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La última frase de un trino del presidente Gustavo Petro —en el que critica la lista OFAC como instrumento de control político de Estados Unidos y aboga por una gobernanza global más democrática— es una solicitud al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para extender el sistema de pagos Pix a Colombia. El mensaje es críptico sobre lo que realmente propone, pero cabe esperar que apunte hacia una agenda de soberanía tecnológica con enfoque regional.
Pix fue un modelo pionero de pagos electrónicos en América Latina. En 2020, la mayor economía de la región transformó sus medios de pago al desplazar el uso de tarjetas y datáfonos -relativamente simples y accesibles- por una aplicación segura, trazable y gratuita, que permite operaciones inmediatas, disponibles las 24 horas, que no está atada a financiamiento -lo que además redujo la dependencia del crédito-. El banco central brasileño logró coordinar a todos los actores del sistema financiero para ofrecer este servicio instantáneo, alterando así un esquema tradicional basado en comisiones por intermediación y financiación.
Para Estados Unidos, garantizar que sus empresas y estándares dominen en mercados internacionales ha sido una prioridad en la negociación de acuerdos comerciales. En esa lógica, cualquier medida que favorezca sistemas locales suele interpretarse como una barrera comercial, susceptible de generar presiones diplomáticas o medidas correctivas, incluso en sectores como el financiero donde los propios acuerdos reconocen márgenes regulatorios nacionales.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca intensifica esta dinámica al reforzar la defensa de la industria nacional como eje de la política comercial. En este contexto, los pagos digitales se han convertido en un terreno de disputa y Pix está en el centro de esa tensión. El informe NTE 2026 del Departamento de Comercio de Estados Unidos recoge preocupaciones de empresas estadounidenses por un supuesto trato preferencial a Pix en Brasil. En términos prácticos, actores como Visa o Mastercard no solo han perdido participación en ese mercado, sino que perciben en estos modelos una amenaza estructural y lo califican de “competencia desleal”.
No es casual, entonces, que Pix figure en una investigación iniciada por Estados Unidos contra Brasil bajo la Sección 301. Este mecanismo, previsto en la Ley de Comercio de 1974, otorga amplias facultades al gobierno estadounidense para investigar y responder a lo que considera barreras al comercio, y se ha consolidado como una herramienta de presión en su política exterior.
Brasil, por su parte, ha convertido a Pix en una bandera de política pública y, frente a estas tensiones, Lula lo crece: anunció su internacionalización. Esta apuesta cobra especial relevancia en un contexto en el que el dólar pierde centralidad como mecanismo de pagos globales.
¿Y Colombia? El país ya ha avanzado en esta dirección con Bre-B, un sistema de pagos electrónicos impulsado por el Banco de la República, inspirado en Pix. Tras un intento inicial fallido basado en la voluntariedad, el mercado fue capturado por soluciones privadas como Nequi y Daviplata. La intervención del banco central corrigió esa tendencia, estableciendo estándares de interoperabilidad y obligaciones de conexión. Así, en 2025 se lanzó Bre-B, que hoy opera como un sistema integrado, gratuito y en expansión, articulando bancos y fintech.
El pronunciamiento de Petro se dio en medio de tensiones con el Banco de la República, lo que ha llevado a algunos a interpretar su mensaje como un anuncio de adopción de Pix en Colombia. Sin embargo, esa lectura parece reduccionista. Aunque no tengo información sobre lo que Petro realmente pretende, quiero leer que las referencias geopolíticas indican que más que un reemplazo, va por una apuesta por la soberanía tecnológica y financiera en clave regional.
La noción de soberanía ha ampliado su alcance. Ya no se limita a comercio o recursos, sino que abarca datos, infraestructura, inteligencia artificial, plataformas y reglas de la economía digital. Los sistemas de pago son un punto de convergencia de todas estas dimensiones, un buen ejemplo de cómo funciona en la práctica la política digital.
En ese sentido, sustituir una infraestructura pública como Bre-B sería poco estratégico. Lo relevante sería conectarla: construir una red que fortalezca la autonomía regional en un ámbito cada vez más decisivo.
Desde una perspectiva de soberanía -que, en el ámbito tecnológico, resulta más realista entender como la capacidad de gestionar dependencias-, la apuesta más sólida es articular soluciones nacionales como Pix y Bre-B en una infraestructura interoperable, con esquemas de gobernanza compartida que respondan a las prioridades de la región. Esto implica avanzar hacia sistemas federados, en lugar de centralizados, que ofrecen ventajas en aspectos críticos como la seguridad digital. Ojalá esa sea, efectivamente, la dirección que están explorando Petro y Lula.
