Las publicaciones científicas son los artículos académicos que pasan un proceso de evaluación para su publicación en una revista indexada. La publicación hecha de esta forma sirve como una especie de sello de calidad, pues el resultado es aceptado por personas pares dentro de la comunidad científica.
El problema es que el ciclo de producción, distribución y comercialización de este conocimiento se alimenta de importantes recursos públicos que pagan los y las contribuyentes con sus impuestos y que por ese solo hecho deberían ser públicos. Es decir, quedar al alcance de cualquiera, sobre todo si consideramos que el conocimiento así creado tiene como propósito aportar al desarrollo de la humanidad. El problema es que en la realidad esas revistas son carísimas.
Aunque es de interés público que estos artículos circulen y se incremente su acceso para obtener mayor impacto, en torno a este proceso de edición y publicación se desarrolló un exitoso negocio de publicación científica controlado por importantes consorcios internacionales. Las revistas indexadas son vendidas a las bibliotecas de los centros académicos a través de suscripciones a bases de datos científicas que las agrupan y organizan. Los costos de estas suscripciones son tan altos que se adquieren no individualmente, sino por alianzas de universidades. Estos acuerdos son confidenciales y por tanto difíciles de investigar y de saber su valor, incluso comparar con otros.
El impacto de este negocio en los presupuestos universitarios fue uno de los detonantes del movimiento de acceso abierto: las bibliotecas universitarias anunciaron que no iban a poder mantener las suscripciones si el precio seguía creciendo, mostraron además lo paradójico de su situación pues el conocimiento suele nacer dentro de sus instituciones, frecuentemente financiado por fondos públicos.
El acceso abierto respondió con un marco de opciones para discutir cómo cubrir los gastos de edición de modo que las revistas no costaran para el lector, y con alternativas para que las bibliotecas pudieran gestionar los derechos de la producción institucional y así publicar el conocimiento en el correspondiente repositorio institucional. Las políticas públicas para incentivar el acceso abierto al amarrarlo al financiamiento fueron creciendo.
Aunque este negocio tiene impacto alrededor del mundo, han sido Europa y Estados Unidos quienes han ido dándole forma con sus políticas e incentivos, pero hoy me concentro en el caso de Estados Unidos.
En 2004, el Instituto Nacional de Salud (NIH por su sigla en inglés) estableció una política voluntaria de acceso abierto, que en 2008 se convirtió en un mandato con un margen para el negocio de los editores de revistas científicas: todo resultado de financiamiento del NIH debería hacerse de acceso abierto al año de su publicación. A ese tipo de plazos de retardo del acceso abierto se le conoce como embargo. En 2013 se extendió la política a toda financiación federal de investigación científica y ahora el cambio plantea un cronograma para eliminar el embargo a partir de 2026.
Quienes impulsamos el acceso abierto hablamos de que la disponibilidad inmediata en línea de estos resultados incrementará el progreso científico y su acceso equitativo. Esto va sucediendo en forma gradual, pero lo sucedido en la pandemia, cuando estos editores quitaron la barrera de pago para los artículos que se referían al nuevo virus, permitiendo acelerar la respuesta a una crisis de salud pública mundial, pudo demostrar que tenemos razón.
El camino del acceso abierto también se forma con lo que hacen estos importantes actores, las editoriales del mundo científico. Para 2013 los editores estrenaron su modelo de cobrar por el proceso de edición y publicación, que se llama cargo por procesamiento de artículos (o APC por su sigla en inglés). Este pago corresponde a los o las creadoras y con frecuencia incrementa el valor de la financiación o impacta en el presupuesto de investigación de la entidad que apoya la financiación. Cuando se paga el APC, la revista publica el artículo fuera de su modelo de suscripción o pago.
El artículo de Nature que informa de la nueva política en Estados Unidos recoge las preocupaciones de los editores ―que ya habían adelantado en 2019 ante el rumor de un posible cambio―. La política les preocupa, pero paralelamente han ido adaptando su negocio para este cambio buscando que las políticas públicas incluyan incentivos para APC. La nueva reforma no desarrolla ese incentivo propiamente, pero, sin previsiones de control tampoco soluciona el problema que las APC han creado: el crecimiento del costo sin control de los APC.
En este panorama, como dice el investigador brasilero Marcelo Yamashita, la noticia no es tan buena para la ciencia en el sur global. Nos alegra que las políticas de acceso abierto sean cada vez más relevantes. Sin embargo, el efecto de esta política puede ser que se incremente el costo de publicación en abierto en las revistas de mayor impacto, que dan más puntajes en los modelos de evaluación de nuestra región. ¿Podrían las externalidades de esta política de acceso abierto en EE.UU, dejarnos por fuera del juego a países como el nuestro?
Yamashita invita a pensar las políticas brasileñas lejos de estas lógicas de impacto cuantitativo que fortalecen industrias extranjeras. Propone que se analicen alternativas como derivar hacia incentivos no por cantidad ―como el impacto de citas― sino por calidad, o trabajar en la valoración de las revistas nacionales.
Este es un momento para pensar en Aaron Swartz, un activista del acceso abierto que fue perseguido, procesado y finalmente se quitó la vida por tratar de hacer públicos documentos que desde 2026 se publicarán como él pensaba que debería hacerse.
Finalmente, les recuerdo que en Colombia tendremos la oportunidad de mirar este tema en la reglamentación de la políticas de ciencia abierta.