14 May 2021 - 3:00 a. m.

Para cuidar las comunicaciones en la protesta, el Gobierno es juez y parte

Estoy convencida de que el riesgo inmediato en Colombia no es el del “apagón de internet” —que usualmente tiene la forma de una orden antidemocrática del gobierno a las empresas que nos proveen este servicio—. Sin embargo, es un grave error menospreciar las percepciones de las personas que están en la calle, de aquellas que sienten que esto es un riesgo inminente y que perciben síntomas de otras interferencias. Para combatir esa sensación hay que dar información sobre la infraestructura de Internet, ¿pero cómo podría darnos tranquilidad el Gobierno cuando de él proviene la amenaza?

La polémica generada con la sugerencia de que en Colombia un “apagón de internet” era la solución para sofocar las protestas y lidiar con la desinformación del paro nacional dejó claro que acá —incluso quienes ven más riesgos que beneficios en la información que circula en redes sociales— esa solución será condenada y resistida. Si el apagón estuvo sobre la mesa de la Casa de Nariño con la posibilidad de la conmoción interior, Duque ya sabe que la condena internacional pondría al gobierno a la par con la Junta Militar golpista en Birmania, por eso la descarto.

Sin embargo, la protección a la protesta y también la necesidad de evitar la desinformación y desescalar los ánimos requiere probar si esto sucede o no. Es decir, deben investigar y sancionar. Además de garantizar que no suceda.

La semana pasada por primera vez durante un paro, las empresas y el Estado debieron salir a explicar la afectación de la infraestructura de comunicaciones en Cali la noche del 3 de mayo —afectación que sonó en redes sociales y que fue confirmada por la organización británica Netblocks—. La justificación de Movistar permitió entender en general lo sucedido, mientras obligó también al Mintic a crear un reporte diario de problemas en la infraestructura. Estos son dos logros importantes para la transparencia, pero insuficientes. Sigue la deuda, las denuncias de las personas son sobre todo por las afectaciones en los lugares donde las protestas son más fuertes y, por tanto, tienen más presencia de la fuerza pública, algo que no se puede correlacionar en el informe de Netblocks y que no está dentro del alcance de lo que las empresas necesariamente pueden identificar.

Las personas denuncian que los problemas que perciben coinciden con lo que sucede cuando se usan equipos inhibidores de señal de celulares. La fuerza pública tiene estos equipos; de hecho, los usan legítimamente en las cárceles para evitar que las personas detenidas se comuniquen libremente con el exterior. Entonces, Movistar dijo que estaba enfrentando el problema del robo de un cable que sirve a Aguablanca y reconoció que tenía complicaciones por la propia manifestación y, por otro lado, Mintic lo informó.

Es como mínimo temerario insistirle a la gente que eso que sienten es infundado. Hay ejemplos a nivel internacional de sospechas en el uso de la fuerza pública de tecnologías capaces de interferir con internet en contra de la protesta y no solo la gente tiene derecho a investigarlas, sino que los entes de control tienen que actuar.

El reporte diario del Mintic es un acto de fe en el propio gobierno, que además no incluye información técnica que permita el escrutinio público. Ante un temor similar al inicio de la pandemia, lo hicieron mejor.

El temor principal no es por los daños de la infraestructura de las empresas —aunque ayuda para evitar teorías de conspiración y permitir que la gente conozca su labor en esto—, es sobre todo la actuación del propio gobierno. La respuesta busca aclarar la parte de la interferencia que corresponde a situaciones normales de una infraestructura como esa y que las empresas tienen que lidiar -con más complejidad durante una protesta-, pero no esclarece si hubo o no una interferencia por parte de agentes estatales. Su respuesta tampoco ofrece información sobre las medidas que se están implementando para evitar que se sigan presentando limitaciones a la libertad de expresión y asociación, entre otros, por vía de las restricciones en la conectividad de Internet.

Lo que sí hace el Ministerio TIC es un énfasis en una justificación genérica asociada con “actos vandálicos”. La expresión reiterada en cada informe para explicar los problemas a los que desafortunadamente se ve expuesta la infraestructura en forma constante, se saca de ese contexto para conectarla con la protesta. Esa insistencia en este contexto es una forma de estigmatización de la protesta que este gobierno no ha ahorrado. El Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares tampoco economizan la expresión “vándalos” y “terroristas” asociada con quienes participan en las protestas y por tanto es una expresión que pueda verse aislada y es reprochable en materia de sus obligaciones frente a la protesta.

En 2011 en San Francisco se denunció que el metro (llamado BART) interrumpió la señal de celulares en los subterráneos para contener una protesta que se formaba, la autoridad del sector de comunicaciones (la FCC en EE. UU.) asumió competencia. En Tailandia en 2020 se filtró una orden del comandante de la policía para el traslado de equipos que bloquean la señal celular cerca de una protesta en Bangkok que, unido a las sospechas de las personas, obligaron a la autoridad del sector a iniciar una investigación.

Finalmente, a pesar de todas las críticas y advertencias, el gobierno Duque en su Ley TIC de 2019 se resistió a cumplir los estándares OCDE para un regulador de las comunicaciones —que debe regular no solo el sector privado, también los poderes del sector público—. Esto nos pasa cuentas hoy, tenemos un super-Mintic, mientras nuestro regulador del sector comunicaciones no tiene facultades para vigilar ni sancionar en temas de internet, tampoco competencias sobre el espectro. Intentemos algo: si lo que más temen los protestantes son las interferencias de la señal, para proteger a la protesta, pidamos que la ANE intervenga e investigue.

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