Llevamos una semana de paro nacional que arrancó contra una reforma tributaria que nació muerta, pero necesitó de muertos, violencia y de los cadáveres de jóvenes para ser enterrada en la práctica. Y, en el proceso, han revivido todos los pendientes sociales que la pandemia había postergado o avivado, en un país que hoy tiene 21 millones de personas clasificadas como pobres.
A quienes hemos visto en la calle, de lado y lado, es sobre todo a las personas jóvenes. Son ellas quienes están poniendo el cuerpo, los ojos y los muertos en una calle en donde mayoritariamente compiten las pistolas -letales y no letales- contra los celulares.
Nos informamos sobre el paro no con el monólogo diario del presidente, que hasta hace poco nos imponía desde el Palacio de Nariño. Tampoco se logra atisbar en los medios que, con contadas excepciones, están muy acomodados en leer las versiones oficiales de la información. La foto de la realidad se termina de formar en las redes sociales, incluyendo el caos de un momento caótico. Es allí en donde medios independientes, organizaciones, colectivos, influenciadores, trolles, bots y casi cualquiera -con conectividad, en un país que todavía tiene a la mitad de la población desconectada- habla y da su versión.
El reto de entender la complejidad en medio de la avalancha de información es parte del peso que hemos debido soportar estos días. Y, sin embargo, las vidas de más de 30 personas que han sido asesinadas y los cuerpos de cientos de heridos, son testigos de la desproporción cuando las pistolas se enfrentan contra los celulares.
Hasta la protesta ha sufrido su propia transformación digital por la pandemia. El estallido social ha tenido un importante desarrollo urbano, es más digital: con más gente conectada el paro se transmite en vivo a un país que tiene buena parte de su población en teletrabajo o sin trabajo. Los celulares envían constantemente imágenes de multitudes que desafían al COVID-19, hacen plantones, bailes o piquetes, pero también vemos las imágenes de la brutalidad policial, el despliegue militar y los desmanes.
Con su celular en la mano, transmisiones en vivo se han vuelto virales por denuncias con imágenes violentas contra las autoridades. Acto seguido, sus responsables reciben amenazas: con sus datos y vida expuestos en la propia red social que usaron, esas personas y sus familias son identificadas, amenazadas y atemorizadas. En una rueda de prensa el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez -con el poder de su cargo, rango y arma en la cintura- estigmatiza y deslegitima la información ciudadana porque, con una mirada generalizante y homogeneizadora, sólo las ve y desacredita como medios que difunden imágenes que desinforman e incitan a la violencia.
Con el despliegue de armas letales y no letales en la calle y los cuerpos que van quedando en el suelo, ¿por qué nos sorprende que la gente se preocupe por el libre flujo de información, que, además, sienten amenazado?
En medio del caos y de la inmediatez de la protesta, el temor a la censura estatal crece mientras los liderazgos públicos y políticos estigmatizan a quienes usan las redes. Esto se mezcla con fallas de conectividad de la infraestructura y con procesos de moderación de contenidos propios de las plataformas que son dueñas de esas redes sociales.
Entonces, así tenemos el caldo de cultivo perfecto para teorías conspirativas de todos los colores, que sólo se pueden contrarrestar con transparencia, pues la sensación de censura es difícil quitarla. En un momento de profunda desconfianza en el contrato social, se puede indagar el origen y la naturaleza de los problemas y así entender mejor lo que pasa. Pero nada de esto se puede hacer sin transparencia de todos los actores: operadores de telecomunicaciones, plataformas de internet e instituciones del Estado.
Ahora, enfoquémonos en el tema de la infraestructura de internet. Hay que reconocer que la infraestructura siempre está en problemas, requiere mantenimiento rutinario, una labor que se complica durante las manifestaciones -como parece sucedió en Cali el martes pasado. Además, las propias manifestaciones sobrecargan las redes.
Si a esto se le suman propuestas “delirantes” de terminar la protesta cortando internet -de manera ilegal e ilegítima- y funcionarios que estigmatizan la protesta y tienen acceso a equipos que pueden usar sin que existan regulaciones durante las manifestaciones -como los inhibidores de señal-, ausencia de información y transparencia, lo que tenemos es gasolina alimentando un fuego de tensiones sociales.
La Corte Constitucional ha dicho que los derechos del mundo físico deben trasladarse al entorno digital y los relatores de libertad de expresión de organismos internacionales han insistido en que el corte o interferencia del Estado en internet durante protestas va en contra de la libertad de expresión y el libre flujo de información. Entonces, el Estado no solo debe asegurar que no lo hará, sino que debe proveer información que permita el escrutinio público, además de demostrar activamente que cuando se despliega fuerza pública tampoco lo hace. Es decir: se necesita transparencia.
Las empresas proveedoras del servicio de internet pueden ofrecer activamente información sobre la situación de su infraestructura -incluidos los desafíos de mantenerla durante las manifestaciones-. La CRC debería ofrecer lecturas de estos datos explicando los resultados -si bien su independencia fue apaleada con la última Ley TIC, tiene atribuciones para pedir información a los operadores, garantizar pluralidad informativa y proteger a los usuarios- de modo que se permita el escrutinio público.
El Ministerio de Defensa, por su parte, debe indicar qué acciones o protocolos aplican para evitar tal tipo de interferencias allí donde la fuerza pública está desplegada. En cuanto al Ministerio TIC, además de mostrar que avanza en conectividad debe también comprometerse con el respeto de la protesta, estando atento para investigar y sancionar acciones que puedan significar cortes o interrupciones indebidas.
Del manejo que Iván Duque le dé a la desigual disputa entre pistolas y celulares no sólo depende cómo finalizará su mandato. Dependemos 45 millones de personas y por eso el llamado es a que enfrente este momento con herramientas democráticas. Si de verdad está hablando de grandeza, presidente, desescale la violencia: detenga la disputa entre pistolas y celulares, abra el diálogo con todos los sectores -sobre todo con quienes están en la calle-, busque los acuerdos e investigue todos los hechos irregulares.
