El uso de tecnologías biométricas para identificarnos o para confirmar que somos quienes decimos ser, es parte ya de nuestra cotidianidad. La huella dactilar, el iris o nuestro rostro nos permiten entrar en oficinas y edificios, confiamos en ellas para que el voto sea único, se piden cada vez más para usar servicios bancarios y son muy frecuentes como contraseña para usar nuestro celular. Su despliegue nos obliga a saber más sobre ellas, a comprender los desafíos que enfrentan y las garantía que requieren.
La implementación de tecnologías biométricas está cada día más en las agendas de los Estados, que las implementan dentro de los procesos para que las personas ejerzan sus derechos -para votar, por ejemplo- o como parte de los instrumentos de aplicación de la ley -como obtener pruebas en casos criminales- y, por tanto, es una agenda tecnológica que debe ser analizada con una mirada de derechos humanos.
Como estos proyectos suelen presentarse con una excesiva confianza en la tecnología como respuesta mágica -para encontrar criminales en el servicio de transporte o evitar que los muertos voten- que justifica importantes gastos y con promesas de que no habrá afectaciones de los derechos humanos, deberíamos cuestionar más. La realidad es que pocas veces hay procesos de veeduría ciudadana y cuando los hay no suele haber interés en que las instituciones recojan sus resultados. Tampoco hay mecanismos de control efectivos, ni estudios o análisis de impacto de derechos. Lo que sí se ve es que con frecuencia quedan en segundo plano las preocupaciones de derechos humanos que deberían ser centrales.
Veamos por ejemplo algunos proyectos colombianos que usan una tecnología biométrica que da mucho de qué hablar en el mundo, la del reconocimiento facial, que no ha sido protagonista en Colombia, y no precisamente porque no hayan proyectos.
En primer lugar, el reconocimiento facial no es otra cosa que un método que busca identificar o verificar nuestra identidad a partir de capturas fotográficas o en video de uno de nuestros datos más sensibles: nuestro rostro.
Desde 2015, hasta la fecha, el Estado colombiano ha gastado más de 136 mil millones de pesos para la compra y el fortalecimiento de sistemas de identificación mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial que han seguido esa ruta de manual: grandes promesas, importantes gastos y poca preparación que garantice su éxito, sin que, por otra parte, aborden las preocupaciones de derechos humanos.
Tanto el sistema multibiométrico ABIS de la Policía Nacional, que serviría para la “individualización del crimen”, como el sistema integrado de videovigilancia inteligente para Transmilenio (SIVIT), que se usaría para “reconocer los rostros de las personas con antecedentes judiciales” son ejemplos de implementación de estos proyectos. En el proyecto del SIVIT se invirtieron millonarias sumas de dinero con grandes expectativas y el principal problema práctico que tuvo su implementación fue la ausencia de una base de datos que permitiera la comparación de los rostros. En el caso del ABIS tuvo también problemas con la base de datos para comparar, pero terminaron solucionándolo conectándose con los sistemas de la Registraduría y actualmente el sistema es capaz de hacer reconocimiento facial en la investigación de delitos.
Los sistemas se contrataron sin medir el contexto y los requerimientos técnicos y por tanto hay que cuestionar la forma como se hacen los millonarios gastos, pero, es importante no quedarse con esa lectura solamente. Más allá del asunto económico, y reconociendo que persiguen interesantes propósitos, son proyectos que se ocupan de temas delicados y que exigen garantías de derechos de las personas, su implementación debe hacerse considerando ese impacto y por tanto debe responder a evaluaciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso si avanzan y se soluciona la base de datos es necesario revisar su aproximación de derechos humanos que viene siendo problematizada ya hace algún tiempo.
Más recientemente, en 2020, el Congreso reformó el Código Electoral para, entre otras cosas, dar facultades a la Registraduría Nacional de usar “todo tipo de biometría” para identificarnos y autenticarnos. Aunque la Registraduría de hecho ya tiene sistema de reconocimiento facial, el nuevo Código entregaría una autorización general sin consideraciones sobre las distancias que hay entre los diferentes tipos de biometría y cómo varias de ellas deben ser objeto de especial protección pues su despliegue puede ser restrictivo de los derechos de las personas.
Así, como el texto aprobado por el Congreso está en este momento en la Corte Constitucional para evaluación de constitucionalidad, la Corte puede reafirmar un estándar alto de protección para los datos sensibles -como lo es nuestro rostro- que debería recogerse en una ley estatutaria y responder a una estricta evaluación de necesidad y proporcionalidad. Eso dijimos en la intervención que hicimos en ese proceso desde Karisma, donde trabajo.
Recursos sobre estos casos, y otros más, es de lo que se habla en el nuevo micrositio sobre identidad digital y derechos humanos que lanzó Karisma esta semana. Creemos que cada vez más las tecnologías de biometría serán parte de nuestras vidas y por tanto deberán ser objeto de discusión y comprensión en la sociedad en general. Creemos que ofrecer información y abrir el diálogo sobre estos temas será clave para desarrollar marcos jurídicos garantes y balanceados.
